Denuncian muerte de cinco niños wayuu en La Guajira “por causas asociadas a la desnutrición”

La salud de los niños y niñas indígenas de La Guajira sigue preocupando a la población. Desde la Asociación Shipia Wayuu denunciaron que al menos cinco menores han fallecido en la última semana por causas relacionadas con factores de desnutrición.

“Insistimos en la urgencia de parar las muertes desmedidas de las niñas y niños wayuu, presidente Gustavo Petro”, solicitó la organización. Las comunidades indígenas también lanzaron un llamado de urgencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para “salvaguardar el derecho a la Vida, Pervivencia y Permanencia”.

Específicamente, exhortaron a las autoridades competentes para que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.

Con ese fallo, la Corte Constitucional ordenó que las instituciones del Estado debían trabajar de manera articulada para atender a la población wayuu y garantizar sus derechos fundamentales en materia de salud, agua potable, alimentación y la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y el Distrito de Riohacha.

Sentencia incumplida

Seis años después, la Contraloría General de la Nación alertó que dicho fallo no se ha cumplido. Cabe recordar que a mediados de noviembre la Comisión Séptima del Senado se trasladó hasta La Guajira, donde se llevó a cabo un debate de control político con el propósito de dar respuesta a la problemática de salud pública que se mantiene por el incumplimiento de la Sentencia T-302.

La senadora citante, Martha Peralta, del partido ASI, afirmó que en la región sí existen fuentes de agua y que se necesitan acciones inmediatas del Gobierno, “además de poner en funcionamiento las represas, se requieren las garantías de los recursos para solucionar la falta del precioso líquido”.

La congresista solicitó articulación con las diferentes entidades para dar pronta respuesta, a la situación que afecta a esa población del país. También propuso al ICBF, como solución inmediata, incluir agua potable en la canasta alimenticia y pidió que se revisen los contratos de los operadores, “para así evitar que se roben la comida de los niños”.

Igualmente, manifestó que se hará veeduría y seguimiento a los recursos destinados a dar cumplimiento de la sentencia.

“Nosotros iniciamos, como ordena la corte, un proceso de seguimiento para saber si las entidades realizaron o no unos planes específicos para atender de manera directa a la población. Encontramos que, pese a existir planes, la Contraloría advirtió que no existen presupuestos para atender esos planes”, dijo Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor con funciones de contralor general.

En palabras más sencillas, la Contraloría alertó que las 42 entidades competentes no están acatando las instrucciones establecidas en el fallo. Cada una de las instituciones debía trabajar articuladamente, pero, según el órgano de control, no fue así.

“La mayoría de las entidades desconocen su participación dentro de la sentencia“, reiteró Paola Aguirre, contralora para la inclusión social.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud para la semana epidemiológica 43 de 2023, se notificaron 299 casos de niños y niñas menores de cinco años que fallecieron por desnutrición, de los cuales 202 fueron confirmados. La mayoría de estos casos se registraron en La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Bolívar y Magdalena, junto con la población de niños extranjeros, que en conjunto representaron el 62 % de los casos notificados y el 74 % de los casos confirmados.

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es otra patología preocupante en la población infantil, relacionada directamente con el acceso a servicios esenciales como acueducto y alcantarillado, según la OMS y Unicef. El Instituto Nacional de Salud reportó 74 casos de muertes confirmadas de los 122 casos notificados, con la mayoría ocurriendo en La Guajira, Chocó, Santander, Risaralda, Casanare, Antioquia y Cauca.