Demandan a dos ministerios y dos entidades más del Estado por caso de La Mojana

Desde que se presentó el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’, el 27 de agosto del 2021, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), la Defensoría del Pueblo ha realizado diferentes exhortos a las autoridades, pero a pesar de los esfuerzos, la vulneración de derechos en las comunidades de La Mojana se mantiene, dijo la entidad a través de un comunicado.

Según datos oficiales, en esa región hay 40.000 familias perjudicadas, 47.000 hectáreas de cultivos afectadas, 3.000 viviendas averiadas y 500 destruidas. “Los pobladores de La Mojana nos dijeron que estaban hastiados de tanta burla frente a la falta de soluciones. Por eso, como Defensoría del Pueblo, instauramos una acción popular para que se protejan los derechos de las comunidades afectadas por las inundaciones”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que busca restablecer los derechos e intereses colectivos de 500.000 habitantes de La Mojana (11 municipios de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia), afectados por las inundaciones.

“La situación que viven los pobladores no da espera, es imperativo adoptar medidas contundentes, por eso interpusimos una acción popular, para proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades que a la fecha siguen siendo vulnerados”, dijo Camargo.

La demanda, que deberá estudiar el Tribunal, es contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Fondo de Adaptación.

Antes de tomar esa decisión, la entidad defensora de derechos humanos señala que hicieron varias actividades que buscaban defender a la comunidad, entre ellas una visita humanitaria, en la cual se evidenció que las obras adelantadas no han sido efectivas para dar una solución a las inundaciones que afectan a 11 municipios. Aunque por años las inundaciones en esta región han sido recurrentes, a la fecha no se cuenta con soluciones definitivas.

El 25 de enero pasado, la entidad exhortó nuevamente al Gobierno Nacional y a la Ungrd a encontrar una solución definitiva a la problemática de La Mojana.

La entidad asegura que ha realizado más de 10 visitas de seguimiento; en múltiples ocasiones ha radicado oficios ante las diferentes autoridades solicitando información sobre el estado de la situación y reiterando la necesidad de tomar medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

A finales de noviembre del 2022, la Defensoría convocó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre), en la cual participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, la Gobernación de Sucre, la Alcaldía de Sucre, el Ministerio del Interior y las comunidades de la región de La Mojana.

En agosto del 2022, el Defensor del Pueblo le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que atendiera de forma oportuna la emergencia y adoptara medidas definitivas para solucionar la problemática.

Así mismo, la Defensoría ha participado en los Puestos de Mando Unificado (PMU), en el desarrollo de la protección de los derechos humanos, y ha realizado múltiples requerimientos a los municipios, gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regionales, al Fondo de Adaptación y la Ungrd, con el fin de acompañar a la comunidad, solicitando información sobre los avances de las obras de emergencia y atención oportuna y eficaz de la problemática.

De igual manera, se adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre) con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar lo causado por las inundaciones; además, para identificar alternativas encaminadas a la protección de los derechos de las comunidades.

Finalmente, Camargo deja claro que con la acción constitucional presentada por la Defensoría del Pueblo busca proteger los derechos que se vienen vulnerando desde agosto del 2021 a las comunidades afectadas de La Mojana.