Denuncian al senador Pablo Catatumbo y otros testigos. Un fiscal advierte que el congresista estaría detrás de un montaje en su contra

El fiscal José Fernando Barberi terminó enredado en un proceso que él mismo investigó. Como delegado en la Unidad de Extinción de Dominio tuvo en su despacho un proceso que advertía la vinculación de un grupo familiar con las Farc y cómo usaron las empresas para ocultar los bienes del entonces cabecilla de las Farc, Pablo Catatumbo, hoy senador de la República.

En el curso de la investigación, el fiscal estableció cómo un integrante de la familia, condenado por tráfico de drogas y lavado de activos, acumuló una fortuna que no tenía explicación y que incluso la DEA advirtió como un elemento de prueba en el expediente que más tarde se convirtió en una operación para ocupar con fines de extinción de dominio, las propiedades avaluadas en más de 100.000 millones de pesos.

Un año después, los testigos de este proceso –desmovilizados de las Farc– cambiaron su versión y aseguraron que fueron presionados por el fiscal Barberi, un investigador del CTI y un sargento del Ejército Nacional. Aunque el proceso continuó, las dudas fueron condensadas en varias denuncias contra el fiscal y los investigadores. Justamente, el fiscal contraataca con otra denuncia que incluye al senador Catatumbo.

“Cuando el operativo se había realizado a principios del mes de agosto de 2022 en contra del sujeto José de Jesús Mejía Jaramillo y su familia, como posibles testaferros de las Farc en el departamento del Valle del Cauca, persona quien además ya había sido condenado por el delito de lavado de activos a 5 años de prisión y capturado con armas cuando llevaba en el vehículo de su propiedad al sujeto Víctor Manuel Mejía Múnera, alias El Mellizo”, señaló el fiscal en la denuncia.

Además del senador Pablo Catatumbo, la denuncia incluye a los testigos que luego de entregar detalles a la Fiscalía, se retractaron, pero también a quien fue objeto de investigación previo a los operativos de extinción de dominio: José de Jesús Mejía Jaramillo. En criterio del fiscal, los denunciados incurrieron en los delitos de fraude procesal, injuria, calumnia, falsedad personal y amenazas.

“Finalmente, pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los señalamientos y amenazas que vengo padeciendo desde 2022 por parte del señor Mejía Jaramillo, su familia y el senador Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo”, señaló el fiscal para advertir que los problemas con las falsas declaraciones ahora se convirtieron en amenazas.

Adicional a la denuncia, el fiscal Barberi hizo una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que su vida está en riesgo, tal como su honra y buen nombre con las decisiones que tomó la misma Fiscalía al ordenar su traslado al departamento del Guaviare, justamente una zona de injerencia de las disidencias de las Farc, el grupo criminal que persiguió en su trayectoria profesional.

“La reubicación que finge y simula ser por necesidades del servicio, en realidad es un traslado “castigo-represalia”, en una abierta desviación de poder, pues detrás de ello se encuentran las denuncias realizadas por el suscrito en contra del fiscal Ricardo Bejarano Beltrán, tal y como las he expuesto mediante Radicado N.° 20235400022721 del 15/03/2023 y las recientes desinformaciones en medios de comunicación”, señaló en la solicitud de medidas cautelares.

Mientras el proceso avanza, el juicio para definir el futuro de los bienes que fueron objeto de extinción de dominio no arranca y hay otras denuncias contra la Sociedad de Activos Especiales, por el manejo de las propiedades que, de acuerdo con algunas imágenes conocidas por SEMANA, se convirtieron en un montón de chatarra.