Denuncian posibles irregularidades en millonario contrato para digitalización de la justicia en Colombia

Una firma colombo-mexicana se quedó con uno de los contratos más importantes de los últimos años en materia judicial en nuestro país. Tras conocer la mejor calificación otorgada a Linktic-Muscogee para la implementación, nada más y nada menos, que de la justicia digital del país, varios proponentes que participaron en la puja advirtieron que el consorcio colombo-mexicano “presentó estados financieros diferentes a los exigidos en el pliego” y pidieron su declinación para garantizar la transparencia del proceso, durante la audiencia de socialización de observaciones celebrada el viernes 16 de abril.

Y es que, precisamente, con el propósito de revocar la adjudicación del contrato para la implementación del sistema digital de gestión judicial en Colombia y poner al descubierto fallas en los estudios precontractuales, la compañía de origen brasileño Sofplan Sistemas Colombia radicó la solicitud ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, al considerar que esta firma (la que se quedó al final con el contrato) no cumple con los requisitos.

La acción fue adelantada en virtud a que los estudios, señala la empresa Softplan, que dieron origen a la adjudicación “contienen inmensos errores como la no acreditación de la representación legal de los integrantes del consorcio Linktic-Muscogee, la presentación de estados financieros que no corresponden con lo exigido por el pliego y otras anomalías que condujeron a la asignación a favor de un consorciado tecnológico que no cuenta con un solo empleado vinculado en su nómina y padece de una deplorable situación financiera con pérdidas anuales, incapacidad para atender sus deudas con el producto de sus utilidades y bajo nivel de activos”, advierten en una comunicación y un documento conocidos por SEMANA.

Lo que denuncian es que, a pesar de la presencia del contralor delegado para la Justicia, veedores y ciudadanía, y del llamado hecho por los proponentes para que se postergara la adjudicación, con el objetivo de revisar los estudios y responder a las precisas y graves observaciones formuladas con anterioridad a la audiencia, la dirección ejecutiva de la Administración Judicial, adjudicó el contrato a Linktin Muscogee el mismo día en horas de la noche.

Aun cuando el contrato es por 22.000 millones de pesos, según expertos consultados, ‘un sistema de gestión judicial digital totalmente implementado impacta en las finanzas del país en más de $5 billones de pesos anuales, pues su implementación adecuada reactivará el sistema judicial que se encuentra semiparalizado por motivos de la pandemia. Esto corresponde a más del 20 % de los ingresos que se proyectan como producto de la hoy tan controvertida reforma tributaria”.

Algunos de los argumentos adicionales, además, para pedir dicha revocatoria del contrato a esta firma colombo-mexicana, según advierte la compañía Softplan, es que el consorcio Linktic-Muscogee presentó autorización para comercializar un sistema que no es el mismo que presentó en la prueba de concepto, yendo contra lo dispuesto en el pliego de condiciones y en la naturaleza misma de la prueba.

Y agregan que para cumplir con los requerimientos financieros, el consorcio presenta estados financieros de dos vigencias fiscales con el fin de que sean consolidadas de manera antitécnica distorsionando la realidad financiera del proponente. Además, aportan estados financieros del año 2020 contraviniendo la exigencia del pliego de que sea 2019 para efectos de igualdad y comparabilidad con los demás proponentes.

¿Qué responde LinkTIC-Muscogee?

SEMANA contactó este miércoles a Link-TIC Muscogee para obtener su versión tras los señalamientos. En primer lugar, Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, apoderada del consorcio, dijo que no es cierto que estén en quiebra y agrega que existe “una campaña de desprestigio -infortunadamente- liderada por uno de los proponentes perdedores. “No demuestra sino una deslealtad empresarial, cuando debería ser absolutamente lo contrario; aceptar entonces que, un proponente como el consorcio LinkTIC-Muscogee, conformado en un 90% por una empresa colombiana, ha presentado la mejor propuesta y en franca lid, ha sido adjudicatario de este importante proyecto de cara al país”, señala Sánchez Gutiérrez.

Y agrega que “Los señalamientos no tienen solidez ni argumentos válidos. Es descalificatorio, incluso injurioso, que se hagan señalamientos sin las pruebas y evidencias que reposan en el proceso, las cuales son públicas y están en el Secop. El consorcio LinkTIC-Muscogee está conformado en un 90% por una empresa ciento por ciento colombiana como LinkTIC, que es el socio capitalista de este importante proyecto, y en un 10% por una empresa mexicana Muscogee Latinoamérica, que está aportando su inmejorable experiencia en sistemas de modernización judicial”.