Ser malo paga

El hombre sabe que nunca terminará en la cárcel. Es atracador, asaltante de comercios y raponero. A veces usa cuchillos y, en otras oportunidades, revólveres o pistolas, pero siempre acude a la violencia. Tiene claro que si le va mal en una de sus ‘jornadas de trabajo’, es decir, si lo capturan, solo estará fuera de las calles por pocos días. Confía como pocos en la inoperancia de la justicia colombiana. Y no se equivoca.

Si bien esto podría parecer una descripción de novela, lamentablemente es la realidad que hoy vive Colombia. Tristemente el país encabeza la deshonrosa lista de naciones con el mayor índice de delincuentes reincidentes. No se trata de un asunto menor. Las estadísticas demuestran que los bandidos sencillamente ya saben que sus jueces los dejarán libres. Incluso sin importar el número de veces que delincan.

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Las más recientes cifras evidencian ese panorama que afecta directamente a los ciudadanos. En Bogotá, en los últimos cuatro años, hasta finales de julio pasado, 26.865 bandidos fueron capturados en flagrancia, o sea, mientras cometían un delito. La mayoría se trataba de conductas como hurto a personas, entidades comerciales, tráfico de estupefacientes y homicidio. Lo increíble es que de esa cifra 25.333 habían sido detenidos en cinco oportunidades. Jamás pasaron más de un año tras las rejas. De ellos, 215 fueron arrestados en 13 ocasiones y el promedio de permanencia en prisión fue de 94 días. Otros 14 personajes de estos fueron capturados 34 veces y permanecieron en custodia tan solo 37 días antes de que un juez ordenara su libertad. Cuatro de los más peligrosos y buscados tienen el insólito récord de 52 arrestos en un periodo de 48 meses. Nunca duraron más de 20 días en la cárcel. La lista de casos es larga e indignante.

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“En la administración distrital nos preocupa que delincuentes capturados cometiendo delitos a mano armada, muchas veces reincidentes, queden en libertad a las pocas horas de capturados. Estas decisiones judiciales están afectando la seguridad ciudadana y, con toda razón, la percepción de inseguridad en las ciudades”, dijo a SEMANA, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, quien en varias oportunidades ha encendido las alarmas sobre este tema.

El asunto no es exclusivo de la capital. En Barranquilla, por ejemplo, las autoridades capturaron en los primeros ocho meses de este año a 4.907 personas. Pero solo 397 quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario, 646 recibieron detención domiciliaria y 3.864 fueron liberados: el 79 por ciento de los capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de detenidos que quedaron libres, 339 eran reincidentes capturados en al menos 5 oportunidades por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas.

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“Parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones hechas al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó a SEMANA un directivo de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas, aquellas que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria, a personas que cometieron delitos cuya condena sea menor a los ocho años. Antes de la reforma un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitía, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si era reincidente, así la pena no superara lo mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por causas objetivas que fija la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso solo fue populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia”, concluye. Lo único claro por ahora es que todo esto muestra que es momento de repensar de fondo la política criminal.