Defensoría revela cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de DD. HH.

Entre el primero de enero y el 31 de julio de ese año se registraron en el país 122 homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Así lo reveló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien indicó que Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11, son los departamentos con el mayor número de casos en los que líderes y lideresas fueron asesinados.

A esta cifra se suman: Arauca nueve homicidios, Valle del Cauca nueve, Bolívar siete, Tolima seis, Caquetá cinco, Norte de Santander cuatro, Cesar tres, Chocó tres, Meta tres, Sucre dos, San Andrés dos. La Guajira, Córdoba, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Bogotá y Risaralda con un caso cada uno.

De acuerdo con el informe, en Nariño ha habido un incremento de los homicidios en los últimos años, pasando de seis casos en 2016 a 14 en 2020 y en los primeros siete meses de 2022 ya se han presentado 17 muertes.

Se indicó, además, que Tumaco, con siete homicidios, es la región de ese departamento, en la que más se ha presentado el mayor número de muertes violentas contra los líderes, le siguen Barbacoas con cuatro, Manalla, Olaya Herrera, Samaniego, Leyva, Córdoba, Guachucal, con un caso cada uno.

Precisamente, el pasado 19 de julio, fue asesinada la lideresa María Piedad Aguirre al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Los Ángeles en el municipio de Tumaco.

La mujer, de 65 años de edad, se encontraba vinculada a la organización Caminos de Mujer (CCM) y al Proceso de Comunidades Negras (PCN), desde donde destacaban su labor como sabedora de la cultura ancestral y defensora de los derechos de las comunidades negras, especialmente de las mujeres en el Pacífico colombiano.

La Organización de las Naciones Unidas rechazó el asesinato de la lideresa: “Condenamos el homicidio de la lideresa María Piedad Aguirre de Tumaco, Nariño, con quien trabajamos los temas de derechos colectivos, derechos de las mujeres, y de justicia, verdad y reparación. Instamos al Estado a investigar este crimen y luchar contra la impunidad”, manifestó.

“Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables”, dijo el funcionario en el marco de la audiencia y presentación del informe de Violencias contra Líderes Sociales que se realizó en Bogotá.

Añadió que “por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”.

Líderes comunitarios

Una de las mayores preocupaciones se centra por la acción contra los líderes comunales, teniendo en cuenta que representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos y comunitarios 25 casos.

El reporte de la entidad también determinó que el 93 % de los homicidios fueron contra personas de sexo masculino y 7 % contra personas de sexo femenino.

La Defensoría señaló que se observó un incremento en el número de casos de muerte de líderes comunales, ya que durante el mismo periodo de 2020 se habían registrado 106 homicidios y en 2021 la cifra había llegado a 90 casos.

“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, puntualizó Camargo.

El informe fue elaborado mancomunadamente con ONU Mujeres, la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la Embajada de Noruega en Colombia.