Demandan nuevamente el polémico Jóvenes en Paz, el programa impulsado por la Presidencia que “pagará por no matar”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó el pasado 18 de diciembre la corrección de la demanda contra la creación del programa Jóvenes en Paz, el cual se basa en “pagar por no matar”. En la acción judicial, radicada ante el Consejo de Estado, se pide anular y suspender los efectos del Decreto 1649 firmado el 12 de octubre por el presidente Gustavo Petro Urrego.

Pese a que el alto tribunal le había inadmitido la demanda por problemas de forma, el también excandidato a la Alcaldía de Cali presentó nuevamente el documento con las correcciones solicitadas por el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, quien deberá resolver en los próximos días si admite o no la demanda.

En sus argumentos, Ruiz Orejuela -quien también fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura- advirtió que el decreto firmado incurre en una violación al principio de igualdad sobre los jóvenes que se ubican en área urbana y por conceder la transferencia económica solo a quienes sean beneficiarios del componente educativo y de trabajo comunitario, excluyendo a los beneficiarios de componentes de emprendimiento y salud mental.

“El Decreto demandado entró en vigor el pasado 12 de octubre de 2023 y desde su entrada en vigencia impacta de forma negativa en el ordenamiento jurídico al (i) generar una discriminación negativa respecto de los jóvenes de las zonas urbanas, donde la misma memoria justificativa indica que la mayoría de jóvenes del país, se ubican en dicha zona, asimismo, se detecta una desigualdad de trato en cuanto a los jóvenes destinatarios de los componentes de salud y emprendimiento, quienes no podrían disfrutar de la transferencia económica recibiendo un trato desigual respecto de aquellos destinatarios de los componentes de trabajo comunitario y educación”, señala uno de los apartes de la demanda.

En otro de los puntos principales se cuestiona el hecho que el programa cuenta con una “una perversa finalidad y por desviar la finalidad de transferencia económica cuyo fin es exclusivo de pagar la dedicación a las actividades y suplir las carencias alimentarias de los participantes y no estimular la participación que es lo que pretende el decreto demandado”.

La demanda va dirigida en contra de los Ministerios de Hacienda y de Defensa, los cuales -según dicta el decreto- tienen la misión de impulsar lo contenido en el polémico programa cuya ejecución tiene un valor de 1,2 billones de pesos anuales.

“De acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias sería de $ 1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar para otros sectores dentro de la ruta de atención”, manifestó la misma cartera de Crédito Público el pasado 22 de agosto.

Después de la firma del decreto, e innumerables cuestionamientos, la Presidencia de la República, en sus redes sociales, compartió varios relatos de jóvenes que, al parecer, ingresaron a Jóvenes en Paz.

“Yo vengo de una familia donde mi sueño era ser el dueño de la olla o fletero, ser ladrón, delinquir, pero pues gracias a que ingreso a Jóvenes en Paz y empiezo a ver que la cultura, el arte, transforma vidas, pues me encamino. Gracias a la cultura, a multiplicar el conocimiento, que gracias a Jóvenes en Paz me cambió la vida y me transformó”, dijo uno de los jóvenes.

Y otro señaló: “No me pagaron simplemente por dejar de matar o de robar, simplemente me pagaron por estudiar y por cambiar mi vida. Los invito a todos ustedes a que participen en Jóvenes en Paz, vamos a hacer el cambio en nuestras vidas”.