Defensoría recomienda que agentes del Esmad usen cámaras en sus cascos durante protestas

Luego de que la Corte Suprema ordenara a la fuerza pública y en general al Gobierno nacional adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva, la Defensoría del Pueblo aprovechó para realizar mesas de trabajo con la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, académicos, la fuerza pública, ente otros sectores, y así sacar 33 recomendaciones para que no haya violencia durante las manifestaciones.

Una de ellas, de acuerdo con la Defensoría, es que los agentes del Esmad usen en sus cascos cámaras de grabación “con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protestas”. Asimismo, recomendó que la fuerza pública use drones para que registren los hechos durante las intervenciones.

“También contemplan estas recomendaciones, la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho a los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes”, señaló el organismo defensor.

De otra parte, la Defensoría del Pueblo recordó que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son prohibidos sin excepción, así como pidió acompañamiento en la revisión de los CAI y estaciones de Policía para verificar la legalidad en los procedimientos, el uso adecuado de los elementos de servicio y el respeto a los derechos humanos por parte de los miembros de la Policía.

Asimismo, en las recomendaciones dirigidas a la Policía Nacional está la revisión del currículo académico de la Escuela de Formación en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas.

De acuerdo con la Defensoría, en la mesa de trabajo se acordó que funcionarios de esta entidad tengan mayor presencia y acompañamiento durante las protestas pacíficas, “al tiempo que liderará la creación de canales de comunicación con las plataformas de Derechos Humanos”.

El organismo agregó que se adelantarán campañas sobre los derechos de reunión y manifestación pública y la prevención de cualquier estigmatización de todos aquellos que participen en las manifestaciones, “en particular a líderes y lideresas sociales”.

No obstante, vale recordar que en las últimas protestas las autoridades han tenido que intervenir debido a que algunos ciudadanos deciden vandalizar las marchas como ocurrió el 21 de noviembre de este año.

En Bogotá y otras ciudades del país se adelantaron marchas y manifestaciones en las calles lideradas por el Comité del Paro Nacional. Pese a que la jornada inició pacíficamente, en varios sectores de la ciudad las autoridades reportaron hechos vandálicos.

El primero ocurrió en inmediaciones de la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 30, donde un grupo de encapuchados atacó a una patrulla de la Policía. En ese momento, la alcaldesa de Bogotá Claudia López rechazó ese acto de violencia y pidió a los organizadores de las manifestaciones rechazar el vandalismo.

“Una cosa es la protesta pacífica, que valoramos, respetamos y acompañamos con gestores de convivencia. Otra muy distinta es la delincuencia vandálica destruyendo con violencia, frente a la cual intervendrá la fuerza pública”, escribió la mandataria local en Twitter.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

En su momento, el alto Tribunal aseguró que, “tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas” se ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.

Entre las medidas está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

Así mismo, en su momento la Corte ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Esmad, “la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019″.

En ese momento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se vio obligado a acatar el fallo del alto Tribunal pero de igual manera defendió el proceder de la fuerza pública y aseguró que nunca hubo violación de los derechos humanos.

“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, según se lee en el pronunciamiento.