Denuncian sobrecostos y politiquería en entrega de mercados en Uribia 

La Procuraduría General de la Nación anunció que les tenía la lupa puesta a millonarios contratos de ayudas alimentarias en 8 departamentos del país por presuntas irregularidades en la suscripción de estos convenios relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por la covid-19. 

En su anuncio, el ente de control mencionó a los departamentos de Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y San Andrés. "Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción", dijo el procurador general Fernando Carrillo. 

La lista del ente de control parece que se quedó corta, porque en muchos otros departamentos y municipios del país, las mismas comunidades y líderes sociales han manifestado su inconformismo por los alimentos entregados y la forma en que se han repartido. Uribia, en La Guajira, es solo uno de esos casos que podría ilustrar lo que está pasando con la plata destinada para ayudar a los más necesitados.  

A través de la orden de prestación de servicios, suministros y obras 001 de 2020, la alcaldía municipal contrató 8.000 kits alimentarios para la población urbana y rural por un valor de $1.316 millones. Es decir que cada uno de estos paquetes de ayudas fue facturado por un valor promedio de $164.600. La orden fue firmada por Elías Deluque Gutiérrez, secretario de gobierno y asuntos administrativos, y Carlos Antonio Bolaños, representante legal de la Fundación Ayatashi Wayaa. 

Las principales denuncias surgen porque, según miembros de la comunidad, la suma de los 12 productos que incluyen los kits de alimentos (compuestos por 4 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de pasta, 2 litros de aceite, 2 kilos de harina pan, 2 kilos de fríjol cabeza negra, 2 kilos de fríjol rojo, 6 panelas, 5 kilos de maíz, 1 kilo de leche entera, 2 bolsas de avena y tres latas de sardinas) suman entre $80.000 y $100.000 en las diferentes cotizaciones que realizaron en supermercados y tiendas de abarrotes locales, con precios al detal. Lo que significaría que estos paquetes, sin incluir los descuentos a las compras al por mayor, tendrían un incremento de, por lo menos, $60.000 cada uno. Además, señalan que la Fundación Ayatashi Wayaa fue registrada hace apenas un año y, al parecer, no tendría experiencia en este tipo de entregas. 

Sumado al presunto sobrecosto denunciado, otro tema que le llamó la atención a algunos líderes del pueblo es que, aunque el alcalde ha dicho en varios medios de comunicación que no cuenta con el presupuesto suficiente para atender la emergencia generada por la pandemia de la covid-19, el pasado 27 de marzo firmó un contrato por $199 millones para “apoyo logístico a la sala de crisis de la unidad de gestión del riesgo para la entrega de kits alimentarios y demás elementos de ayuda a la población”.  

Ese contrato de apoyo incluye, por ejemplo, el pago a 22 camiones por la carga y transporte de los alimentos por un valor de más de $130 millones, dinero que incrementaría aún más el valor de los kits y que para los líderes comunitarios es muy exagerado. Además, entre otros, el pago de $13 millones de pesos para “operadores de control de entrega”, labor que en la comunidad dicen está siendo realizada por los mismos funcionarios de la alcaldía.  

Por eso, cuando los habitantes del municipio vieron una emisión de Noticias RCN de la semana pasada, en el que uno de los presentadores dio paso en vivo a una llamada del alcalde Bonifacio Henríquez Palmar, en la que invitaba a todo el país a realizar donaciones para su comunidad, sintieron que se trataba de una movida política más, sin desconocer que, como lo dijo el mandatario, un gran número de habitantes de Uribia está viviendo una dura situación por la falta de agua y alimentos.  

“Es una forma de acallar las críticas por lo que realmente está pasando, que se están robando la plata y los mercados son entregados solo a sus amigos”, le dijo a SEMANA la presidenta de la Junta de Acción Comunal de uno de los barrios más pobres del municipio, quien prefirió el anonimato “para evitar represalias de los amigos del alcalde”. 

Según Henríquez Palmar se necesitan alimentos para 36 mil familias que están dispersas por todo el departamento, lo que dificulta hacer llegar las ayudas. Esto sí es cierto. Uribia es el municipio con más extensión en La Guajira colombiana. En sus 8.200 kilómetros cuadrados (solo 6 de estos corresponden al centro urbano), viven unos 120.000 habitantes. Muchos de ellos pertenecientes a la etnia wayúu, que habitan en comunidades que funcionan como pequeñas islas sobre el desierto. 

Zonas como el corregimiento de Jojoncito, Tawaira, Puerto López, Castilletes, Siapana, Flor de La Guajira, Punta Gallinas y Punta Espadas son algunas de las que han estado históricamente olvidadas y han sufrido las penurias de la falta de agua y problemas de desnutrición y muertes entre sus habitantes. En algunos de estas poblaciones y otras más cercanas a los centros urbanos, sus habitantes han optado por mecanismos alternativos para obtener ayudas en estos días de crisis por el coronavirus, como instalar peajes ilegales en las vías.

Hasta hace algunos años el municipio era un territorio dominado por la exalcaldesa y cacica política Cielo Redondo, con un pasado ligado a actos de corrupción y vínculos con paramilitares. Pero, Henríquez Palmar llegó a la alcaldía con el respaldo de la representante a la Cámara, María Cristina Soto, prima de Marquitos Figueroa, y el guiño del magistrado del CNE Jaime Luis Lacouture.    

El Chino, como es conocido el actual mandatario, tiene un pasado ligado al reconocido Convenio Único de Resguardo, que maneja un presupuesto superior a los $24.000 millones de pesos y que, según algunos líderes regionales, es un nido de corrupción. Luego de su triunfo en las urnas, Henríquez fue demandado por supuesta trashumancia electoral y violación al debido proceso, pero también es investigado por supuesta suplantación y clonación de cédulas. 

En las calles de las comunidades y a través de cadenas de mensajes telefónicos las quejas y el inconformismo ha ido creciendo. La comunidad está desesperada y siente que el mandatario no está actuando con ética. 

Imagen de uno de los mercados entregados,enviada por un miembro de la comunidad.

Edwin Hernández, un habitante de la comunidad del Cabo de la Vela, contó a través de un audio grabado el pasado 11 de abril, lo que, según él, las personas encargadas de entregar las ayudas están seleccionando a los beneficiarios no por su necesidad, sino con argumentos políticos.  

“Me parece muy malo, señor alcalde y señores concejales, que utilicen la necesidad que tiene el pueblo para que vengan a hacer política con las ayudas humanitarias. Es desagradable. En el Cabo de la Vela la mayoría de las personas viven del turismo y con la cuarentena no hay cómo mantenerse. ¿Por qué seleccionan así a la gente? Sean razonables y conscientes, mucha gente necesita, qué pena que sea mi pueblo y mi gente, pero es la realidad”, se escucha en el audio de este habitante del municipio. 

Como ese hay decenas de ejemplos. La presidenta de la Junta de Acción Comunal dice que el mandatario desconoció a todos los líderes que no votaron por él y contrató a grupos de jóvenes para hacer un censo con las personas que lo apoyaron en campaña. Para esta líder comunitaria, Henríquez Palmar está cumpliendo las palabras que repitió los días posteriores a su triunfo electoral: “Les voy a dar duro a lo que no votaron por mí”. 

Jorge Castañeda, autoridad de la comunidad de Puerto López, también se unió a las cadenas de mensajes. El líder indígena dice que el alcalde no ha enviado ninguna ayuda a las poblaciones más alejadas y que lo único que han recibido forma parte del Programa Mundial de Alimentos, que desde hace cuatro meses les envía ayudas. “No se llene la boca diciendo que usted envío la comida. No tengo nada en contra de usted, pero demuestre cuál es el cambio del que habla, ahora estamos peor, tenemos que tomar agua no potable, llena de sapitos. Estamos muriendo, porque acatamos la orden del presidente Duque; sin embargo, usted no cumple con sus funciones”. 

Si los entes de control llegan a comprobar que han existido sobrecostos y manejo político en la entrega de alimentos en este municipio de la Alta Guajira, seguramente no será el único. En departamentos tan disimiles como Arauca, Magdalena, Atlántico y Meta, las mismas comunidades han denunciado irregularidades que van desde latas de atún a 19 mil pesos o recibo de mercados incompletos. Así, la que parecía una buena oportunidad para que algunos mandatarios demostraron su grado de responsabilidad frente a sus comunidades, parece terminó convertida en una feria de contratos entre amigos y comisionistas.