Denuncia: Claudia López gasta 6.700 millones de pesos en la oficina de comunicaciones de la Alcaldía

Desde que llegó a la Alcaldía de Bogotá, el primero de enero de 2020, Claudia López se ha mostrado particularmente obsesionada con el manejo de su imagen y sus comunicaciones. A cada episodio de crisis responde con videos en los que aparece con voz quebrada, vestida con sacos de Kung Fu Panda, una ruana, la capa del Principito y un libreto calculado.

Más de un año y medio después, poco o nada queda de la entonces candidata que se vendió como una mujer hecha a pulso y una política austera, que prometió el cambio y reconciliar a la capital del país. Por el contrario, los excesivos gastos en materia de comunicaciones e imagen y su estilo abiertamente confrontacional la están desdibujando.

SEMANA conoció que la mandataria invierte anualmente 6.700 millones de pesos (unos 541 millones de pesos mensuales) en el funcionamiento de la llamada Oficina Consejería de Comunicaciones, adscrita a la Secretaría General, una dependencia de la confianza de Claudia López. Esta cifra no incluye el presupuesto destinado para pauta publicitaria en medios. El gasto sorprende teniendo en cuenta los llamados a la austeridad que en el pasado y aún hoy sigue haciendo la alcaldesa para referirse a los demás.

El último lo emitió esta semana cuando recordó los cuatro años de la consulta anticorrupción e insistió en que a los congresistas se les debe reducir su salario. Toda la planta de la Consejería cuesta anualmente unos 704 millones de pesos (sin incluir primas, vacaciones y cesantías), y los contratistas valen unos 6.000 millones de pesos.

Como la alcaldesa dice ahora que toda la plata está volcada en la atención social de la pandemia, los dineros invertidos en comunicaciones servirían para darles un subsidio de 37.000 pesos (el más bajo contemplado en el programa Bogotá Solidaria) a 181.337 personas. Si bien es cierto que ella está en la obligación de comunicar de la mejor manera posible sus decisiones, la austeridad que predica no la aplica, y menos en tiempos de pandemia y crisis económica cuando cada peso público es vigilado con una lupa aún mayor que en el pasado.

El equipo de Claudia López en materia de imagen y comunicaciones se compone de 100 personas (incluyendo 15 funcionarios de planta), entre abogados, periodistas, community managers, camarógrafos, videógrafos, fotógrafos, personal administrativo, para organizar eventos, un presentador para las transmisiones en Facebook Live y hasta un experto en asuntos estadísticos y dedicado de lleno al seguimiento de las encuestas, lo que parece ser la mayor preocupación de la alcaldesa debido a su caída libre en estas.

Un equipo digno de una rockstar. El grupo audiovisual está integrado por 13 personas (una inversión de 772 millones de pesos al año), y el de redes sociales por ocho (cuyo costo asciende a 425 millones de pesos anuales). Adicional a ello, la Secretaría General contrató a 15 personas para la gestión del contenido del portal www.bogota.gov.co, por un valor de 985 millones de pesos al año. Aunque la Oficina Consejería de Comunicaciones es dirigida por una funcionaria nombrada por la alcaldesa, con una larga experiencia en asuntos periodísticos, la mandataria decidió contratar aparte a tres asesores más, que le cuestan al erario 604 millones de pesos al año.

Los tres, a simple vista, parecen cumplir la misma tarea: lograr que la alcaldesa se conecte bien con los ciudadanos, pese a que se han vuelto reiteradas sus salidas destempladas, como la que tuvo con una humilde mujer, vendedora ambulante, a la que despectivamente le dijo “trabaje juiciosa, sumercé” cuando ella le pidió una ayuda.

El contrato más elevado, y criticado por concejales de la oposición, es el de Marylin López, quien fue jefe de prensa del entonces presidente Juan Manuel Santos. Ella es una reconocida experta en manejo de crisis y llegó a la Alcaldía justo a tratar de apagar los incendios que la mandataria ocasiona con sus salidas en falso y sus choques con periodistas que la critican. Pero poco o nada le han servido los consejos a la alcaldesa.

El otro asesor en comunicaciones es Fernando Rojas Parra, politólogo de profesión, y que, además del contrato con la Secretaría General de 160 millones de pesos por nueve meses, tiene dos contratos más con otras entidades de la Alcaldía: uno con TransMilenio de 78 millones de pesos por cinco meses (para asesorar en temas operativos y estratégicos); y otro con la Secretaría de Movilidad de 111 millones de pesos por seis meses y medio (para ayudar en la formulación de políticas de transporte e infraestructura en la ciudad).

El tercer asesor en materia de imagen es el abogado Augusto Reyes, de la firma Poder y Poder, quien acompañó a Claudia López en la campaña a la Alcaldía en 2019. Reyes está contratado con 122 millones de pesos por 11 meses y, entre sus funciones, ayuda a la alcaldesa en el manejo de crisis. Fuera de estos tres asesores, la Consejería de Comunicaciones cuenta con otros contratistas que devengan hasta 17 millones de pesos mensuales. No hay duda de que todos los profesionales que trabajan en la Consejería de Comunicaciones poseen experiencia, estudios, méritos y cumplen con los requisitos exigidos. Muchos de ellos cuentan con reconocidas trayectorias en medios y comunicación política y estratégica. La crítica va hacia el doble discurso de austeridad y derroche que maneja Claudia López frente a los ciudadanos.

Asimismo, este andamiaje en su equipo de comunicación e imagen contrasta con la crisis denunciada en Canal Capital: no se les ha renovado el contrato a decenas de técnicos, camarógrafos y, en general, a todo el equipo de producción que durante años trabajó con dedicación por la televisión pública. La apuesta es tercerizar las producciones del canal, entregándolas en su mayoría a unos cuantos contratistas, mientras la franja de opinión quedó en manos de activistas, algunos de ellos con intenciones de llegar al Congreso. ¿Les están pavimentando la campaña con el dinero de los ciudadanos?

Aparte de estas 100 personas de la Consejería de Comunicaciones, se suscribió un contrato con el operador logístico Imacorpacto de 6.828 millones de pesos y por un plazo de ocho meses. El contrato se inició el pasado 24 de abril y termina el 23 de diciembre. Con dicho operador se efectúan los eventos en la ciudad donde participa exclusivamente la alcaldesa. La empresa debe garantizar desde las carpas hasta el sonido, pasando por las sillas, los tintos y los pasabocas.

Adicionalmente, la Secretaría General adquirió durante la pandemia un equipo de streaming para las transmisiones en vivo de la alcaldesa. Cuenta con una unidad portátil para transmisión, un servidor receptor de señal en vivo, un sistema para producción audiovisual y una consola de audio digital. El equipo costó 356 millones de pesos. El proceso fue adjudicado el 23 de diciembre de 2020 a Istronyc Comunicaciones S. A. S. mediante un proceso de selección abreviada de subasta inversa.

La inversión de Claudia López en esta sofisticada infraestructura de comunicaciones para su despacho choca también con la insólita respuesta que le dio esta semana al reconocido empresario Mario Hernández, a quien le dijo que, prácticamente, no había plata en la ciudad para lujos como reparar las vías, pues todos los recursos estaban destinados a tapar “los huecos” en los estómagos de los más necesitados. La alcaldesa, ante la lluvia de críticas, borró el trino, reconoció que su respuesta no fue la más adecuada y pocas horas después anunció que iba a cubrir 4.000 huecos.

La vanidad y la intolerancia ante las críticas parecen acompañar infortunadamente el día a día de la mandataria, que se comporta al vaivén de lo que cree percibir en la opinión pública. En octubre de 2019, no fue elegida precisamente para ello, sino para sacar adelante una ciudad tan compleja como Bogotá. Los ciudadanos empiezan a perder la paciencia con los videos producidos y las respuestas libreteadas de la mandataria, que no responden a las graves necesidades de los habitantes, atormentados por la inseguridad y en medio de la peor crisis sanitaria, social y económica de la historia reciente.

En abril de 2020, el 89 por ciento aprobaba la gestión de López. En 15 meses ese indicador se desplomó estrepitosamente en 39 puntos porcentuales y llegó al 50 por ciento en junio pasado. Por su parte, la desaprobación a la tarea de la alcaldesa se disparó 38 puntos porcentuales al pasar del 9 al 47 por ciento, entre abril de 2020 y junio de este año. Esa caída en la popularidad es un reflejo del momento crítico por el que atraviesa la mandataria, más interesada en pelear constantemente con el Gobierno, los concejales, los empresarios y todo aquel que la critique que en atender los problemas de la ciudad. Y, por más vanidad y derroche en asesores, producción de videos, equipos y libretos, nada mejorará en Bogotá si la alcaldesa no cambia. La realidad es difícil de maquillar.