Demanda pide anular nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Reino Unido, por falta de experiencia y proceso disciplinario pendiente

SEMANA conoció en primicia la demanda que pide declarar nulo el nombramiento de la exministra de Minas, Irene Vélez Torres, como cónsul General de Colombia en Reino Unido. En la acción judicial, presentada por el exsuperintendente Andrés Barreto González, se pide una medida cautelar de urgencia para suspender los efectos del decreto No. 0564 del 3 de mayo de 2024, que oficializó la designación hasta que se tome una decisión de fondo.

En la demanda de 16 páginas se advierte que en el mencionado nombramiento se presentaron varias irregularidades, entre estas, el hecho que Vélez no cumple con la experiencia para ser cónsul, que no hacía parte de la carrera diplomática y consular de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores; para el momento de la emisión del decreto, había personas en lista que sí cumplían con los requisitos exigidos.

Para el demandante, en el nombramiento de Irene Vélez se incurrió en un desconocimiento del principio de imparcialidad, falsa motivación, desconocimiento del principio de especialidad, e incumplimiento en los conocimientos y experiencia para el cargo de consejero de relaciones exteriores.

A esto se le suma el hecho que se intentó, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer un movimiento para designar a Vélez, pocos meses después de su salida del Ministerio de Minas, en un cargo de provisionalidad a todas luces irregular. “Se da en contravía del sistema de carrera”.

Reseñando así que la mencionada figura de provisionalidad se utiliza en un caso extremo y excepcional, aplicándose únicamente cuando las vacantes “no puedan ser provistas por funcionarios de carrera, no hay regulación sobre la materia o cuando no hay concursos de méritos para ingresar al mismo”.

Algo que no sucedió en esta oportunidad, pues existe -según respondió el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores- personas en lista y escalafón con los estudios requeridos y con experiencia. “Debe declararse la nulidad del decreto 54 de 3 de mayo de 2024, porque su expedición se torna en ilegal por desconocer la norma en la que se sustenta su expedición y retirase del servicio a la señora Irene Vélez Torres”.

“En ese caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe actuar teniendo en cuenta que la finalidad de estos cargos, consistente en asegurar y garantizar precisamente los derechos de los funcionarios de carrera, sin tener en consideración factores de interés, en este caso de índole político, así como cualquier clase de motivación subjetiva”, advierte.

En otro de los apartes de la demanda se señala que la normatividad es clara cuando se fijan los conocimientos básicos que debe tener un cónsul o embajador, entre los que se encuentran política exterior y relaciones internacionales; manejo del protocolo y ceremonial diplomática; hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas.

“Conocimientos que cabe precisar se adquieren en el marco de formación de la Carrera Diplomática y que, a todas luces no cumple a cabalidad la señora Irene Vélez, porque son aspectos que conciernen a asuntos relativos a la política migratoria del Estado Colombiano, a evaluación de la política exterior en materia de relaciones bilaterales o multilaterales, así como de asesoramiento para el fortalecimiento de la defensa jurídica internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, en temas que atañen el derecho internacional”, alega la demanda.

Tras revisar la hoja de vida, que se encuentra en la página de la Presidencia, Irene Vélez es profesional en Filosofía, tiene una maestría en estudios culturales y un doctorado en Geografía Política y Humana. Es decir, sus estudios no son afines a los que exige la normatividad.

El demandante recordó que el 14 de febrero de 2023, el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Marisol Rojas Izquierdo como consejera de relaciones exteriores adscrita al consultado de Colombia en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Mientras se resuelve la demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Irene Vélez tiene pendiente presentarse en un proceso disciplinario en la Procuraduría General por un presunto tráfico de influencias. Los hechos investigados se presentaron el 18 de enero de 2023, cuando la entonces Ministra habría intentado utilizar su cargo para presionar a funcionarios de Migración Colombia con el fin que dejaran salir del país a uno de sus hijos menor de edad que no tenía la documentación al día.