Defensoría solicita medidas cautelares para afectados por filtraciones de agua en Pereira: “Deben poner en marcha medidas urgentes”

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó una solicitud ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, instando a la implementación de medidas cautelares por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y el municipio.

Estas medidas tienen como objetivo abordar la crítica situación que enfrentan más de 240 familias en el barrio Millán Rubio, de acuerdo con el funcionario.

La solicitud se basa en las recomendaciones emitidas por la Dirección de Gestión del Riesgo de la ciudad, buscando soluciones de fondo para resolver los problemas que afectan a esta comunidad.

Camargo Assis subrayó que la solicitud se suma a una acción popular presentada el año pasado contra la Empresa de Acueducto de la capital risaraldense, con el fin de proteger los derechos de las familias que han padecido filtraciones de agua persistentes durante más de ocho años.

La situación actual en las estructuras habitacionales de estas familias ha generado graves afectaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud y una vivienda digna. Por tanto, la Defensoría del Pueblo considera imperativa la implementación de medidas integrales para proteger a los afectados.

Carlos Camargo Assis destacó que han mantenido reuniones directas con las comunidades afectadas para evaluar la situación actual y garantizar el cumplimiento de las acciones correspondientes por parte del municipio y la empresa proveedora de servicios de acueducto.

“Nos hemos reunido directamente con las comunidades para verificar el estado actual de la problemática y asegurar el cumplimiento de las acciones que les corresponden al municipio y a la empresa proveedora de los servicios de acueducto”, afirmó el defensor del Pueblo.

De acuerdo con el defensor, las inundaciones persistentes están vulnerando diversos derechos colectivos, como el derecho al disfrute de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios básicos. El Defensor del Pueblo enfatiza en la necesidad urgente de implementar medidas para prevenir situaciones lamentables, citando el trágico suceso en la ladera del río Otún, que resultó en la pérdida de 17 vidas debido a un deslizamiento de lodo, tierra y roca.

Durante su visita al barrio Millán Rubio, acompañado por un equipo de profesionales de la entidad, el defensor del Pueblo reiteró que la comunidad merece habitar en un entorno saludable y en condiciones dignas, subrayando la importancia de actuar de manera inmediata para abordar esta crítica situación.

“Les reiteramos a las autoridades que deben poner en marcha medidas urgentes para evitar que se consuma el riesgo de situaciones tan lamentables, como la tragedia de la ladera del río Otún, que, es lamentable recordarlo, dejó un saldo de 17 personas fallecidas a causa de un deslizamiento de lodo, tierra y roca”, indicó Camargo Assis.

Defensoría pide a la UNGRD brindar atención tras incendio en Montería

De otro lado, un equipo de la Regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo se desplazó al sector Nuevo Milenio, parte del barrio Santa Fe, en la capital del departamento, tras el devastador incendio que afectó a la comunidad. El objetivo principal de la presencia de este equipo es velar por el restablecimiento de los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el siniestro.

Aunque las autoridades lograron trasladar a las personas afectadas a un albergue temporal, la Defensoría del Pueblo instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a iniciar de manera efectiva la atención a quienes lo perdieron todo. Además, la entidad solicitó llevar a cabo un censo preciso para determinar la cantidad exacta de afectados por esta tragedia.

El informe oficial más reciente reveló que el incendio, ocurrido en la madrugada del primero de enero, dejó un saldo de 98 adultos y 29 menores de edad afectados. Aunque las causas aún están por determinarse, las autoridades consideran un cortocircuito como una de las primeras hipótesis. Alrededor de 30 viviendas resultaron dañadas en este desafortunado evento.

La Defensoría del Pueblo, mientras valora la respuesta activa de la administración municipal a través de la activación de los Comités de Gestión del Riesgo y la implementación de medidas necesarias, hizo hincapié en la necesidad de evaluar y corregir las problemáticas estructurales que afectan al asentamiento. Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para cumplir su compromiso de proporcionar viviendas dignas a las comunidades afectadas.

Este no es el primer incidente de esta índole que golpea a Nuevo Milenio. En enero de 2021, un incendio dejó como saldo 27 viviendas calcinadas, afectando a 48 adultos y 39 menores de edad en el sur de la capital cordobesa.

La Defensoría del Pueblo, con un equipo especializado de la Regional Córdoba, aseguró que continuará realizando un seguimiento detallado de la situación, con el objetivo de garantizar que los derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y vivienda digna de los damnificados sean debidamente protegidos y restaurados.