Denuncia: Por más de diez años SAE ha enredado firma de escrituras de inmuebles que compró por subasta

Los bienes incautados a narcotraficantes pueden volverse una oportunidad económica para el Estado. Una posibilidad de recuperar parte de los dineros que se invierten en la lucha contra las drogas y que de manera colateral también termina golpeando la corrupción que se ha ido metiendo a algunas de las instituciones públicas, de vigilancia y seguridad.

Una de esas posibilidades se abre paso a partir de las subastas que hoy por hoy se hacen a través de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), una sociedad de economía mixta que administra bienes especiales que están en los caminos de la extinción de dominio y vinculada al Ministerio de Hacienda. Esta permite que algunos ciudadanos puedan adquirir algunos de esos bienes incautados al narcotráfico.

Por lo menos Luis Jaime Salazar y Lena Business creyeron en esta posibilidad y se hicieron a la subasta de tres inmuebles incautados a narcotraficantes, y ubicados en Medellín, en 2008, pero eso se volvió un verdadero martirio por la desidia, la negligencia en las respuestas y las trabajas puestas para que se firmen las escrituras de lo que adquirieron hace 14 años.

Cuando Lena Business fue a firmar estos documentos se encontró que el bien adquirido estaba embargado, y el embargo se levantó en el 2011. Con otros dos bienes adquiridos: uno por Salazar y otro por Lena, también se empezaron a generar trabas para aclarar la situación documental. Y aunque Salazar inició un proceso para resolver las situaciones de las tres propiedades, el camino no ha sido próspero.

Entre 2008 y 2014 el manejo de este tipo de propiedades estaba bajo la tutela de la Dirección Nacional de Estupefaciente (DNE), liquidada en 2014 por detrimento patrimonial y actos de corrupción. El manejo de los bienes quedó en manos de la SAE.

Con la esperanza de que en estas manos el camino se haría más fácil, Salazar se contactó con la Sociedad para lograr estas firmas y se encontró que entre las peticiones que hacía la SAE respondía con evasivas e, incluso, aseguró que no había pruebas de la evidencia de las subastas en las que se adquirieron los inmuebles. Entre derechos de petición, oficios, solicitudes, intercambio de documentos, el denunciante conoció que la sociedad tenía 12 actas en los que hay constancia de las subastas, los pagos, el embargo, sin embargo las respuestas por parte de la Sociedad fueron contrarias, hablando del desconocimiento en el caso.

Esto ha dilatado el proceso hasta estos días en los que Salazar manifiesta preocupación por un detrimento patrimonial que podría ascender a miles de millones de pesos.

Pero las irregularidades en este caso van más allá de las firmas de escrituras. Entre los tres inmuebles adquiridos por subasta, está una oficina y el dinero de su renta, pero el agente liquidador de la misma, que debió disolverse tras la subasta y entrega del inmueble, continúa su operación hasta el día de hoy. Y lo llamativo del tema es que este dinero es que se desconoce a quién se le está entregando este dinero, pues la persona que fungía como gerente de la inmobiliaria, pero esta no tiene un responsable real, o por lo menos, lo tuvo a partir de diciembre de 2018 cuando se posesionó.

Pues luego de indagar en Cámara de Comercio la persona que figura como depositario desde el 5 de junio de 2012 y que nunca se posesionó es Herles Ariza Becerra, quien figura como depositario de más de un centenar de bienes incautados a narcotraficantes y corruptos.

Para Salazar y Lena Business el silencio y la dilatación de la SAE muestra que al interior de la entidad se esconden malos manejos que nutren intereses particulares y en los que poco interesa poner la lupa para saber qué ocurre al interior. Por eso esta denuncia se escaló hasta el Ministerio de Hacienda, donde no hubo una respuesta, si no que esta se dejó para que fuera dada por la SAE y también llegó a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de donde tampoco han respondido.

Frente al tema, la SAE le dijo a El Espectador en marzo pasado que se decidió en sesión que se aprobara la escrituración de la bodega y el local a favor de Salazar; sin embargo, por el lado de las oficinas, el proceso sigue en un proceso de demanda por parte del administrador del edifico por cuotas pendientes.

A pesar de que SEMANA ha buscado por meses una respuesta por parte de la entidad, aún no se ha recibido respuesta.

Hace poco la oficina de la SAE anunció una subasta histórica de bienes de extinción de dominio por el orden de los 1,3 billones de pesos, un asunto sobre el que es necesario hacer vigilancia para saber cómo será el manejo de los dineros y entrega de propiedades.

En diciembre del año pasado un juez condenó al exdirector del DNE, Carlos Albornoz, y en la condena, en algunos apartados manifestó: “Una licencia en el léxico, hasta asqueado, esa es la reacción que tenemos los ciudadanos que somos testigos de estos actos de corrupción… esa entidad era una guarida de ladrones, la Dirección Nacional de Estupefacientes violó los intereses del Estado cuantos miles de millones de pesos se apropiaron en beneficio propio y de terceros defraudando las expectativas de hacer de Colombia una nación mejor”. Habrá que esperar a que la SAE haga un mejor manejo de los bienes que debe administrar.