Defensoría pide al Gobierno aumentar presupuesto para la implementación del punto 5 del acuerdo de paz, que establece reparación a víctimas

En la presentación del informe defensorial titulado ‘Hilando saberes y experiencias territoriales’, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, resaltó la importancia del documento que detalla el progreso y los retos en la implementación del enfoque de género en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz.

Camargo Assis subrayó que el informe es esencial para que las instituciones del Estado revisen y ajusten sus acciones en el territorio, asegurando una verdadera incorporación del enfoque de género. Entre las recomendaciones, destacó el aumento del presupuesto del punto 5 para garantizar su debida implementación, así como la necesidad de una cooperación articulada entre instituciones para salvaguardar los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

“Como fruto de este informe, una de nuestras recomendaciones al Gobierno nacional es que aumente el presupuesto del punto 5 para su debida implementación. Otra tiene que ver con la cooperación articulada y armónica de las instituciones para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, tal como lo argumentamos en nuestro proyecto de ley, que pasó a segundo debate en el Senado de la República”, aseguró el defensor del Pueblo.

Otra recomendación crucial hace hincapié en la respuesta coordinada para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, teniendo en cuenta enfoques de género diferencial y territorial.

“Es imperativo y primordial, como aspecto importante, que el Gobierno nacional garantice la seguridad en los territorios para la participación efectiva de las víctimas en los mecanismos del sistema de justicia transicional”, señaló.

Carlos Camargo también hizo un llamado a las instituciones encargadas de implementar la política pública en materia de víctimas para que amplíen su visión de la perspectiva de género, destacando que esta categoría no se limita a las mujeres, sino que representa la expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como de aquellos que desafían las normas sociales de género.

Además, expresó su preocupación por el lenguaje técnico-jurídico utilizado en los sistemas de justicia transicional, instando a reformular estrategias comunicativas y transformar el lenguaje para que sea comprensible para las víctimas.

“También nos preocupa profundamente el lenguaje técnico-jurídico con el cual todos los sistemas de justicia transicional se comunican con las víctimas. Ellas manifiestan que es incomprensible, por lo cual exhortamos al Sistema Integral de Reparación y Atención a las Víctimas, así como a la Justicia Especial para la Paz, a reformular sus estrategias comunicativas y transformar su lenguaje. En ese sentido, nuestra recomendación es que diseñen estrategias de capacitación y sensibilización para sus funcionarias y funcionarios, con enfoque diferencial y enfoque de derechos humanos”, añadió el defensor del Pueblo.

Camargo Assis concluyó diciendo que el trabajo conjunto entre las instituciones y las víctimas permitirá avanzar en la satisfacción de sus derechos y la trasformación de sus vidas.

Defensoría sobre el punto 4 del acuerdo de paz

El pasado mes de octubre, el defensor del Pueblo presentó el ‘Cuarto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, destacando la preocupante falta de avance en el ‘Programa para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos’, punto 4 del acuerdo de la Habana. Según el informe, es necesario redoblar esfuerzos para reactivar los componentes “rezagados” después de siete años de la implementación del acuerdo.

El documento destacó que las regiones más afectadas por la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, han registrado “menores niveles de avance” en la implementación de líneas productivas. El informe señaló que proyectos productivos de ciclo largo tienen un avance del 2 % en comparación con el universo total cercano a las 100.000 familias. Estos proyectos son cruciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria, aseguró el defensor.