Demanda de pérdida de investidura enreda a representante del Guainía

El representante a la Cámara por el Guainía, Anatolio Hernández Lozano, del Partido de La U, fue demandado por una persona que trabajó con él en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien lo señala de indebida destinación de dineros públicos.

El demandante, Raúl Emilson López, entró a ser parte de la UTL en febrero de 2019 para ocupar el cargo de Asistente III, con un salario de 4.140.580 pesos.

López expone que se posesionó el 11 de febrero de ese año como miembro del equipo del representante. Sin embargo, según su abogado, “en días posteriores a su posesión fue citado al Congreso y allí le hicieron firmar aproximadamente diez u once documentos, 4 de los cuales al parecer contenían impresas las certificaciones del trabajo que mes a mes debería realizar”.

Agrega que nunca le indicaron explícitamente cuáles eran esas funciones que debía cumplir, ni le entregaron copia de ningún documento que indicara sus tareas. El demandante argumenta que esto es contrario al artículo 122 de la Constitución, que señala que “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.

López también expone que durante el tiempo que estuvo vinculado a la UTL del representante Hernández, “no realizó ninguna actividad laboral en el municipio de Puerto Inírida en Guainía, su ciudad de residencia, ni tampoco fue requerido por el señor representante a la Cámara para que realizara labor alguna”.

Sin embargo, aclara que sí estaba recibiendo el dinero del erario público, por lo que menciona que “se le pagaba el salario sin que ejerciera labor alguna por el cargo nombrado, cumpliera horario o acudiera a una sede de trabajo determinada”.

El problema surgió cuando, según menciona la demanda, López recibió órdenes de Hernández mediante una llamada de su asesor, Edward Hernández, también miembro de la UTL, en la que le pedía que hiciera entrega de 1 millón de pesos por cada pago que recibía a dos personas: Jaime Gaona Reina y Lorenzo Leyva García, a quienes efectivamente les llegó el dinero luego de la solicitud.

Según señala la denuncia, Jaime Gaona recibió esta cantidad de dinero en dos ocasiones, el 8 de mayo y el 5 de agosto de 2019, mientras que Leyva recibió este mismo monto el 1 de octubre de ese año.

Frente a los hechos, López decidió demandar al representante a la Cámara por indebida destinación de dineros públicos. Además, dice que presuntamente podría incurrir en falsedad ideológica en documento público porque mensualmente el congresista expidió las certificaciones con destino a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, en las que asegura que tanto López como los demás miembros de su unidad han cumplido a cabalidad las labores asignadas, lo cual, según argumenta el demandado, nunca pasó en su caso.

Según el Código Penal, el servidor público que en el ejercicio de sus funciones consigne una falsedad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y la inhabilitación de sus funciones públicas de 80 a 180 meses.

Por estos hechos, el demandante pide la pérdida de investidura para el representante a la Cámara por Guainía, ya que la indebida destinación de dineros es una causal para este hecho.

De ocurrir, el representante tendrá que dejar su curul, además de las sanciones que considere pertinentes en su momento el Consejo de Estado si llega a aprobar la denuncia y fallar en favor de López.

SEMANA intentó hablar con los implicados. López dijo que no se puede referir al caso por la demanda que está en trámite.

El representante Hernández, por su parte, manifestó en un comunicado de prensa que efectivamente López hizo parte de su UTL pero fue desvinculado porque “de manera reiterada incurrió en conductas ilícitas”.

Además, agrega que López pidió que no se le desvinculara y posteriormente amenazó a Hernández. “De manera retaliativa inventó situaciones falsas, con dos presuntos testigos falsos, refiriendo hechos que jamás se cometieron”.

El contrato de López finalizó en enero de 2020, según se menciona en la demanda, porque fue declarado insubsistente.