Gobierno y ONU, la pelea por la dejación de armas que nadie anticipaba

La desconexión entre el país urbano y la Colombia rural sigue siendo la paradoja que deja el acuerdo de paz con las FARC. A diez días de la fecha señalada para la entrega del primer porcentaje de armas, los optimistas ven como un avance significativo y una postal para la historia, el arribo definitivo de 6.844 insurgentes a las zonas veredales. Los escépticos, en cambio, no se quitan la camisa de la desconfianza y fijan su mirada en las dificultades que tienen enredada la implementación. 

Agua Bonita recibió el último trasteo de las FARC. Cerca de 300 miembros de esa guerrilla de los frentes 3, 14 y 15 que recorrieron 8.700 kilómetros a pie, en vehículos y embarcaciones llegaron, por fin este sábado, al campamento ubicado en el occidente de Caquetá. De camuflado, con armas al hombro e izando banderas blancas y del tricolor nacional, estos hombres y mujeres fueron los últimos en salir de los territorios que históricamente habían ocupado las FARC para desplazarse a las zonas donde se materializará su tránsito a la vida civil y donde dejarán para siempre las armas.

Más de 103 camiones, 339 camionetas, 100 lanchas, 91 buses, seis tractores y nueve viajes en helicoptero fueron los que se requirieron a lo largo de dos semanas, desde cuando arrancó el traslado masivo hasta este domingo que confluyó la operación. "Se trabajó con el apoyo de cerca de 15.600 militares y 1.400 miembros de la Policía", manifestó el general Javier Flórez sobre las 36 rutas que se habilitaron paulatinamente para facilitar la llegada de las FARC a las 19 zonas veredales y siete puntos de normalización. "En todos esos movimientos los acompañó el Mecanismo de Monitoreo y la Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep)", agregó.

Le puede interesar: El arduo trasteo de las FARC a las zonas veredales 

Carlos Córdoba, gerente de las Zonas veredales; almirante Orlando Romero, Mecanismo de Monitoreo y Verificación; general Javier Alberto Flórez Aristizábal, Comando Estratégico de Transición; Sergio Jaramillo Caro, Alto Comisionado para la Paz; María del Pilar Barbosa; General Carlos Alfonso Rojas Tirado, Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación; y el general Álvaro Pico de la Unidad Policía Para la Edificación de la Paz. Fueron los encargados de coordinar el traslado de los 7.000 hombres de las FARC a los 26 puntos de concentración. 

Uno tras otro, el país vio el ingreso de cada uno de los 6.961 hombres de la guerrilla a las 26 zonas que se pactaron en La Habana. De ellos, 6.844 se encuentran ya en las zonas veredales y los 117 restantes hacen parte, según el acuerdo, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación que ayudó a coordinar los traslados. "Nosotros como Fuerzas Armadas teníamos un aproximado 6.250 hombres y mujeres en armas. Lo que pasa es que poco más de los definitivos que ya estamos contando son milicias que se desplazaron a las zonas porque su función dentro de las FARC era acompañar la estructura armada. Por eso, el número final ronda los 7.000", agregó el general Flórez, el hombre clave de la institución castrense en la negociación para el fin del conflicto. 

Según conoció Semana.com, los municipios que más guerrilleros concentran en este momento son Mesatas (La Guajira) a 559, Puerto Asís (Putumayo) a 457, San José del Guaviare (Guaviare) a 436 y Arauquita (Arauca) a 421.

"Mover a la guerrilla más vieja del continente era un desafío para la institucionalidad, para el monopolio", manifestó María Emma Wills, miembro del Centro de Memoria Histórica y voz autorizada para hablar de conflicto. Pero la noticia, según la investigadora, "no logró pellizcar ni un poquito al país urbano. Parece que no fuera parte de la misma comunidad política". 

Al tiempo que este fin de semana concluyó tardía primera parte de la implementación, en Bogotá lo que tomó vuelo fue otra cosa: la lista de "peros" que tenía el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) que ahora conforman el Gobierno y las FARC. 

Le recomendamos: Los hijos de la paz

No es para menos. En tres páginas el hombre delegado por las Naciones Unidas para acompañar el proceso de dejación de armas dejó ver una lista de situaciones que podrían poner a patinar el aterrizaje de los acuerdos.

En principio, y como ya lo han venido advirtiendo insistentemente las FARC, los 26 campamentos aún no son aptos para vivir. El Gobierno sigue ingeniándoselas para adecuar no sólo las áreas comunes, sino también la forma de entrar a estas remotas veredas los materiales de los que se valdrán los mismos guerrilleros para construir sus dormitorios. Pero ese no es el único retraso logístico. A ello, se suma la falta de adecuación del espacio donde se depositarán las armas que entregue el primer 30 % de insurgentes, en teoría, el próximo primero de marzo. 

"El proceso de construcción de los campamentos, incluyendo los sitios monitoreados por la Misión donde estará gradualmente almacenado el armamento, no estaría concluido antes de marzo", advierte el diplomático francés en el documento sin desconocer que "en algunas zonas podrían estar listos antes".

El domingo, la situación se puso color de hormiga. La propuesta que hizo Arnault de recalendarizar el inicio de la recepción escalonada de armamento, sin que ello derive en una extensión de los 180 días, no cayó nada bien en las arcas del Estado. 

"Me parece gravísimo que se cambie la fecha de la entrega de armas. Es un golpe a la confianza del proceso. El Gobierno no puede permitir ese cambio", manifestó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, miembro de CSIVI. A su juicio, se deben ajustar prontamente los tiempo para que no se tenga que reajustar la dejación de armas. "En una o dos semanas uno hace un censo de 7.000 hombres", dijo. 

Y es que el problema no sólo es que aún estén listos los espacios, sino también que aún no se tiene el registro de los miembros de las FARC que entraron a los campamentos para hacer el correspondiente cotejo de que se entregó el armamento total. 

Hacia esa misma fecha apunta el general Flórez. "La entrega efectivamente se va a cumplir el primero de marzo. Ese día pasan al Mecanismo de Monitoreo el 30 % de armas que están en las zonas", dijo sobre la entrega de los fusiles -el arma individual- el único que en la práctica pueden cargar los miembros de las FARC dentro de los campamentos. 

De acuerdo con sus cálculos, esta misma semana  o más tardar la otra, los miembros de esa guerrilla entregarán al Mecanismo de Monitoreo las coordenadas de las caletas y el material inestable. Es decir, la ubicación de las ametralladoras y armas largas para recogerlos y llevarlos a unos "cajones metálicos" que ya están en las sedes locales y el armamento inestable como las granadas y tatucos que serán destruidos una vez se encuentren. 

También puede leer: ¿Se está cumpliendo el acuerdo con las Farc?

Para las FARC, sin embargo, el tema hay que tomarlo con calma. "No hay zonas veredales, la logística de los campamentos no está organizada, hay problemas de salud, el tema de la amnistía no se ha cumplido (...) Esto hay que recandelizarlo. Eso sí, por encima de todo hay que decir que no son sólo las fechas sino que hay una disposición que han mostrado las FARC y esto es irreversible. Los problemas hay que resolverlos pero se requiere mayor voluntad política", manifestó el jefe guerrillero ‘Pastor Alape‘ a este portal.

El papel, hasta ahora, parece haberlo aguantado todo. La guerrilla más vieja del continente se comienza a linear para establecer las nuevas reglas del juego para la lucha política y el país no parece dispuestos a ponerse a "la altura de la paz". 

"El hecho de que la negociación sea exitosa no implica que las bacrim, neoparamilitares u organizaciones criminales vinculadas a las drogas van a dejar de existir. Eso va a seguir porque el país no puede pretender milagros. Esos desafíos se derrotan a mediano plazo", agregó la investigadora María Emma Wills.

La lista de "peros" que entregó el jefe de la misión política que envió la ONU, es larga y no sólo se refiere a los problemas logísticos de coordinación de los que tanto se ha escuchado hablar en las últimas semanas, sino también a ondas ambigüedades jurídicas y de coordinación que inyectan una buena dosis de preocupación si se tiene en cuenta que la mayoría de los procesos de paz fracasan después de la firma. Es decir, durante su implementación. 

A la respuesta de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, se le adelantó este lunes la del Gobierno. A través de una dura carta de la Cancillería y el Alto Comisionado para la paz al jefe de la misión, se voltearon los papeles y el Gobierno fue el que terminó pidiéndole cuentas a Jean Arnault sobre lo que hasta ahora ha sido la competencia de la ONU. Con "preocupación" el Gobierno no sólo ve el "desconocimiento" de algunos de los observadores de las Naciones Unidas  sobre el contenidos del acuerdo, sino también el "silencio del Mecanismos ante muchos hechos violatorios de los protocolos y las reglas del cese al fuego". 

Una visión es la que tienen los funcionarios del Estado sobre lo que está ocurriendo en terreno, y otra la de la ONU. Además de recordarle insistentemente al diplomático francés que estas discusiones -originadas por el documento que se filtró- son las que se deben dar en el marco de las reuniones de la CSIVI, le manifiestan que la contrucción de los campamentos ha avanzado en promedio un 80 % y en ninguna parte del acuerdo final su construcción se amarró a la entrega de armas. En ese sentido, de tajo descartan cualquier posibilidad de correr la fecha de entrega del primer 30 %.