Nación
Defensoría pide protección para alcaldes que despachan fuera de sus municipios por amenazas del Clan del Golfo y ELN
La entidad solicita a las autoridades competentes medidas de protección, fortalecer la presencia institucional y proteger a los funcionarios públicos.
La Defensoría del Pueblo continúa insistiendo en la necesidad de activar todos los mecanismos de prevención y coordinación entre entidades nacionales y territoriales para abordar la crítica situación de seguridad que se está presentando en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó.
En un informe emitido el pasado 16 de junio, luego de un exhaustivo trabajo realizado por las Defensorías Regionales en terreno, la entidad advirtió sobre la preocupante situación que enfrentan los servidores públicos como alcaldes, concejales, personeros y diputados, en todo el territorio nacional. En un total de 17 departamentos, incluyendo Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, estos funcionarios se encuentran bajo amenazas constantes.
El informe reveló que 17 municipios están en alto riesgo debido a la presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales. En siete departamentos, un total de 12 alcaldes han tenido que abandonar sus territorios para resguardar sus vidas e integridad personal y, actualmente, ejercen sus funciones desde otras jurisdicciones.
Este es el caso del Chocó, donde los alcaldes de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar se ven obligados a despachar desde lugares distintos debido a la actividad indiscriminada del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
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En Río Iró, tres días después de emitirse la Alerta Temprana 020-23 para ese municipio, el alcalde fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo improvisado. Además de estos lamentables hechos, los alcaldes de Nuquí, Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró también han sufrido atentados contra su vida e integridad.
El Chocó, departamento en la costa pacífica de Colombia, tiene el mayor número de alcaldes que deben trabajar desde otras cabeceras municipales o ciudades, un total de cuatro, y también es el lugar donde más mandatarios han sido objeto de atentados, sumando un total de siete.
Además, las comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada e incluso han quedado confinadas en sus propias viviendas.
La Defensoría del Pueblo reconoció la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad ante las alertas tempranas emitidas, pero hace un llamado para que también se escuche el clamor de los 15 municipios en el Chocó que se encuentran en riesgo extremo debido a la expansión, confrontación armada y extorsiones sistemáticas de los grupos armados ilegales, en particular del ELN.
“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”, fue el llamado del defensor Camargo.
El informe también revela que otros funcionarios, como concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal, se han visto obligados a abandonar sus municipios debido a amenazas de actores armados. Estos desplazamientos se han registrado en departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima. Incluso, diputados en algunos de estos departamentos han sido afectados por esta situación.
El defensor del Pueblo destacó que es fundamental garantizar los derechos a la integridad, la vida, la libre movilidad y el trabajo de los servidores públicos que están siendo objeto de intimidaciones. Asimismo, instó a los actores armados a mostrar señales que contribuyan al anhelo colectivo de paz en el país y recordó que la violencia, como las intimidaciones, amenazas y desplazamientos, no contribuye a la construcción de una paz duradera.
“Los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones”, puntualizó.
“No me cansaré de decirlo, es mi deber como defensor del Pueblo reiterarlo, es con verdaderos gestos que se construye la paz. Cualquier manifestación de violencia no es una muestra que contribuya a la paz total que ahora mismo es promovida en escenarios de diálogo que adelanta el Gobierno de turno”, sostuvo.
