Comunidades de Bojayá estarían sitiadas por grupo criminal

Nueve horas antes de que comenzara el Año Nuevo para las comunidades de Bojayá, un acontecimiento violento ensombreció las celebraciones. Como si revivieran su pasado más oscuro, al menos cuatro comunidades de esta población -una de las más asediadas por la muerte- fueron sitiadas por integrantes del grupo criminal que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La alerta se lanzó desde la comunidad Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que hace presencia en la zona, y que viene documentando la delicada situación de orden público desde hace varios meses. El pasado 24 de diciembre, esta organización entregó al gobierno en pleno, incluyendo Presidencia, una radiografía de lo que se ha vivido en los últimos cuatro meses por la presión de este grupo criminal. Registran caso por caso cómo hombres armados han  violentado y hostigado a la comunidad, incluso montando guardias de 24 horas en las que intimidan a los pobladores de territorios colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó.

En contexto: 

La denuncia incial fue elevada en la víspera de nochebuena y horas previas al cierre del año detonó en una delicada situación de orden público, cuando integrantes de este grupo criminal al parecer se tomaron las comunidades de Pogue, en Bojayá. Según la información revelada por la organización civil, pobladores que lograron huir del cerco de los criminales denunciaron que estos entregaron reses a diversas comunidades y regalos a los niños. Luego amenazaron con asesinar a líderes que los denunciaran. 

"Líderes silenciosamente abandonan los territorios ante el sometimiento que realizan las AGC a través de los llamados "puntos", vestidos de civil y armas cortas. Operaciones respaldadas en el entorno por hombres de camuflado y armas largas", describe uno de los trinos publicados por la ONG. La Séptima División del Ejército confirmó que se están haciendo labores de verificación en la zona.

Uno de los capítulos más delicados de la denuncia de la ONG, consiste en que la organización criminal estaría actuando con la anuencia de la fuerza pública, lo cual les ha permitido afirmar que controlan el territorio en todas sus áreas rurales. "El poder de las AGC es evidente ante una inexiste o débil institucionalidad que ampara o está cooptada en casi todos los niveles a través de una estrategia armada de tipo paramilitar que asegura negocios", dice la denuncia.

Además de Bojayá, la presión del grupo armado se extendería a Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urrá. En la comunicación enviada a todas las entidades del Estado, incluida Presidencia, la ONG resume que la presión del grupo armado va en cuatro frentes: control socioterritorial, despojo de tierras, amenaza sobre líderes de restitución de tierras y connivencia entre militares y el grupo criminal en el Bajo Atrato y Antioquia. 

Uno de los hechos más antiguos registrado en el largo listado documentado por la sociedad civil, ocurrió el 29 de septiembre cuando miembros del grupo criminal se aparecieron en la mitad de una celebración comunitaria en la Zona Humanitaria Las Camelias, Territorio Colectivo de Curbaradó. "A esa hora la comunidad sostenía una reunión con organismos internacionales. Posteriormente, líderes comunitarios y observadores de derechos humanos y de paz enfrentaron a los dos AGC hasta que los sacaron del lugar humanitario", dice la comunicación.

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La advertencia en general es la misma: no quieren ver gente extraña caminando en el territorio. A la comunidad le han dicho abiertamente que no responden por la vida de "gente ajena", ni por acompañantes de derechos humanos en el territorio. Los hombres armados someten a presión y tratos crueles a las personas, las retienen y siembran pánico con acciones violentas. El terror cumple con su cometido porque a pesar de lo que enfrentan, las familias están abandonando el territorio en absoluto silencio y han anunciado que tampoco declararán su desplazamiento forzoso.

En la cronología, se registra cómo el 8 de octubre, cuando los habitantes del territorio colectivo de Curbaradó temían que iban a quedar en la mitad de un enfrentamiento entre criminales y fuerza pública, la situación terminó resolviéndose en medio de una exótica calma. Ese día, miembros del Ejército Nacional se instalaron en la Zona de Biodiversidad Los Robles; simultáneamente, "puntos" -como se hacen llamar quienes colaboran e integran las AGC- también llegaron a la zona. 

"La presencia de las AGC y las Fuerzas Militares en el territorio puso a la población en riesgo ante un eventual enfrentamiento, sin embargo, no hubo un actuar eficaz por parte de los uniformados. Los efectivos militares se retiraron al día siguiente en horas de la mañana y las AGC en horas de la tarde", indicó la alerta.

Un día más tarde, el 9 de octubre, habrían sido retenidos una mujer y su padre cerca al río Ancadía, municipio de Carmen del Darién, Chocó. En su casa los esperaban dos hombres que se identificaron como miembros de las Autodenfesas Gaitanistas. "Ella fue golpeada con cachetadas, patadas y puños en el cuerpo y  luego los hombres intentaron abusar sexualmente de ella", dice el documento. Junto a este caso, se denuncian amenazas, acusaciones a indígenas como si fueran guerrilleros, seguimientos a periodistas y excombatientes.

Hasta hace pocas semanas, los pobladores de Bojayá lograron, luego de 17 años de zozobra, reponerse al sangriento episodio en el que las Farc detonaron un cilindro bomba contra la iglesia del pueblo. Las calles le abrieron paso a una dolorosa procesión con la que los pobladores le dieron el último adiós a 79 de los cuerpos identificados de la masacre. Ahora, comenzando 2020, la violencia vuelve a ensañarse contra estas poblaciones, solo que para la situación actual. la respuesta del Gobierno ha sido igual que las voces de las víctimas que decidieron guardar silencio.