Defensoría reporta 48 violaciones a los derechos humanos durante el aparente cese al fuego

En el marco de un nuevo reporte de seguimiento a las treguas decretadas por el Gobierno con organizaciones al margen de la ley, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, manifestó este sábado que la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) entre los meses de mayo y junio.

“Encontramos que entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2023, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 acciones violentas. Es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y también se presentaron homicidios de firmantes de paz”, señaló Camargo.

“Encontramos también que estos grupos al margen de la ley mantienen el interés de expandirse y mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades”, agregó el funcionario.

De acuerdo con el defensor del pueblo, estas acciones violentas se registraron en los departamentos de Nariño, Antioquia, Putumayo, Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Caquetá, Córdoba y Boyacá.

“El ELN tiene que ser coherente”: defensor del pueblo, por ola de hechos violentos mientras se habla de paz

Un contraste se ve en varias regiones del país, pues se habla del cese bilateral del fuego con el ELN a partir del 6 de julio, pero a la vez se vive terror por las acciones violentas que se estarían presentando por este grupo amado, que ha dejado a miembros de la fuerza publica muertos y a civiles confinados, como en el caso del departamento de Chocó, en el que se adelanta el quinto paro armado liderado por la guerrilla.

La Defensoría del Pueblo llama la atención de las autoridades nacionales y locales para que garanticen la vida e integridad y los derechos a la libre movilidad y a la alimentación de las comunidades de la subregión del San Juan, en el sur del Chocó, dado que el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado indefinido desde las cero horas de este 4 de julio.

Son 41 comunidades afros y 11 comunidades indígenas las confinadas, para un total de 8.275 personas. Los habitantes de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan son los más afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que delinquen en la zona sur de ese departamento del Pacífico colombiano.

Adicionalmente, la entidad defensora de derechos humanos reporta que hay seis comunidades desplazadas de los sitios conocidos como Barranconcito, Buenas Brisas, San Agustín, Cañaveral, Chambacú y Doidó (alrededor de 226 familias, el equivalente a 659 personas). Todas se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC–Clan del Golfo).

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, reclamó vehementemente: “Necesitamos mensajes claros del ELN. Mientras una de sus estructuras siembra el terror con anuncios de esta naturaleza, donde nuevamente los afectados son los habitantes de la región chocoana del San Juan, el Comando Central de esa guerrilla ordena a todos sus frentes cesar sus ataques contra la fuerza pública desde el 6 de julio próximo hasta el 3 de agosto siguiente, día en que inicia el cese al fuego bilateral, nacional y temporal”.

Camargo pidió coherencia “sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz se requiere que las acciones y los discursos concuerden. El ELN tiene que comprometerse a dejar de afectar a la población civil”.