Denuncian asesinato de otra líder social en el Magdalena Medio

Alrededor de las 8 de la noche de este martes, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Carlota Isabel Salinas Pérez, en el barrio Guarigua, del municipio de San Pablo, en Bolívar, y la obligaron a salir unos metros para luego dispararle.

Asesinaron a esta lideresa social quien por más de 10 años, junto con su familia, formó parte de la Organización Femenina Popular (OFP), una agrupación de mujeres con presencia en el Magdalena Medio colombiano. Hoy su pareja se encuentra desaparecida.

La denuncia del crimen la hizo la propia OFP, que destacó que el espiritu de ayuda de Carlota “la llevó a integrar la Organización y desde allí impulsar grupos de mujeres productoras, ahorradoras, lideresas, defensoras de víctimas y de una vida libre de violencia”.

Carlota era madre de tres hijos, dos hombres y una mujer, y unas horas antes de su asesinato estuvo recolectando alimentos para ayudar a algunas familias de su población a sobrellevar la crisis generada por la pandemia del covid-19. La mujer también se destacó como integrante de la Defensa Civil de su municipio, desde donde trabajó por la gestión ambiental para el bienestar y la calidad de vida en el territorio.

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La OFP es un colectivo con presencia en el Magdalena Medio colombiano, con 48 años de lucha y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. El municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, es un municipio priorizado en el país para el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La directiva de la organización envió, a través de un comunicado, un mensaje a la Fiscalía General de la Nación exigiendo realizar una investigación pronta y eficaz “con el fin de esclarecer los móviles del crimen y las estructuras organizadas que existen en la región, responsables de los asesinatos de líderes y lideresas sociales del Magdalena Medio”. Además, manifestó su preocupación por la falta de protección adecuada de las líderes sociales de la región durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por las autoridades en el territorio nacional para prevenir la propagación del coronavirus.

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“Hoy, nuevamente nos duele un asesinato que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 y reconocemos la urgencia de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones de debida diligencia y protección de la vida de quienes luchan por las comunidades, la justicia y la dignidad”, señala el texto de la organización.

El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio, dijo a medios locales que el crimen de la mujer ya estaba siendo investigado y que estaban descartando la hipotesis de que estuviese ligado a un problema de microtráfico. “Uno de sus hijos, al parecer, haría parte de una organización dedicada a la venta de alucinógenos”, aseguró.