Procuraduría denuncia incumplimiento de casas para campesinos desplazados

La Procuraduría advirtió bajos índices de cumplimiento de la política de vivienda rural, en especial los fallos de jueces de restitución, que en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con ese beneficio a familias de campesinos víctimas de abandono o despojo de tierras.

El organismo de control llamó la atención sobre la labor de Fiduagraria, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura, pues de 1.489 órdenes de vivienda priorizadas en 2018 y 2019, Fiduagraria (entidad ejecutora de subsidios de vivienda rural) tiene un rezago de 1.392 peticiones o, lo que es lo mismo, un incumplimiento del 93 % de las órdenes judiciales en esta materia.

Tras advertir el incumplimiento, la Procuraduría requirió a la presidenta (e) de Fiduagraria, María Cristina Zamora, por el avance del contrato suscrito con el ministerio para la ejecución de las órdenes de vivienda rural.

Según un documento de la entidad, el Ministerio de Agricultura deberá explicar las razones del rezago en el cumplimiento a los fallos de los jueces de restitución.

La Procuraduría también informó en un comunicado que solicitó información al presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, sobre los motivos de la no ejecución de programas de vivienda rural digna para campesinos víctimas del conflicto armado.

La entidad hizo un llamado al Gobierno nacional a realizar los ajustes institucionales necesarios para que “la política de vivienda rural destinada a las víctimas de despojo y abandono de tierras se adecúe a los propósitos de la reparación integral, de manera articulada con las entidades con competencia en este tema, a fin de que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-588/19”.

De no producirse cambios frente a esta política, y si no se cumplen los fallos de restitución, dice el ente de control y vigilancia que “aumenta el riesgo de que los campesinos enfrenten la pérdida de su identidad, de las prácticas culturales, del relacionamiento con la naturaleza, y se profundiza la ruptura del tejido social y la amenaza frente a la falta de medios para su subsistencia y la soberanía alimentaria del país”, riesgo que amplía en tiempos de pandemia.