NACIÓN
“Demonios más grandes hemos enfrentado”, alcalde Daniel Quintero desafía a contratistas de Hidroituango
El mensaje del mandatario de la capital de Antioquia se da en medio de la controversia por un eventual cambio de contratistas en el megaproyecto.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió este domingo contra los contratistas del megaproyecto Hidroituago. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario local afirmó que los constructores de la obra pretenden intimidar a su administración con dinero, demandas, estrategias dilatorias y financiando los comités que buscan revocar su mandato.
”Contratistas creen que con plata, demandas, estrategias dilatorias y financiando revocatorias van a acobardarnos. Demonios más grandes hemos enfrentado y aquí estamos”, señaló el alcalde a través su cuenta de Twitter.
Contratistas creen que con plata, demandas, estrategias dilatorias y financiando revocatorias van a acobardarnos. Demonios más grandes hemos enfrentado y aquí estamos.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 31, 2021
El trino del mandatario de la capital de Antioquia se da en medio de la controversia por un eventual cambio de contratistas en el megaproyecto y luego de que las empresas Conconcreto S. A., Coninsa Ramón H. S. A., Construções e Comercio y Camargo Correa S. A., miembros del consorcio CCC Ituango que adelanta las obras, radicaran ante la Fiscalía General una denuncia penal en su contra.
La denuncia fue presentada por el abogado Fabio Humar en representación de las tres empresas. La razón de la acción es por injuria y calumnia, toda vez que el abogado sostiene en el documento que estas sociedades –las que integran el consorcio– “están dedicadas a la construcción de obras civiles desde hace varias décadas, caracterizándose por ejecutar obras con altos estándares técnicos, con total apego a las regulaciones financieras, técnicas y jurídicas, de forma transparente y ética”.
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Humar señala que, si bien “se presentaron algunos inconvenientes en la ejecución de la obra, por ocurrencia de eventos relacionados con caso fortuito y fuerza mayor, y por situaciones anteriores a la vinculación del Consorcio CCCI al Proyecto Hidroituango”, ha hecho afirmaciones que “no tienen fundamentos fácticos, judiciales o administrativos para sustentar tales afirmaciones”.
De acuerdo con la sustentación de la denuncia penal, “Quintero se ha empeñado en maltratar el nombre de las compañías, por lo que tiene dos opciones: o retractarse o ser condenado hasta por 8 años de prisión”.
En el texto de la acción judicial se agregan como pruebas las distintas afirmaciones que ha hecho el alcalde. Una de ellas es justamente la columna que publicó en la revista SEMANA, titulada ‘Que paguen’, en la que, según el documento, el alcalde “se atrevió a comparar a mis poderdantes con el tristemente célebre Fabio Puyo Vasco, condenado por actos de corrupción en la represa del Guavio por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público, falsedad ideológica y falsedad en documento privado”.
La semana pasada, el consorcio también recusó a Quintero ante laProcuraduría para que se aparte de decisiones que se tomen sobre Hidroituango.
A través de un oficio de recusación radicado el 26 de octubre, el abogado del consorcio, Santiago García Cadavid, solicitó que se reconozca la existencia de un impedimento para que el alcalde tome decisiones sobre las actividades de construcción de la presa, central y obras asociadas al proyecto Hidroituango.
En la recusación, el consorcio pide que el alcalde se abstenga de intervenir en las reuniones de la Junta directiva, en las que se discuta sobre las actividades de construcción. Además, piden que el mandatario se abstenga de participar en las reuniones en las cuales se toman decisiones acerca de la manera como se va a continuar la ejecución de las obras de construcción.
La Procuraduría tendrá unos días para decidir sobre la recusación, teniendo en cuenta que el abogado del consorcio constructor pidió dar curso a la entidad, en caso de que a través del oficio radicado no se acepte reconocer la existencia de un impedimento para la intervención del alcalde.