El Estado demandado y sin plata: ¿qué hacer?

Demandar a la Nación cuando los derechos ciudadanos han sido afectados es un mecanismo propio de un Estado de derecho. Aunque la mayoría de denuncias contra el Estado son de buena fe, se han visto algunas demandas que, en caso de que perdiera la Nación, habría que feriar el país.

Para contener el desangre de las arcas estatales, en 2011 se creó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y sus resultados han sido satisfactorios. En los últimos cuatro años, la tasa de éxito aumentó 10 puntos. Es decir, en 2013 el Estado solo ganaba el 45 por ciento de los litigios, hoy gana el 55 por ciento.

Asimismo, en los casos que perdía, si los demandantes pretendían ganar 100 pesos, en 2013 el Estado terminaba pagando 40 pesos. Hoy paga 20. En otras palabras, en la actualidad el Estado gana más demandas y paga menos por las que pierde.

No obstante, el problema es que la situación ha degenerado en círculo vicioso. En 2013, la Agencia contaba 300.000 demandas por 191 billones de pesos. Las proyecciones para finales de 2017 son el doble de demandas por más de 340 billones de pesos.

Y eso sin contar un caso especial, una acción de grupo que pretende representar a todos los desplazados del país (unas 6 millones de personas). Y lo más curioso no es que se interpongan demandas de este tipo, sino que el Tribunal de Cundinamarca la haya admitido en 2015.

Para esa fecha, el abogado demandó por 3.000 billones de pesos. A datos de hoy, la cifra asciende a 3.358 billones de pesos. El número es tan exorbitante que no cabe en la mayoría de sistemas administrativos.

Esa cantidad representa nada más y nada menos que 3,7 veces el PIB total nacional, y más de 15 veces el presupuesto de la Nación para 2017.

Este caso es definitivamente particular. Sin embargo, hay otros que no se quedan atrás. Hoy hay abogados en Colombia que han demandado al Estado 700, 1.000 y hasta casi 2.000 veces.

Actualmente, las entidades más demandadas son Colpensiones, con más de 148.000 procesos en su contra, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con casi 63.000 procesos y el Ministerio de Defensa, con 36.000.

Y uno de los problemas más graves es el tiempo que se demoran los entes estatales en pagar sus deudas por demandas. Como cada vez los demandan más y por más plata, la deuda del país solo por intereses será enorme dentro de 5 años.

“La cancha está desnivelada en contra del estado, y eso solo se nivela con reformas legales urgentes”, dijo a SEMANA Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica.

La entidad propuso varias medidas ante la Comisión del Gasto, para lograr mitigar el impacto fiscal de las demandas multimillonarias contra un Estado que se ha declarado en austeridad.

Primero, la Agencia propone que se debe reformar el sistema para que el Estado no sea automáticamente responsable en los casos de privación injustificada de la libertad. En este momento la Fiscalía enfrenta 11.000 procesos solo por esta causa, por 17 billones de pesos.

Segundo, que en caso de desplazamiento forzado, la ley de víctimas represente una indemnización de cierre, es decir, que el Estado no termine pagando doble.

Tercero, que los intereses por mora que paga el Estado no sean comerciales, pues esto multiplica desaforadamente la deuda.

Cuarto, que las acciones de grupo cumplan realmente el principio de causa común, es decir que haya una relación de tiempo, modo y lugar.

Quinto, que los abogados que obren de mala fe, promuevan litigios innecesarios e inflen las pretensiones sean sancionados disciplinariamente.

Y, sexto, que los jueces y magistrados que abusen de sus funciones sean sancionados efectivamente.

Para que estas medidas se hagan efectivas son necesarias varias reformas legales. El futuro no pinta fácil, pero sin duda es un problema que hay que resolver a corto plazo. Sobre todo ahora que el país está enfrentando una difícil reforma tributaria.