¡Dejen trabajar a Patarroyo!

En los casi 40 años que Manuel Elkin Patarroyo lleva buscando la vacuna contra la malaria, seguramente no había tenido que enfrentar a unos micos tan complicados como los que desde hace más de 48 meses lo tienen de brazos cruzados, sin poder probar sus últimas moléculas en las que podría estar la salvación de millones de personas en todo el mundo.

Lo suyo parece una historia de no acabar. Además de haber perdido todo su laboratorio en el embargo del San Juan de Dios en 2001 o de no recibir ayuda del Estado durante varios años, entre otras dificultades, desde 2012 Patarroyo y su equipo han tenido que defenderse en los estrados judiciales para demostrar que no han sido traficantes de micos, que no promueven el maltrato animal o que han hecho todos sus experimentos cumpliendo la ley.

Este complot de un grupo de ambientalistas y animalistas que buscan frenar sus investigaciones, como él mismo lo denuncia, comenzó en 2012 cuando Ángela Maldonado, una administradora de empresas con maestría y doctorado en conservación de primates, demandó a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombiano (Fidic) y a Patarroyo porque, según ella, estaban usando en sus investigaciones no solo micos Aotus vociferans, sino también Aotus nancymaae que según ella eran traídos, de contrabando, desde Perú y Brasil en la otra orilla del Amazonas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió casarse con el argumento de Maldonado y en 2012 le suspendió a Patarroyo la licencia para capturar y usar micos en su sede de Leticia, sentencia ratificada a finales de 2013 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Frente a estos fallos y a las graves acusaciones, Patarroyo y el Fidic decidieron interponer una tutela que fue fallada a finales del año pasado a su favor por el mismo Consejo de Estado. Con ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz, quedó claro que de acuerdo con numerosos estudios, en especial uno muy extenso que publicó en 2013 el Instituto de Genética de la Universidad Nacional en la Amazonia, estos micos viven en Colombia desde hace muchos siglos, precisamente en las mismas zonas en las que el Fidic tiene permiso para capturarlos. Además, la sala sentenció que a la Fidic y al científico se les había violado los derechos fundamentales al debido proceso y a la investigación.

Tras revocar todos los fallos anteriores, el Consejo de Estado le dio 30 días a Corpoamazonia para activarle la licencia para capturar y experimentar de nuevo con los Aotus, siempre y cuando la Fidic cumpla con las exigencias y condiciones de licencia ambiental. Pero han pasado más de seis meses y Patarroyo sigue sin sus micos. Ahora Corpoamazonia dice que tiene que hacer nuevos estudios para determinar si los 1.463 que aún le quedan por cazar en el trapecio amazónico no van a poner en peligro una especie que ahora la entidad considera nueva para Colombia, algo totalmente absurdo. De hecho, los Aotus vociferans y nancymaae han sido usados por la Fidic en todos estos años, pues al ser casi idénticos, se requiere de pruebas genéticas para saber cuál es cuál.

Es decir que Corpoamazonia, además de violar la sentencia del Consejo de Estado, se va a gastar cientos de millones de pesos para determinar lo que se ha demostrado en más de 50 estudios y publicaciones científicas: que por cada kilómetro cuadrado viven entre 22 y 49 ejemplares de nancymaae. Es decir, que si se fijara un área de 10 kilómetros a lo largo del Amazonas colombiano, podrían vivir como mínimo 40.000 de estos monos.

Con todos estos artilugios jurídicos se están parando las investigaciones y se está afectando, tal y como lo advirtió el último fallo, la vida y la salud de millones de colombianos expuestos a esta enfermedad. De forma contraria, en Ecuador, Brasil y Perú, por ejemplo, gobiernos y multinacionales no han tenido estos problemas para adelantar sus experimentos.

Patarroyo genera amores y odios entre la comunidad científica y que a algunos les molesta que sea tan mediático, pero pocos pueden poner en duda el aporte que le ha hecho a la ciencia en Colombia. Sería recomendable que Corpoamazonia le reactive, sin más trabas, el permiso para que termine sus experimentos y así demuestre de una vez si fue capaz o no de encontrar la vacuna perfecta. No se entiende que esta entidad ande tan preocupada por una especie que ha sido ampliamente estudiada y preservada, pero haga tan poco por evitar la minería ilegal, la colonización o el tráfico de madera y animales en la Amazonia colombiana.