Defensoría pide celeridad a la Cancillería en expedición de pasaportes: “hay quejas por las demoras en el trámite”

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante la posibilidad de que se vean afectados el “derecho a la identidad internacional” y la “libre circulación de miles de colombianos”, debido a las demoras y dificultades en la obtención de pasaportes. En un comunicado reciente, el defensor del Pueblo advirtió sobre la importancia de mantener un servicio eficiente en el Ministerio de Relaciones Exteriores para expedir estos documentos importantes.

Cada día, entre 8,000 y 10,000 solicitudes de pasaportes son presentadas tanto en las oficinas de la Cancillería en Colombia como en los diversos consulados del país, según la entidad; por eso, “una interrupción en la prestación de este servicio podría tener consecuencias graves para aquellos que dependen de él”. Además, se han reportado dificultades en la plataforma web utilizada para programar citas y avanzar en el proceso de solicitud.

La Defensoría del Pueblo ha recibido quejas de ciudadanos que han experimentado retrasos significativos en el procesamiento de sus pasaportes o que, en algunos casos, se les ha negado la oportunidad de tramitarlos. Estas situaciones, según el defensor del Pueblo, pueden afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos.

“Le solicitamos a la Cancillería celeridad en las gestiones que permitan garantizar la no interrupción en el servicio de expedición de pasaportes. Lo fundamental es garantizar que no habrá dificultades con este trámite”, enfatizó el defensor Camargo Assis.

El funcionario recordó que, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, todos los ciudadanos tienen el derecho, con las limitaciones que establezca la ley, de entrar y salir del territorio nacional. En este sentido, “las autoridades deben garantizar las acciones administrativas necesarias para permitirlo”.

En su declaración, el defensor del Pueblo subrayó que “como institución nacional de derechos humanos, esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda garantizar que los colombianos tengan acceso a su pasaporte sin contratiempos, para lograr la garantía del derecho a la identidad internacional y la libre circulación”. La atención y prontitud en la resolución de estos problemas es fundamental para asegurar la movilidad y la identidad de los ciudadanos colombianos en el ámbito internacional.

Procuraduría advierte sobre licitación para expedición de pasaportes

Por su parte, la Procuraduría General urgió al Ministerio de Relaciones Exteriores a reanudar el proceso de licitación pública para el suministro de pasaportes. Esta petición surge después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimara una acción popular que había detenido el proceso de licitación.

La audiencia pública, programada inicialmente para el 1 de agosto, se canceló debido a la presentación de una acción popular. Esta acción argumentaba que el proceso licitatorio vulneraba la protección de derechos e intereses colectivos, la moralidad administrativa, la libre competencia y el patrimonio público. Como resultado, el proceso de selección fue suspendido.

Tras el rechazo de la acción popular por parte del tribunal, la Procuraduría instó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a reanudar la licitación. Según el ente de control, no existen razones para mantener suspendido el proceso, ya que la resolución de la acción legal no encontró fundamentos suficientes para ello.

La Procuraduría advirtió sobre la posibilidad de que la demora en la reanudación del proceso licitatorio pueda generar obstáculos en la entrega de pasaportes y, en consecuencia, afectar el funcionamiento normal del servicio.

Por lo tanto, insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a avanzar con la licitación para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y la entrega oportuna de documentos de viaje a los ciudadanos.

Hasta el momento, la Cancillería no se ha pronunciado; sin embargo, no se descarta que lo haga en el transcurso de los días, ya que este es uno de los contratos más polémicos que ha tenido al ministro Álvaro Leyva en el ojo del huracán.