Denuncian que Gobierno Petro no está publicando declaración de renta de sus altos funcionarios; hay demanda ante un Tribunal

La Fundación para el Estado de Derecho hizo una grave denuncia sobre la declaración de renta de los altos de funcionarios del Gobierno Petro. Desde el año 2023 no estarían presentando dicha información que debe ser publicada por el Departamento Administrativo de Función Pública.

Por esa razón, la Fundación decidió demandar a Función Pública para que garantice el cumplimiento de la ley que obliga a todos los funcionarios del Gobierno nacional a presentar la declaración de renta anual que se reporta ante la Dian. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el recurso.

En la demanda, se le ordena al “Departamento Administrativo de la Función Pública a publicar y divulgar de forma proactiva y actualizada la declaración de bienes y rentas, y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados”.

Según la Fundación para el Estado de Derecho, desde el año pasado el DAFP está incumpliendo con su obligación de publicar información de servidores públicos en altos cargos del Estado, como la declaración de bienes y rentas, el impuesto sobre la renta y el registro de conflictos de interés de los altos funcionarios del Estado.

En un comunicado aseguraron que se solicitó “al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar el cumplimiento efectivo de la norma argumentando que la información contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el impuesto sobre la renta y complementarios de los altos funcionarios del Estado, es de naturaleza pública de conformidad con lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 2013 de 2019. Esta información debe ser publicada y divulgada por el DAFP en el Sigep o la herramienta dispuesta para ello de forma proactiva, facilitando su uso y comprensión por las personas, y asegurando la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de los datos”.

Sin esta información, la ciudadanía no podría realizar un control sobre las finanzas de los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y, de paso, se estarían violando principios como la publicidad, la integridad y la transparencia.

“La Fundación para el Estado de Derecho informa que el 25 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de cumplimiento, que fue notificada el 10 de julio al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)”, informaron en un comunicado.

De hecho, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno ya notificó a través de un auto que la demanda fue aceptada para su respectivo estudio y en los próximos días se conocerá la decisión frente a la situación que se estaría presentando.

“ADMÍTASE la demanda presentada por LA FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO contra EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP), en ejercicio el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos”, dice el resuelve del auto.

En los últimos días, el Departamento de Función Pública se ha visto involucrado en uno escándalo frente al nombramiento del embajador en México, Moisés Ninco Daza. Y es que la Procuraduría dejó a la entidad sin director, después de que César Manrique Soacha fue suspendido por 10 meses tras avalar una experiencia falsa para el cargo de embajador en ese país.