Denuncian corrupción en entrega de títulos mineros en Antioquia

En Antioquia se han concedido más de 1.448 títulos mineros, es el departamento con mayor explotación y representa casi el 50 por ciento de la producción de oro y el 60 por ciento de la producción de plata en toda Colombia. Aunque ha habido subregiones con minería de manera ancestral, como lo son el Bajo cauca y el nordeste, la minería también ha llegado a zonas totalmente agrícolas, como el caso del suroeste, donde la multinacional AngloGold Ashanti tiene una licencia de exploración. Este crecimiento de la minería ha sorprendido a muchos paisas, quienes se preocupan por los recursos hídricos y la protección del territorio.

El crecimiento tiene una razón importante: desde hace varios años Antioquia es el único departamento que puede entregar títulos mineros, y este tema ha sido varias veces polémico, pues la misma Gobernación, como juez y parte, ha demandado acuerdos de concejos municipales en contra de la minería ante el Tribunal de Antioquia. Fue famoso en 2012, cuando en la gobernación de Sergio Fajardo se concedió al esposo de su secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Beatriz White, Manuel Antonio Mesa, un contrato que le permitía explotar un yacimiento de arenas y gravas por 30 maños.

El episodio le valió un pliego de cargos por parte de la Procuraduría a Fajardo, por supuestas irregularidades en la entrega del título minero, aunque el caso no prosperó y en marzo de 2016 se absolvió al excandidato presidencial, sí suspendió a la entonces secretaria de Minas, Claudia Cadavid Márquez, y a la directora de Titulación Minera del mismo despacho, Melissa Álvarez Licona.

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Ahora parece haber un nuevo escándalo, según ha denunciado el diputado del Centro Democrático, José Luis Noreña, quien asegura que desde 2008 se han presentado sobornos ante la Secretaría de Minas para que se beneficie a particulares y empresas con la aprobación de títulos mineros. Según dice Noreña, algunos funcionarios de la secretaría habrían cobrado hasta 50 millones de pesos para entregar títulos mineros y lo habrían hecho simulando asesorías ambientales y mineras.

“Esto es una investigación de hace tres meses que vengo haciendo de la Secretaría de Minas, donde hay varias personas involucradas desde 2008; estas personas están entregando áreas mineras a empresas y particulares por un valor de 50 millones de pesos y mucho más. Hay una red de más o menos de 20 personas que trabajan tanto en la Secretaría de Minas, como externas. También hay empresas mineras vinculadas. Es un pago de coimas para entregar títulos mineros”, aseguró el diputado, quien además ya entregó todas las pruebas a la Fiscalía General de la Nación.

Además, Noreña habló con el gobernador Luis Pérez, a quien también entregó pruebas que apiñan en documentos firmados, conversaciones de WhatsApp y audios. “Yo digo una cosa: Si le entregan a un minero un título por 50 millones a un particular, ¿cómo será la negociación con las grandes mineras? ¿Cuánta plata le tendrán que dar a esta gente para que le den un título minero?”, se pregunta el diputado.

El gobernador Luis Pérez le salió al paso a las denuncias y le envió una carta al fiscal Néstor Humberto Martínez asegurando que conocía pruebas en las que se evidencia cómo algunos funcionarios ayudaban a empresas y amigos para que la Agencia Nacional Minera adjudicara títulos en “segundos”.

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“El gobernador de Antioquia ha dado la instrucción que no se emitan más resoluciones de desistimientos de áreas, con el fin de evitar estos actos sospechosos”, dice Pérez en la carta, al mismo tiempo que se declara en total apoyo para suministrar la información que la Fiscalía requiera.

Además, Pérez le envió una carta a Silvana Habid Daza, presidenta de Agencia Nacional Minera, donde asegura que “estamos observando actos indebidos de información privilegiada, donde se están favoreciendo empresas de papel que acumulan muchas licencias mineras, no para trabajar en ellas, ni para invertir, sino para especular en los mercados”.

Todo esto sucede en medio de una disputa por los territorios que se ha exacerbado después de que la Corte Constitucional limitara las consultas populares, pues Antioquia era el departamento que más acuerdos municipales estaba tramitando y que estaba buscando más consultas para decirle “no” a la minería.

Y es que solo en el suroeste antioqueño, 14 municipios le han dicho que no a la minería a través de los concejos municipales, pueblos que ahora luchan para que desde el orden central no pasen por encima de las decisiones que los afectan directamente. La última localidad que se unió a esta decisión fue Jericó, que el 10 de diciembre sancionó el acuerdo que establece “unas prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural”. En el suroeste muchos campesinos están alarmados por la licencia de exploración que se le entregó a AngloGold Ashanti.

El desconocimiento de la voz popular ha llamado la atención de varios sectores de la sociedad, incluso de un grupo de académicos, entre los que encuentran varios científicos internacionales, que le enviaron hace unas semanas una carta a la Corte Constitucional diciendo: “Como miembros de la comunidad académica de varios países del mundo, solicitamos a la Corte Constitucional, a través suyo, declarar la nulidad de la sentencia SU 095 de 2018 por limitar las consultas populares y el derecho fundamental a la participación de los colombianos”.  Se considera que el fallo es regresivo, atenta contra la paz y desconoce los estudio de la Contraloría General que alertan sobre los impactos negativos de la minería.

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Así, Antioquia abre un nuevo capítulo de lo que podría ser corrupción, pues en las denuncias del diputado Noreña hay una preocupación más honda que él mismo expresa y que repite: “¿Si pequeños mineros pagaron 50 millones por un título, cuánto una gran multinacional?”.