¿Cuáles son los escenarios de la demanda contra TransMilenio por la Séptima?

El viernes pasado SEMANA reveló la demanda que preparaba el Polo en contra del proyecto del metro de Bogotá y que fue radicada este martes ante el Consejo de Estado. Los argumentos apuntan a que el gobierno distrital no ha respetado los mandatos legales para evitar “catástrofes financieras”. Por eso, los concejales Xinia Navarro, Manuel Sarmiento, Celio Nieves y otros esperan que el proceso de licitación sea suspendido como medida cautelar.

Pero esa no es la única demanda que enfrenta el Distrito. Esta semana se conoció que el Juez 34 Administrativo Oral de Bogotá admitió la Acción Popular presentada el pasado 26 de febrero por la Concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde. La cabildante solicitó medidas cautelares para la suspensión de la licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima de Bogotá. Se trata de una obra que costará 2,4 billones de pesos y que irá desde la calle 32 hasta la 200. Tendrá 20 kilómetros de vías renovadas y más de 400.000 metros cuadrados de espacio público. Según ha dicho el Distrito, es una obra con la que los bogotanos van a pasar de dos horas y media de recorrido a 50 minutos y que podría beneficiar a 3 millones de capitalinos.

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Según explicó Rojas a SEMANA, el problema con esta troncal es que se van a vulnerar dos derechos colectivos: El derecho al goce de un ambiente sano y la defensa del patrimonio cultural de la Nación y el Distrito Capital. Sobre el primer derecho, Rojas argumentó que la obra iba a afectar irremediablemente el medio ambiente con la tala de 1.431 árboles, la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo de la fauna y la valorización de los inmuebles ubicados en inmediaciones de la Séptima. En cuanto al segundo, la concejala advirtió que las obras afectarán 16 bienes de Interés Cultural, entre los que está el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

Rojas dijo además que se debería tramitar ante IDPC una autorización para cada uno de estos bienes y no un concepto general como se hizo hasta ahora: “Por eso es aún más grave que el propio IDPC lo haya hecho mal. No sólo porque debía ser bien por bien, sino porque tampoco cumplió con lo que la ley exige para otorgar la autorización. Tan es así, que es increíble que el IDPC tenga los reparos que tú misma citas y aún así haya dado ese tal concepto previo favorable”.  

La cabildante agregó que el único que cuenta con autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural es el Parque Nacional, pero, según ella, en ese documento se expone que la intervención es de 10.74 metros de ancho, mientras que en la cartografía del IDU está en cerca de 40 metros de ancho, así que esta modificación necesitaría una nueva autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural.

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) también radicó un derecho de petición para que el IDU explique cuáles son los Bienes de Interés Cultural que se verán afectados por el proyecto y establece que en varios de ellos es necesario replantear los trazados prediales, los diseños de zonas duras y blandas, aclarar los materiales a usar y en general modificar las fichas técnicas presentadas por Ingetec S.A., la consultora del proyecto. 

El IDPC además solicitó que para los bienes de Interés Cultural de la Embajada del Perú y la casa Museo del Chico se debe presentar anteproyecto detallado y un análisis de la totalidad de la topografía, ya que no cuentan con estudios de detalle.

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Esta no es la primera vez que el proyecto de TransMilenio por la séptima recibe críticas o demandas. Como respuesta a esta se creó un movimiento de ciudadanos Defendamos la séptima que puso una acción popular pero fue rechazada. Lo mismo pasó con la que fue presentada por los congresistas Angélica Lozano, David Barguil y Rodrigo Lara.Esta vez la acción popular fue aceptada, pero el juez aún no ha concedido las medidas cautelares, sino que espera escuchar la versión del Distrito, que tiene 5 días para responder.

No se sabe tampoco cuándo saldrá el fallo. Algunos consideran que lo ideal sería antes de que la obra fuera adjudicada. Sin embargo, podría suceder lo mismo que con el fallo de la renovación de la flota de TransMilenio. Después de que esta fue contratada, el tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que en efecto había un daño en contra de los proponentes de buses eléctricos. Pero para entonces ya no había nada qué hacer. Sólo quedaba esperar la posibilidad de recibir una demanda multimillonaria contra las arcas del Distrito.

Otro posible escenario en dado caso de que se falle después la licitación tiene que ver con que el juez que ordene rediseñar la obra. Y por último, está la opción de que el juez falle a favor de la alcaldía y la obra continúe su curso.  

De prosperar, esta demanda contra la Séptima y la presentada por el Polo contra el metro podrían llegar a ser dos duros golpes para el alcalde Enrique Peñalosa pues se trata de dos de sus mayores banderas en materia de movilidad. El IDU publicó un comunicado en el que asegura que respeta las acciones jurídicas interpuestas contra el proyecto, pero pide "que no se desconozcan los beneficios del mismo, ni mucho menos que se permita que la discusión se plantee desde los intereses políticos o electorales de unos pocos, sin pensar en las necesidades de los ciudadanos".

El IDU agregó que confía en el criterio de los Jueces, y en las decisiones equilibradas, estudiadas y razonables que se tomen con respecto a las demandas interpuestas. "En todas las demandas interpuestas (tres) se han negado las medidas cautelares, pues no se ha tenido certeza o pruebas de un “inminente peligro o perjuicio irremediable contra los derechos o intereses colectivos de los ciudadanos” asociados a la realización del proyecto de TransMilenio por la Carrera Séptima", aseguran. Mientras los jueces deciden, el proceso de licitación de esta obra seguirá avanzando.