La sentida renuncia de uno de los hombres más cercanos al defensor

Al tiempo de que el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, entrega más explicaciones para defenderse de los señalamientos por presunto acoso laboral y sexual contra su exsecretaria privada, Astrid Helena Cristancho, otros consideran que no pueden trabajar al lado del alto funcionario.

En la mañana de este martes, Otálora sufrió un duro revés cuando recibió la carta de renuncia de su defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales, Luis Manuel Castro.

En una misiva de tres páginas, uno de sus funcionarios más importantes expuso las razones por las que no quiere continuar en el ente, entre otras cosas, porque su superior, ante las evidencias, ha anunciado que no piensa renunciar.

Castro escribió que se apartará de su cargo porque considera que con la decisión de Otálora de permanecer en la Defensoría, la entidad “se verá afectada, especialmente su legitimidad, para asumir la defensa de los derechos de las mujeres”.

^{Foto: Defensoría}

Agregó: “Renuncio porque dado el contenido de las denuncias en su contra, ética y políticamente, en mi criterio, usted podría renunciar, sin que ello necesariamente suponga una aceptación de responsabilidad penal o disciplinaria frente a los señalamientos en su contra”.

En otro aparte de la comunicación, Castro le dice al Otálora que la gravedad de las denuncias en su contra “deslegitimará de aquí en adelante los pronunciamientos que usted como defensor del pueblo realice, específicamente si están relacionados con los derechos de las mujeres en el país”.

“Quiero creer en su versión de los hechos, pero por eso, sinceramente, espero entonces que tenga todas las garantías en los ámbitos penal y disciplinario, pero también que su respeto por la Defensoría y la defensa de los derechos sea superior a su interés personal por demostrar la falsedad de las acusaciones”, le manifestó.

Esta dura misiva se une a los pedidos de renuncia que ya efectuaron el Partido Liberal, varios congresistas, el Colegio de Defensores del Pueblo y hasta un editorial del diario El Tiempo.

“Las fotografías y los contenidos de las conversaciones hacen que pueda ser considerada burda, truculenta e incompatible con las expectativas que los colombianos tienen de la institución responsable de velar por el respeto de sus derechos fundamentales. (…) Así, pues, sumados todos los cuestionamientos y testimonios ventilados, incluido el del propio Otálora, ya referido, que lo deja mal parado, estos se traducen en razones de peso para considerar que es hora de un relevo”, son apartes del texto del rotativo capitalino.

El caso de Otálora se traslada a la justicia. La Procuraduría tendrá que evaluar las denuncias, ya conocidas, por presunto acoso laboral y determinar si hubo irregularidades disciplinarias. La Fiscalía, por su parte, deberá ocuparse de la denuncia por acoso sexual.

Mientras tanto, los siete meses que se le vienen a Otálora, en caso de que no se margine del cargo, podrían afectar el reto de la Defensoría en un año crucial, en el que se firme la paz. El presidente Juan Manuel Santos, quien lo postuló, aún no se pronuncia sobre la situación aunque su silencio no se puede considerar un respaldo.