Defensoría pidió acción inmediata para frenar grupos armados en Buenaventura

Ante la acción de grupos armados ilegales en Buenaventura, donde se han registrado enfrentamientos que han afectado a la población civil que ha quedado en medio del fuego, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que se adopten las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.

El titular de ese despacho, Carlos Camargo, quien realizó una visita a ese puerto, hizo un seguimiento a las recomendaciones que fueron hechos a través de las alertas tempranas para 24 de los 42 municipios del Valle del Cauca.

En esos documentos se advirtió sobre los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

“En el seguimiento a nuestra Alerta Temprana 03 de 2021 reiteramos el llamado a la institucionalidad del Estado a acoger las recomendaciones que allí se han hecho con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos de Buenaventura”, señaló el funcionario.

Según ese despacho, el riesgo lo configura la ruptura interna del grupo de crimen organizado conocido como “La Local”, expresada en la división de dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos.

Advirtió que estas se encuentran en lucha por el dominio del territorio, desde el pasado 30 de diciembre del 2020, en cuyo cometido han generado graves riesgos de vulneración a los derechos de la población civil.

En ese sentido, el defensor del Pueblo rechazó las acciones violentas de los grupos armados ilegales que se están enfrentando en algunos barrios de la ciudad de Buenaventura, especialmente en los últimos días en la comuna 7, y que están ocasionando zozobra y temor entre los habitantes del municipio.

“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales y a las organizaciones criminales, como la banda La Local, con sus facciones los Shottas y los Espartanos, a dejar al margen de las confrontaciones a la población civil”, agregó Carlos Camargo.

Junto con el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, se hizo una revisión a las afectaciones que han tenido las comunidades por las disputas entre grupos armados ilegales y determinaron reforzar el acompañamiento a las comunidades afectadas.

“Pedimos a los violentos respetar los derechos humanos de la población y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción, y evitar que los enfrentamientos generen confinamientos de la población o posibles desplazamientos intraurbanos”, puntualizó.

Los enfrentamientos

El pasado martes, los habitantes de Buenaventura, vivieron una noche de terror por cuenta de los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales Los Shottas y Los Espartanos, facciones de la estructura La Local, a la que se le atribuyen múltiples crímenes, y el posterior combate urbano que libraron con la Fuerza Pública cuando intervinieron para detener la balacera.

Esta situación, que confinó a los pobladores del barrio Juan XXIII, desató el clamor de líderes sociales y políticos, quienes pidieron al Gobierno nacional tomar acciones que detengan la violencia en el distrito portuario.

Tras varias horas de enfrentamientos, las autoridades lograron disipar la balacera y dispersar a las bandas delincuenciales que les hicieron frente.

Por su parte, desde el Congreso de la República pidieron al presidente Gustavo Petro y a los ministros del Interior y de Defensa la instalación urgente de un puesto de mando unificado.

Las autoridades no dieron cuenta de capturas o criminales muertos en medio de los combates urbanos librados en ese sector del puerto.

Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Padra anunció que: “Estaremos con el Gobierno en los próximos días en terreno, acompañando al alcalde y a las autoridades para garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales y de toda la comunidad de Buenaventura. La seguridad es una prioridad”.

La visita se adelantará el martes 6 de septiembre, en la que se buscará además avanzar en la implementación de los acuerdos que surgieron del paro cívico del año pasado en Buenaventura, en el que se exigieron mejores accesos a los servicios públicos y a la educación.

“Solo se ha avanzado en el 6 % del 100 % de acuerdos que se hicieron”, indicó.