Denuncian que más de 3.000 maestras de jardines infantiles en Bogotá están contratadas de forma ilegal

Desde el Concejo de Bogotá se denuncia que hay cerca de 3.000 maestras de primera infancia que están vinculadas a los Jardines Infantiles Distritales a través de contratos de prestación de servicios, hecho ilegal si se tiene en cuenta que el Artículo 105 de la Ley General de la Educación establece que “la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo solo podrá efectuarse mediante la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial”.

Para el concejal de Bogotá Juan Baena, del partido Nuevo Liberalismo, “esta administración tiene una deuda gigante con la educación de Bogotá, mientras la alcaldesa presume ser la hija de una maestra, en la ciudad hay 3.000 maestras que están contratadas de manera ilegal; mujeres, en su mayoría, que dejan a sus hijos en casa para ir a cumplir largas jornadas con sobrecarga de niños y hasta 12 horas de trabajo con un contrato por prestación de servicios”.

Según el cabildante, en la respuesta de la Secretaría de Integración Social, entidad con la que la Secretaría de Educación terceriza la operación de los Jardines Infantiles del Distrito, es evidente que desde la Administración hay una clara estrategia jurídica para dificultar y dilatar probatoriamente el reconocimiento de los derechos laborales de las maestras y maestros.

Además, en las medidas tomadas por Integración Social, hay un cambio en el objeto contractual. Mientras en 2018 se vinculaban a los profesionales por el concepto de “servicios de maestra profesional para la educación inicial”, desde 2020 los contratos hacen referencia a “servicios para la atención integral de la primera infancia”.

“Observamos que no solo se modificaron los objetos de los contratos, sino también la duración, donde se usan diferentes temporalidades y se suspenden en épocas vacacionales, con el fin de interrumpir la continuidad de labores y dar la apariencia de contrato de prestación de servicios”, aseguró Baena.

Adicionalmente, según respuesta de la Secretaría de Integración, hoy se encuentran en curso 167 procesos judiciales y 9 condenas en las que se pretende la declaratoria del contrato realidad. Las pretensiones de las demandas se aproximan en promedio a 50 millones de pesos, lo que equivaldría, según el concejal Juan Baena, a un detrimento patrimonial de cerca de 250 mil millones de pesos, sin contar con los honorarios y los intereses que se van a causar.

Estas denuncias del concejal Juan Baena se dieron a conocer en medio del debate de control político sobre precarización laboral de maestras y maestros en los jardines infantiles del distrito.

El concejal Jorge Luis Colmenares dijo que se está presentando una violación al ordenamiento jurídico, pues esta clase de contratación para la primera infancia es nociva, corresponde a un 81 % de educadores y educadoras que no poseen ningún tipo de solidez laboral, y sostuvo que esto se ve reflejado en los muy regulares resultados que se han obtenido en las pruebas de conocimiento incluidas las del Icfes, con resultados que no superan el 250 %.

El cabildante del Centro Democrático invitó a reflexionar frente a la calidad de la educación de primera infancia, evitar la alta rotación de maestros, y dar aplicación a la sentencia de unificación con el fin de mejorar esta etapa de educación.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo enfatizó que este es un trato infame para los maestros de este nivel educativo, “todo se queda en el discurso, la precarización laboral posee un intrínseco maltrato”, dijo. Además, resaltó la labor que cumplen los maestros en la educación y la sociedad y explicó que si se continúa con esta figura, no se podrá cumplir con la meta trazada en el Plan de Desarrollo.