Denuncia ante Human Rights Watch por desatención del Gobierno Petro ante grave situación de orden público en Colombia

En una carta enviada a Human Rights Watch División Américas, el senador David Luna hizo una grave denuncia por la grave situación de orden público que se vive en varias regiones de Colombia.

El congresista le pide al organismo que aplique su influencia y plataforma internacional con el fin de exigirle al gobierno de Gustavo Petro que cumpla con su deber de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos.

“En los últimos meses hemos sido testigos de un deterioro significativo en la seguridad, manifestando en un asunto de la violencia, el crimen organizado y las violaciones a todos los derechos humanos”, señala la carta firmada por el congresista.

En otro de los apartes de la misiva enviada ante Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch División Américas, se advierte el aumento considerable de ataques contra la población civil y los agentes de la fuerza pública.

“Solicito respetuosamente que la organización que usted dirige utilice su influencia y plataforma internacional para exigir al Gobierno nacional de Colombia que cumpla con garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos”.

Para el senador Luna, desde el Estado se está desconociendo la gravedad de los hechos en materia de orden público en varias regiones de Colombia.

“La población civil, especialmente en las regiones más vulnerables, está siendo gravemente afectada por la falta de respuesta efectiva y la complacencia por parte de las autoridades competentes”.

Así como la poca respuesta del Estado que no ha atendido los llamados de los mandatarios locales ante estos continuos ataques y el crecimiento de organizaciones criminales en varias regiones que tienen una lucha por el territorio para continuar con el tráfico de droga y seguir realizando todo tipo de actividades delictivas.

“Durante el último año se han registrado múltiples masacres en diversas regiones del país. Solo en 2024 se han reportado al menos 39 masacres, con un saldo de 128 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños inocentes. Estas cifras son alarmantes y reflejan una situación de violencia descontrolada”, asevera el congresista.

En otro de los apartados de la carta se pone de presente el aumento del reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, así como la falta de acciones para resolver esta problemática.

“El secuestro también ha resurgido como una práctica común entre los grupos armados. Durante el último año se han reportado más de 60 víctimas de este delito e, incluso, 15 personas fueron secuestradas en un solo día en el departamento de Arauca”.

Citando las cifras del VII Reporte Humanitario, en el primer semestre de este 2024 se registraron 605 incidentes violentos relacionados con el conflicto armado. De esta cifra, 328 constituyen una violación a los acuerdos del cese al fuego que emitió el Gobierno Petro.

“Es imperativo que el Gobierno nacional adopte un plan de acción urgente y efectivo para garantizar la seguridad y protección de la población civil. Sin embargo, la complacencia del presidente con los grupos al margen de la ley ha imposibilitado que se cumpla este objetivo”, indica el senador.