NACIÓN
Del grupo de imputados por falsos positivos en Casanare, dos figuran activos en el Ejército Nacional
De los 22 miembros del Ejército Nacional que fueron imputados por crímenes de guerra por la JEP, dos aparecen como miembros activos de la institución.
Este 25 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a 22 personas, la mayoría de ellas militares en retiro, por los casos de falsos positivos que se presentaron en Casanare entre los años de 2005 y 2008.
Igualmente, por los 303 casos registrados se imputaron los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad a un funcionario del estado y a dos civiles.
A pesar de que la gran mayoría de los militares imputados están en retiro, la JEP informó que dos de ellos se mantienen activos en las filas del Ejército.
Se trata del sargento segundo Faiber Alberto Amaya y el capitán Miguel Andrés Sierra, quienes, según la JEP, permanecen en el Ejército por una regulación interna. “El sargento Amaya se sometió e incluso hizo reconocimiento previo de responsabilidad, el capitán Sierra no reconoció su responsabilidad cuando fue llamado”, explicó el magistrado Óscar Parra.
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En cuanto a los demás nombres de los imputados, la JEP dio a conocer la lista oficial.
El excomandante de la Brigada XVI, mayor general (r) Henry William Torres Escalante, lidera la lista. El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexander Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
Los casos de falsos positivos en Casanare involucraron mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva que fueron retenidos, asesinados y presentados como guerrilleros en combate por los integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, con sede en Yopal (Casanare). A esa conclusión llegó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la citación a imputación de cargos contra el general (r) Henry Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coroneles, y otros diez oficiales, además de seis suboficiales por 303 falsos positivos que se presentaron en entre 2005 y 2008.
En la citación, la JEP indica que para mostrar más resultados operacionales en la lucha contra la subversión se puso en marcha un plan para reclutar personas que cumplieran ciertas características con el fin de retenerlos contra su voluntad para luego asesinarlos, ponerles un camuflado y armas de combate y reseñarlos como integrantes de grupos armados ilegales que delinquían en el departamento.
