Bogotá
Denuncian maltrato a personal médico y adultos mayores en las subredes de salud en Bogotá, ¿qué pasó?
Algunos trabajadores de la salud han renunciado a sus puestos de trabajo por presunto acoso laboral por parte de funcionarios de la alcaldía.
Mientras en medio de la pandemia las personas dedicadas al área de la salud eran los héroes en Bogotá y toda Colombia, hoy, meses después de superados varios picos de la covid-19, la realidad en la capital del país es otra totalmente diferente.
Los malos tratos se volvieron el común denominador en las subredes de Bogotá. Pacientes, adultos mayores y personal médico están desamparados ante esta situación. Así lo denunció la concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Diana Diago.
La cabildante tuvo acceso a varias denuncias de terminación de contrato anticipado, realizadas por trabajadores de la salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte y Sur del Distrito. Entre estas cartas dirigidas a los directores de las subredes, los trabajadores de la salud detallan las constantes irregularidades que los llevaron a solicitar la terminación de su contrato, por la mala atención que se está presentando en los hospitales.
Los documentos, según Diago, también dejan en evidencia las presuntas malas prácticas médicas que tienen lugar en el Hospital de Suba, perteneciente a la subred norte, hacia los adultos mayores. Por ejemplo, en una de las páginas se lee: “En cuanto a las heridas, siendo un servicio quirúrgico, se negaba el cuidado de las mismas, aun cuando el coordinador de servicios hacía las observaciones pertinentes cada vez que pasaba revista”.
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Del mismo modo, la concejal del Centro Democrático especificó que dentro de los documentos se hace una exhaustiva descripción y crítica del programa Territorios Saludables de la Subred Integral Sur. El testimonio de los profesionales de la salud detalla casos de presunto acoso laboral por parte de los funcionarios de la alcaldía, las condiciones precarias en las que se tienen que prestar los servicios del programa y los limitados resultados de este.
Bajo estas consideraciones, Diago señaló: “La administración distrital está fallando en la prestación de los servicios a la población mayor. Preocupa que sus derechos se vulneren por sus condiciones de fragilidad; adicional, que no sean escuchados por el personal médico a cargo del cuidado. Pero lo más preocupante es que los profesionales que deciden denunciar sean maltratados por sus jefes o superiores, menoscabando inclusive el juramento médico”.
La concejal hizo un llamado a la Bogotá Cuidadora para que investigue estos hechos, proteja los derechos de los adultos mayores e instaure rutas efectivas de atención y de denuncia ante este tipo de situaciones, que se quedan en el olvido en detrimento de los derechos de los pacientes.
Caos en Integración Social
Las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los habitantes de calle, los niños y docentes de los jardines distritales infantiles han sufrido las consecuencias de la falta de planeación de la Secretaría de Integración Social y, en ocasiones, han quedado a la deriva.
Desde el primer trimestre del año se ha venido denunciando en el Concejo de Bogotá la precarización laboral de docentes en los jardines infantiles y los graves riesgos en la continuidad en la prestación del servicio de educación inicial.
Frente a este tema, en días pasados, el subsecretario de Integración Social, Julián Moreno, le aseguró a SEMANA: “Es una información que ha circulado, pero no hemos podido saber si es puntualmente en una unidad operativa. Pero lo que podemos decir es que hoy, después de varios cambios de contratos que hemos tenido para el tema de abastecimiento en la ciudad, todos los servicios, incluidos los de infancia, cuentan con abastecimiento en alimentos”.
Sin embargo, además de la precarización laboral y la falta de buena alimentación en los jardines, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad también han sufrido la mala planeación de Integración Social.
Los adultos mayores vulnerables han sido llevados a centros en donde atienden habitantes de calle. Así mismo, semanas atrás se denunció la suspensión en la entrega de los bonos alimenticios de la población en condición de discapacidad.
Estas irregularidades llevaron a que la Contraloría de Bogotá hiciera una visita fiscal a la Secretaría de Integración Social, con el fin de establecer lo que viene sucediendo con los servicios y la atención a las personas vulnerables. En particular, con los contratos para adquirir los bonos canjeables por alimentos y el servicio de cuidado para personas mayores de 60 años en situación de habitabilidad en calle.
La diligencia fue ordenada por la Dirección Sectorial de Integración Social de la Contraloría, donde se dispuso de un equipo especial de trabajo para tales efectos.
Simultáneamente, la Contraloría de Bogotá viene realizando una auditoría de desempeño a los comedores comunitarios de la ciudad, a fin de determinar las condiciones de su administración y operación frente al servicio prestado a más de 39.000 personas en Bogotá.
Por órdenes del contralor, Julián Ruiz, los resultados de todo este trabajo deberán producirse en un plazo máximo de un mes.
El contralor Ruiz considera inaceptable, desde todo punto de vista, que los derechos de las personas vulnerables se vean afectados por una posible falta de planeación y de contratación, cuando lo que debería ocurrir es que se les garanticen, en mayor medida, precisamente por su situación de debilidad manifiesta.
