JUSTICIA
Demandan elección del fiscal Néstor Humberto Martínez por haber ocultado información de Odebrecht
Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas piden al Consejo de Estado que anule la elección del actual fiscal por haber omitido información “grave y relevante” al Consejo de Estado antes de ser elegido.
El pasado viernes ha sido uno de los días más difíciles para Néstor Humberto Martínez desde que asumió el cargo de Fiscal General de la Nación. Al mismo tiempo que miles de personas salieron a las calles para pedir su renuncia, se presentó una demanda en el Consejo de Estado en la que se pide que Martínez sea retirado de su cargo.
La demanda, presentada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Comisión Colombiana de Juristas pide la nulidad del Acuerdo 871 de 2016 con el que en 2016 la Corte Suprema de Justicia eligió al hoy Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Los abogados que presentaron la demanda sostienen que la Corte Suprema de Justicia basó su decisión de elegir a Martínez en información incompleta e insuficiente. “El actual fiscal no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido. De esta manera a través de la figura de anulación electoral piden que se anule el acto de elección”, señala un comunicado de los solicitantes.
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De acuerdo a los demandantes, existen suficientes evidencias que indican que cuando Martínez fue ternado por el entonces Juan Manuel Santos para el cargo de Fiscal, él no le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016), conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados.
Según los abogados las pruebas claves de que el fiscal tenía conocimiento de un posible caso de corrupción son las grabaciones de las conversaciones entre Jorge Pizano, el controller de Cofricolombiana, y Martínez, que en esa época era abogado y asesor jurídico del Grupo Aval, principal socio de Odebrecht para la construcción de la mega obra vial Ruta del Sol II.
“Desde ese momento el país supo que Martínez sí estaba enterado de hechos que formaban parte de la trama del mayor escándalo de corrupción de la región, específicamente en la ejecución de ese contrato -que envuelven más de $33.000 millones de pesos y a varios de sus anteriores clientes- y que incluso, como el mismo Fiscal Martínez le afirmó a la opinión pública, se le habría encomendado la redacción de un contrato de transacción para conciliar los dineros “mal gastados” entre Odebrecht y los demás miembros de la concesión”, explica el comunicado.
La demanda indica que cuando Martínez era uno de los ternados para ocupar el cargo de Fiscal General, junto con Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, él omitió dicha la omisión de información a la Corte Suprema de Justicia impidiéndole a los miembros de esta entidad conocer “magnos conflictos de interés potenciales y aparentes” que hubieran sido claves para evaluar su idoneidad para el cargo.
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“Cuando Néstor Humberto Martínez, en su rol de ternado, le ocultó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia su grado de conocimiento de hechos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht y la vinculación en el mismo de empresas y personas cuyos intereses había defendido, llevó a que los magistrados consideraran que él estaría en las mejores condiciones para desempeñar las funciones propias del cargo, sin que pudieran analizar las consecuencias de sus conflictos de interés potenciales y aparentes en el caso de corrupción más importante del siglo en Colombia y Latinoamérica y que podría incluso ser investigado por su involucramiento en el mismo”, explican los demandantes.
Para los demandantes, un fallo a su favor serviría para resolver la crisis institucional de la Fiscalía por la falta de confianza de los ciudadanos en esta entidad. “Toda la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación está en entredicho y una democracia no puede funcionar cuando uno de sus principales funcionarios tiene a su deber la investigación de los delitos. Eso es insostenible y por eso la demanda está orientada para que se pueda recuperar la credibilidad en la justicia porque en este momento Néstor Humberto Martínez no es un fiscal creíble”, explicó Rodrigo Uprimny, socio fundador de Dejusticia.
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Los abogados también señalan que la resolución de esta demanda también podría generar jurisprudencia y crear un precedente sobre cómo se manejan los conflictos de interés y los efectos de la puerta giratoria en la política colombiana.