Defensoría pide aplicar protocolo para prevenir discriminación y garantizar el derecho al voto de las personas trans

De cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre, en los que se elegirán a gobernantes municipales y departamentales, la Defensoría del Pueblo instó a la Registraduría Nacional y a la Policía Nacional a aplicar el ‘Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación’.

Este protocolo fue acogido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Resolución 3480 de 2020.

La Defensoría dio a conocer, mediante la Alerta Temprana 030 del 2023, los riesgos electorales para los liderazgos LGBTI. Esta alerta resalta, de acuerdo con la entidad, los aspectos diferenciados de la violencia sociopolítica dirigida hacia esta comunidad, estrechamente relacionada con su visibilidad política, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, lo que se traduce en amenazas para el ejercicio de sus derechos políticos.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la importancia de que las elecciones regionales de octubre se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, sin actos de violencia y discriminación.

“Esperamos que los comicios regionales de octubre próximo transcurran en tranquilidad, sin hechos de violencia, libres de cualquier acto de discriminación y prejuicio. Es por eso que, como entidad nacional de derechos humanos, les solicitamos a la Registraduría Nacional y la Policía fortalecer las acciones pedagógicas y de formación a jurados de votación, testigos electorales y uniformados, con el fin que sean dadas a conocer las medidas para evitar discriminación contra las personas trans”, indicó el defensor del Pueblo.

La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía, colectivos y organizaciones sociales LGBTI para que denuncien cualquier acto de discriminación o violencia relacionado con la identidad y expresión de género durante las próximas elecciones.

Carlos Camargo Assis subrayó que las personas transgénero han enfrentado múltiples vulneraciones en el ejercicio de su derecho al voto, incluyendo actos de ridiculización, comentarios ofensivos y preguntas relacionadas con su identidad de género.

“Las personas transgénero han enfrentado múltiples vulneraciones en el ejercicio de su derecho al voto relacionadas con actos de ridiculización, comentarios y expresiones denigrantes. Como si fuera poco, han tenido que enfrentarse a preguntas invasivas basadas en su construcción identitaria y la aplicación de procedimientos que vulneran la construcción de sus identidades e inclusive la restricción del voto, cuando no se ha realizado el trámite de rectificación del componente sexo en el documento de identificación. Todas estas acciones impactan de manera negativa el derecho ciudadano al voto y profundizan la discriminación y la violencia por prejuicio en razón de identidad y expresión de género”, aseguró Camargo Assis.

El defensor resaltó que este protocolo fue elaborado por el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), la corporación Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral (MOE), y fue acogido mediante resolución por el CNE con el objetivo de promover y proteger los derechos de las personas trans.

Además, la Defensoría anunció que seguirá realizando un seguimiento de los casos de violencia política dirigidos a candidaturas LGBTI, identificando la proliferación de discursos de odio en el contexto de las campañas políticas que están siendo utilizados estratégicamente para atraer a una audiencia homofóbica y transfóbica, lo que ha aumentado las dinámicas de discriminación y violencia por prejuicios.

Cabe mencionar que la Resolución 3840 de 2020 del CNE establece que la falta de concordancia entre la expresión de género de un votante y la información registrada en su documento de identificación en cuanto al nombre, sexo o fotografía no puede ser motivo para negar el derecho al voto.

Además, “los uniformados de la Policía, jurados de votación y las autoridades deben abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las personas transgénero. No se debe exigir ninguna otra prueba que sustente su identidad”, recordó la Defensoría.