Defensoría pide a las EPS cumplir con lineamientos para prevenir desnutrición infantil

Debido a las cifras sobre desnutrición infantil, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las secretarías de Salud municipales y las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, adoptar los lineamientos previstos en la Resolución 2350 de 2020 para evitar que se sigan presentando casos de esta naturaleza en el país.

De acuerdo con ese organismo, se deben fortalecer las estrategias, programas y acciones dirigidas a la atención oportuna de las mujeres gestantes, los niños y niñas durante sus primeros años de vida, así como el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, adoptado por la norma y que permite con el fin de identificar los riesgos en la primera infancia y garantizar su desarrollo integral.

El más reciente informe de eventos para el período epidemiológico V de 2022 del Instituto Nacional de Salud, INS, durante 2022 se han notificado 137 casos de muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años.

Igualmente, en el reporte fueron relacionados 8.710 casos por desnutrición aguda y moderada en menores de 5 años, mientras que para el mismo período epidemiológico de 2021 se habían notificado 5.494 casos.

“Estas cifras ponen nuevamente de manifiesto un problema que debemos abordar con urgencia. No podemos seguir registrando más muertes de niños y niñas por enfermedades prevenibles como la desnutrición”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El funcionario señaló que “es responsabilidad de todos trabajar como familia, Estado y sociedad en el cuidado de la niñez”.

Aseguró que ese organismo ha venido haciendo seguimiento a la implementación de lo dispuesto en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la búsqueda de reducir las tasas de letalidad de los niños y niñas menores de 5 años, así como evitar prácticas asociadas al manejo inadecuado en cualquiera de las fases de atención.

“Aún muchas entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud se encuentran en mora con su cumplimiento”, indicó.

Agregó que “la articulación territorial es fundamental para la eficacia, celeridad de las acciones de coordinación y gestión con los diferentes sectores que tienen a su cargo atenciones de promoción, prevención y complementarias dirigidas a niños y niñas de 0 a 59 meses, como lo dispone la Resolución”.

Para Camargo, en muchos casos no solo se desconoce la norma, sino que incluso no se ha capacitado al personal de las EPS en los lineamientos que se deben seguir para evitar la desnutrición de los menores de edad.

“Hemos encontrado que muchas de las entidades aseguradoras de salud no conocen el contenido de la Resolución; no han adoptado acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de atención en salud; ni para la prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición en la primera infancia”, advirtió Camargo.

Insistió que esa situación genera barreras de acceso que repercuten en la identificación de casos, la atención oportuna de niños con desnutrición aguda y, por supuesto, hay poco seguimiento y acompañamiento que apoyen la recuperación a quienes padecen esta enfermedad.

Según las cifras del INS, de los 8.710 casos registrados durante 2022, el 75,5 % (6.575) corresponden a casos de desnutrición aguda y el 24,5 % (2.135) son por desnutrición severa.

El 13,9 % (1.210) de los casos corresponden a niños y niñas menores de 6 meses de edad; el 18,5 % (1.613) son casos en niños y niñas entre 6 y 12 meses, el 67,6 % (5.887) son casos en niños y niñas mayores de un año y el 3,3 % (290) son en residentes extranjeros.

El reporte también señala que los departamentos con mayor tasa de afectación por número de casos notificados por desnutrición aguda son: Vichada, en el que por cada 10.000 niños y niñas menores de 5 años que habitan el departamento se notifican 75 casos de desnutrición aguda; Guaviare, 60 casos; La Guajira, 58 casos; Guainía, 53 casos, y 41 en Bogotá.

Para la Defensoría, determinantes sociales como bajo nivel educativo, cobertura de afiliación en el sistema de salud, altos índices de embarazo adolescente, mortalidad de niños en la primera infancia, pocos controles prenatales, partos atendidos por personal calificado, evidencian brechas sociales significativas que determinan prevalencias más altas de inseguridad alimentaria.

El organismo señaló que se llega a esa conclusión se llega al analizar las cifras de las entidades territoriales frente a la tasa de afectación más alta de desnutrición.

Por esa razón, hizo un llamado a la Superintendencia de Salud para que, en el marco de sus funciones de control, inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa.

Señaló que de esta manera se puede garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que tiene mayor afectación en niños y niñas menores de cinco años.