Hacinamiento carcelario
Defensoría logró traslado de 45 presos hacinados en Popayán; algunos permanecían esposados al piso por falta de espacio
Entretanto, la Defensoría del Pueblo alertó que el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria alcanza el 151% a nivel nacional.
La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó su primera brigada integral en el Centro de Detención Transitoria ‘Laura Valencia’ en Popayán, Cauca, con el propósito de asegurar los derechos de las personas privadas de libertad en dichos lugares a través de servicios defensoriales y actividades de asistencia integral con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que, al llegar al centro de detención transitoria, “los funcionarios de la Defensoría del Pueblo encontraron graves violaciones de los derechos humanos”, provocados por altos niveles de hacinamiento, superando el 100% debido a más de 250 personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en lo que solía ser un colegio. Más de 50 personas, incluso, permanecían esposadas en el suelo, debido a la falta de espacio en las 5 celdas con las que cuenta el centro.
Durante la brigada integral, se logró trasladar a 45 personas privadas de libertad gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo y el apoyo del director de la Cárcel San Isidro, con el compromiso de trasladar a otros 28 más en los próximos días para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
La brigada defensorial también atendió a 177 consultas médicas, 75 servicios de odontología y 89 asistencias jurídicas por parte de los defensores públicos. Además, se atendieron y tramitaron 17 quejas.
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La brigada integral fue liderada por la delegada para la Política Criminal y la Defensoría Regional Cauca, en articulación con las tres direcciones nacionales de Defensoría Pública, Atención y Trámite de Quejas y Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, y las Delegadas de Salud y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Policía Nacional, el Inpec, las EPS y la alcaldía municipal también participaron en la actividad.
El Defensor del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades municipales y departamentales, al Inpec y a la Uspec para que cumplan con sus obligaciones legales frente a esta población y garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad. La Defensoría del Pueblo continuará llevando a cabo brigadas integrales en los Centros de Detención Transitoria de todo el país.
Hacinamiento en los CDT alcanza el 151 % a nivel nacional
La muerte de una persona privada de la libertad y otras 7 heridas como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (Uppl) en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo.
Tras lo sucedido en la Uppl la semana pasada, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la Uppl.
“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151% de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.
A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.