Nación
Defensoría pide a autoridades atender emergencia tras sismo en Puerto Escondido, Córdoba; 15 familias evacuadas permanecen en un albergue
Un equipo de la Defensoría del Pueblo evaluó las afectaciones y condiciones en el albergue.
Tras los recientes movimientos sísmicos que sacudieron a Puerto Escondido, Córdoba, el pasado 24 y 29 de mayo, la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto para evaluar las condiciones y afectaciones derivadas de estos fenómenos geológicos. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que unan esfuerzos y brinden asistencia a la contingencia causada por estos eventos.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que, de forma articulada, asistan la contingencia provocada por los movimientos telúricos de los últimos días en Puerto Escondido. Invocamos la salvaguarda del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en congruencia con la protección de los derechos fundamentales a la vida, salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda digna”, pidió el defensor Camargo Assis.
Un equipo de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta el municipio de Puerto Escondido para examinar la situación. Los servidores públicos visitaron el albergue temporal ubicado en el Centro de Vida del Cerro Santacruz, donde actualmente se encuentran alojadas 15 familias que fueron obligadas a evacuar sus viviendas.
El funcionario público hizo especial énfasis en la protección de los derechos de las niñas y los niños presentes en el albergue, solicitando la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los procesos necesarios.
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“Sobre este punto en particular, hago un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que acompañe los procesos a los que haya lugar, dada la presencia de niñas y niños en el albergue”, solicitó Camargo Assis.
Con el objetivo de establecer una estrategia para abordar la emergencia, la Defensoría del Pueblo participó en el Puesto de Mando Unificado Ampliado, realizado este 31 de mayo en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Escondido, junto a diversas entidades involucradas.
En este sentido, el defensor del Pueblo exhortó a los concejos locales, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a actualizar los planes de gestión del riesgo y cumplir con los estándares de protección efectiva de los derechos de las comunidades.
Por último, la Defensoría del Pueblo enfatizó la importancia de que las autoridades municipales y departamentales realicen un censo rápido de la población potencialmente afectada, a fin de brindarles de manera oportuna la ayuda humanitaria necesaria.
De igual forma, Camargo Assis reiteró su compromiso y acompañamiento continuo a todas las comunidades afectadas.
“Insistimos en que los albergues temporales deben garantizar el bienestar de las comunidades. Reitero el compromiso y acompañamiento continuo de esta institución nacional de derechos humanos a todas las comunidades afectadas, y reitero la necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales que tiendan a la garantía efectiva de los derechos de las familias que se vieron en riesgo y tuvieron que abandonar sus viviendas”, puntualizó el defensor del Pueblo.
Defensoría se reunió con comunidades en Bolívar
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo se reunió a mediados de mayo con líderes de comunidades de los municipios de Mahates, San Cayetano y San Juan de Nepomuceno, en Bolívar, para escuchar sus quejas sobre la falta de presencia del Estado y el incumplimiento de fallos judiciales relacionados con derechos sociales.
En el asentamiento conocido como el 7 de Mayo, 98 familias manifestaron que se mantiene el incumplimiento del fallo de tutela que ordenó amparar el derecho a la vivienda digna.
La Oficina Delegada de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo se comprometió a convocar una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía municipal y la Procuraduría, para buscar soluciones que garanticen el acceso a la vivienda de estas familias.
Por su parte, la Defensoría Delegada para los Derechos de las Personas también se reunió con los presidentes de siete Juntas de Acción Comunal en el municipio de San Juan de Nepomuceno, quienes manifestaron la falta de servicios públicos domiciliarios básicos, salud, educación y vías de comunicación.
La Defensoría del Pueblo, de igual forma, se comprometió a pedirle a las entidades competentes el cumplimiento de las medidas de los planes de retorno y reubicación de algunas familias en riesgo.
