El viacrucis del desarme de las Farc

La dejación de las armas por parte de las Farc parecía la parte más expedita y fácil del acuerdo de paz. Sin embargo, ya está claro que el cronograma pactado no se pudo cumplir. En La Habana las partes acordaron que en los primeros cinco meses, luego de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, varias cosas iban a pasar simultáneamente: todos los fusiles de los guerrilleros deberían reposar en contenedores rigurosamente vigilados por la ONU; las caletas con explosivos estarían destruidas; todos los guerrilleros amnistiados; un sofisticado sistema de garantías de seguridad y la parte económica de reincorporación estarían claramente definidos.

Hasta ahora se han conseguido dos grandes logros. Uno es el cumplimiento riguroso del cese del fuego y de hostilidades, que según cálculos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), le han ahorrado al país 547 muertes en el enfrentamiento. El segundo es que ya hay un listado consolidado de los miembros de las Farc, tanto guerrilleros como milicianos y presos. Esto fue dispendioso porque las listas tuvieron que ser verificadas para evitar colados en el proceso.

A eso hay que sumar que el apoyo internacional al proceso de paz sigue siendo inmenso. Esta semana la visita del Consejo de Seguridad de la ONU se convirtió en un gran espaldarazo. Por primera vez en la historia este organismo visitó el país, y sus integrantes lo calificaron como “irreversible”.

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Sin embargo, también hay dificultaldes y retrasos en materia de desarme y garantías. Según la ONU, apenas el viernes pasado recibiría 1.000 armas de manos de los guerrilleros concentrados en las zonas veredales. Dado que hay registradas cerca de 7.000 de ellas, se puede decir que su dejación en la actualidad no supera el 15 por ciento.

Hace apenas algunas semanas las Farc entregaron el listado de sus caletas, el cual resultó una sorpresa para los verificadores internacionales ya que son 949, escondidas en lugares remotos y de difícil acceso. Nadie imaginaba semejante arsenal.

En el terreno judicial las cosas no están mejor. Las amnistías e indultos para 2.700 presos van a paso de tortuga. “Desde que se promulgó la Ley de Amnistía se han otorgado 1,3 al día. A ese paso tomará cuatro años cumplir la ley” dice Diego Martínez, del equipo legal de las Farc.

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Tampoco hay velocidad en el terreno de las garantías para la reincorporación. Los principales mecanismos pactados para la seguridad en los territorios y de los propios guerrilleros están apenas en etapa de diseño, mientras que los asesinatos y la presencia de grupos armados en las regiones crecen aceleradamente.

Todo esto hace que el panorama sea preocupante, aunque no catastrófico, pues está claro que ninguna de las partes involucradas está actuando de mala fe o con falta de voluntad política. Solo que la realidad resultó más compleja que el papel.

¿Qué pasó?

El primer obstáculo ha sido la logística para que los guerrilleros se concentren en las zonas veredales concebidas para el desar-me y para dar inicio a la reincorporación. En el papel, esto debió haber ocurrido en las dos primeras semanas de diciembre, pero en realidad solo se completó a mediados de febrero dada la demora en acordar la logística y los retrasos en las obras. La construcción de las ‘ciudadelas’ donde hoy están los guerrilleros ha sido traumática y en la práctica llegará el final del cese del fuego sin que estén terminadas. Esa falla logística, según ha dicho el jefe de la misión política de la ONU, Jean Arnault, dificultó la tarea de los verificadores en cuanto a registro de armas y la instalación de contenedores, lo cual hizo inviable el desarme a tiempo.

De otro lado, las Farc tomaron cuatro meses para entregar un inventario de las caletas. Según sus voceros, ello sucedió justo por las dificultades logísticas, ya que su gente estaba dedicada de lleno a resolver problemas de salud, comida y habitabilidad, entre otros. Sin embargo, también está claro que el secretariado no tenía información precisa sobre lo que tenían sus frentes y que sus recursos están menos sistematizados de lo que se pensaba.

Las caletas son un desafío enorme dado que 60 por ciento de ellas contienen explosivos y la ONU debe destruirlas in situ. Llegar a cada una es toda una operación militar que requiere construir helipuertos y asegurar las áreas.

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El otro 40 por ciento de las caletas alberga armas de todo tipo. Esto es más complicado aún porque los verificadores internacionales deben hacer un inventario, registrarlas y trasladarlas a los contenedores de las zonas veredales. Claramente no podrán hacerlo en días ni en semanas, y posiblemente ni siquiera en meses. Hay quienes aseguran que al ritmo que funciona la logística del gobierno ese trabajo puede tomar incluso años. Según Eduardo Álvarez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, “nadie sabe a ciencia cierta cuántas son las armas de las Farc, ni ellos mismos, pues en los últimos 15 años estuvieron muy fragmentados por la guerra”.

Las garantías jurídicas, como la amnistía, constituyen el otro entuerto. La Ley de Amnistía fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado, pero aplicarla ha sido un verdadero calvario. Primero, los jueces se negaron a otorgar amnistía con el argumento de que no tenían clara la norma. Entonces Santos tuvo que emitir un decreto reglamentario que la explicara en detalle. Luego vino un paro en la Rama Judicial que paralizó a los jueces de ejecución de penas durante varias semanas. A eso se suma que muchos jueces desconocen la normatividad del acuerdo de paz y tardan demasiado en tomar sus decisiones.

Respecto a las garantías de seguridad para los excombatientes y los territorios la dificultad tiene que ver con la Fiscalía. En el acuerdo quedó pactado crear una unidad especial para la lucha contra el crimen organizado, una idea que al parecer el anterior fiscal general aceptaba. Pero el actual, Néstor Humberto Martínez, tiene varias objeciones sobre la manera como se diseñó. En la práctica, el gobierno ha tenido que abrir una nueva mesa de negociación, esta vez con Martínez, para encontrar una fórmula que cumpla el acuerdo, pero que también tenga el respaldo del ente investigador. Esto aún no está resuelto y es de especial sensibilidad para las Farc, que sienten la presión de grupos criminales y paramilitares en las regiones que ocuparon antes.

¿Qué implicaciones tiene este ritmo?

La principal consecuencia de esta lentitud en el desarme es que incrementa la vulnerabilidad del proceso de paz.  Por un lado, siembra desconfianza en todas las partes. En el caso de las caletas, por ejemplo, el Ejército denunció haber hallado una en Putumayo, lo que sembró dudas sobre la transparencia de las Farc en esa materia. Los asesinatos de guerrilleros y sus familiares así como la falta de garantías jurídicas acrecientan los temores y resistencias de guerrilleros de base que creen que van a ser traicionados por el gobierno. Por no hablar de que aumenta la desconfianza política de medio país, que no se traga aún el acuerdo de paz, y le da munición a los detractores del proceso, en plena campaña electoral.

 Otra consecuencia indeseada es que si no es posible vaciar las caletas en poco tiempo, empiece a presentarse en las regiones un fenómeno de guaquería que alimente un mercado negro de armas y municiones en zonas, altamente inestables, donde pululan disidentes y grupos emergentes.

Soluciones a la vista

Para evitar que el desarme quede en vilo ya hay un acuerdo parcial. Todos coinciden en que el 1 de junio de este año, cuando se cumplen los 180 días del desarme, todos los guerrilleros habrán dejado sus armas en poder de la ONU. De inmediato deben ocurrir dos cosas: los guerrilleros que no tengan cuentas con la justicia recibirían una amnistía general por vía administrativa, otorgada por el presidente, y a quienes tienen cuentas con la justicia se les levantarán las órdenes de captura mientras la Jurisdicción Especial para la Paz les resuelve la situación.

Pero no es fácil de solucionar ni hay acuerdo al respecto del lío de las caletas. Las Farc creen que para lograr su destrucción se necesitan tres meses más. Eso implica ampliar el calendario del desarme. Ellos creen que este tiempo sería suficiente si se superan obstáculos burocráticos y logísticos. Otra solución planteada es que el Ejército se vincule a esta tarea para garantizar mayor agilidad. Pero esta es una idea nueva que no hace parte del acuerdo y las partes tendrían que pactarlo.

Las Farc también admiten que necesitan esos tres meses para concluir el inventario de sus bienes, el cual se comprometieron a entregar el día 180, cuando desaparezcan como guerrilla e ingresen definitivamente a la civilidad. Ese inventario no está listo y no entregarlo tendría consecuencias jurídicas muy graves, dado que el fiscal Martínez ya ha advertido que podrían incurrir en lavado de activos si queda algún bien no declarado.

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Luego hay otros temas técnicos menores, pero no despreciables en materia de calendario. Uno es que los fusiles deben ser inutilizados y eso es una labor dispendiosa que implica destruir el mecanismo interno del arma sin dañar su forma, pues las Farc quieren que con ellas se hagan los tres monumentos contemplados en el acuerdo. El otro es la extracción de los contenedores y definir a dónde serán llevados.

 Prolongar el cronograma del desarme también implicaría extender todo el dispositivo de las zonas veredales y del cese del fuego, y la vigencia de la misión de la ONU. Es muy poco probable que en las tres semanas que faltan para el día 180 se solucionen todos estos asuntos pendientes, y por lo tanto es casi seguro que sea necesario algún tipo de prórroga, aunque puede que no en la condiciones a las que aspiran las Farc.

Quienes conocen de procesos de paz advierten que el desarme debe ser un proceso completo, seguro y transparente, y que modificar el calendario es un mal menor frente a que terceros saqueen las caletas y terminen por echarle leña a la brasa que ha dejado la guerra insurgente en zonas donde no hay control efectivo del Estado. En ese sentido, ampliar el calendario no suena irracional. Lo que las Farc deben calcular es que dilatar el desarme también aplaza su participación en política. Y ese es un terreno movedizo, pues hay quienes consideran que, aún sin haber dejado las armas, algunos de los miembros de ese grupo que se mueven por el país haciendo pedagogía están ejerciendo política como activistas. Este es un tema especialmente sensible en un proceso de paz cuya premisa principal es no volver a mezclar nunca más armas y proselitismo.

La experiencia internacional demuestra que ningún acuerdo se cumple de manera milimétrica, pues en el terreno surgen situaciones que no se reflejan en el papel. El problema no es la necesidad de hacer ajustes, sino el impacto que esto puede tener en medio de una situación frágil de seguridad en los territorios y de polarización política en todo el país.