Del chikungunya y otros demonios

En 2014 la discusión sobre la salud salió por primera vez del eterno círculo de la plata y las EPS para centrarse en cuál es el sistema que los colombianos quieren y pueden pagar. Durante los primeros meses del año el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, se la jugó por sacar adelante el proyecto de ley estatutaria que pretendía reformar parcialmente el sistema creado en 1993. La iniciativa buscaba, entre otros, reglamentar el derecho fundamental a la salud, limitar el papel de las EPS y centralizar en el Estado el manejo de los recursos. Pero a mitad de año el Congreso de la República la hundió.

Con esa puerta cerrada inesperadamente, el ministro Gaviria decidió acelerar cambios en las finanzas del sistema, entre ellos el de controlar el precio de los medicamentos más costosos y usados por los colombianos que, por cierto, casi quiebran la salud en 2010 debido a los que estaban cobrando las farmacéuticas. Esta sola medida le ahorrará al Estado y a los colombianos más de 500.000 millones de pesos al año.

Dentro de estas decisiones, una de las más arriesgadas fue sacar un decreto que busca abrir a la competencia y eliminar barreras artificiales en el cerrado negocio de los medicamentos biotecnológicos. Esa medida, tomada ante la oposición de Estados Unidos en defensa de sus empresas, es tan vanguardista que muchos países están interesados en aplicarla para resolver este problema. Sin embargo, el próximo año será decisivo pues a la hora de reglamentarla podría perder fuerza.

Pero, mientras el gobierno ajustaba el modelo de salud, en julio comenzaron a aparecer nuevas amenazas. Desde hace varios años el ministerio promovió una fuerte política para mejorar el plan de vacunación, lo que hoy le ha merecido reconocimientos internacionales no solo por su alta cobertura sino porque incluye nuevas vacunas, como la que previene el virus del papiloma humano. Casi 3 millones de niñas mayores de 9 años la han recibido en todo el país.

Sin embargo, la confianza de este programa sufrió un duro golpe cuando varias niñas de El Carmen de Bolívar empezaron a sufrir extraños síntomas como mareos, entumecimientos de brazos o pies, desmayos repentinos o pérdida momentánea de la visión, entre otros. Lo que comenzó como casos aislados se esparció con tal velocidad que creó un caos general. Más de 243 niñas terminaron con los mismos síntomas en las urgencias del hospital. La causa, según los padres, era la vacuna del papiloma.

Tras varias semanas de debates e investigaciones, expertos nacionales e internacionales concluyeron que no había una relación directa entre la vacuna y los síntomas de las menores, y que más bien todo se debía a una “enfermedad psicógena masiva”, una especie de reacción de histeria colectiva. Si bien la situación se ha ido resolviendo, el caso sembró prejuicios sobre uno de los programas de salud más sólidos e importantes del país.

A este temor general se les sumó la llegada del virus del chikungunya al país. Para enfrentar esta enfermedad, propagada por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus, el ministerio de Salud lanzó una fuerte ofensiva informativa para prevenirla y atender a las más de 600.000 personas que podrían enfermar en el próximo año. Y cuando el país no salía del temor del chikungunya apareció el fantasma del virus del Ébola, que si bien aún sigue contenido en África, obligó a las autoridades a desplegar medidas para proteger al país.

En medio de esta montaña rusa, Colombia se estremeció con el dramático caso de la joven Camila Abuabara, quien después de un tratamiento experimental en Estados Unidos le solicitó a un juez aprobarle un trasplante en ese país para salvar su vida. Inicialmente, el juez se lo otorgó pero el ministerio se opuso, aduciendo no solo que la medida era ilegal e imposible de aplicar a la generalidad de los colombianos, sino que era posible realizar el procedimiento en Colombia. Al final, el juez reversó su decisión.

Ese dramático caso abrió, por fin, un debate nacional sobre cuál es el sistema de salud que debe tener el país: el que dictan los jueces a diario y el que ordena la Corte Constitucional, casi ilimitado y capaz de llevar al Estado a la quiebra, o uno más moderado, progresivo, que ponga el bien general sobre el particular y que responda a la realidad fiscal del país. Ese y otros son debates que seguirán vigentes a lo largo de 2015.