Defensoría lanza dura crítica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por falta de atención en crisis invernal en Arauca

En medio de la creciente crisis invernal que afecta al departamento de Arauca, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido duramente criticada por su “falta de acción” y “compromisos concretos” para atender la emergencia. En una mesa de interlocución realizada en Saravena, Arauca, la UNGRD no asistió y sus representantes presentes manifestaron no tener la capacidad para comprometer a la entidad en la atención de la situación, de acuerdo con la Defensoría.

Las inundaciones ocurridas en las últimas semanas han dejado miles de damnificados, pérdidas de viviendas, cultivos y vías en el departamento. Además, se reportó el trágico fallecimiento de un niño de cuatro años debido al desbordamiento del río Tigre en el municipio de Fortul. Ante el alto riesgo de una tragedia mayor, la Defensoría del Pueblo emitió un requerimiento urgente al director de la UNGRD para que se haga presente en Saravena y disponga de los recursos y medidas necesarios para atender la calamidad pública.

“La ineficaz e inoportuna acción de las autoridades aumenta la condición de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las zonas inundables. El llamado de la Defensoría del Pueblo es a evitar una tragedia que aumente el sufrimiento de los araucanos, quienes padecen el rigor de la violencia derivada del conflicto armado interno”, expresó la entidad por medio de un comunicado.

La Defensoría del Pueblo, a través de su delegado para la conflictividad social, Jorge Calero, y la Defensora Regional Arauca, Natalia Puerta, fue garante en el encuentro, e indicó que, ante lo que ocurre, “la protesta social en ese territorio se está ejerciendo de manera pacífica y cuenta con el acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en los diferentes puntos de concentración”.

La falta de respuesta de la UNGRD no es un caso aislado. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación debido a la ausencia de la entidad en reuniones planificadas para hacer frente a una posible emergencia humanitaria en Guainía y Vichada, donde podrían llegar cerca de 7.000 colombianos deportados o retornados por el gobierno venezolano.

La Defensoría del Pueblo destacó la importancia de una planeación adecuada, ejecución presupuestal y contratación de personal suficiente por parte de la UNGRD.

“De ninguna manera pueden invocarse fallas internas como excusa ante la falta de acciones eficaces en situaciones de emergencia que demanden su concurso”, enfatizó.

Frente al alarmante panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente a la adopción de medidas inmediatas que permitan a la UNGRD cumplir con su responsabilidad y brindar una respuesta adecuada ante las emergencias en cualquier territorio del país.

Defensoría sobre enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo solicitó a los gobiernos nacional, departamental y local que brinden atención urgente y garanticen los derechos de 357 personas pertenecientes a 102 familias que se vieron obligadas a desplazarse por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan de Golfo en el departamento de Chocó.

Las comunidades afrocolombianas afectadas por el desplazamiento son Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, ubicadas al sureste del departamento. La entidad había advertido en la Alerta Temprana 012 de 2022 sobre posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones.

“Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, que esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.

De igual forma, el funcionario reiteró “el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, y a excluir a las comunidades que habitan esta zona del departamento de Chocó de sus acciones bélicas”.

Precisamente, en respuesta a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, la Defensoría del Pueblo llevará a cabo una audiencia defensoría en Quibdó, Chocó, el próximo 23 de junio. Durante el evento, la entidad presentará un informe sobre la situación de los derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en el territorio nacional.