Terminó la era Eduardo Montealegre

El próximo 29 de marzo Eduardo Montealegre culminará su periodo en la Fiscalía. Su paso por la entidad no estuvo exento de polémica. Llegó al búnker luego de que el Consejo de Estado anuló la elección de Viviane Morales antes de que esta terminara el período para el cual fue elegida. El presidente Juan Manuel Santos, quien había tenido al hoy fiscal como asesor en temas como el fuero militar, lo postuló dentro de una terna que estaba conformada para que la Corte Suprema de Justicia lo eligiera, sí o sí.

Había sido viceprocurador de Jaime Bernal Cuéllar en los años 90, magistrado de la Corte Constitucional (2001–2004) y ofició como representante del Estado ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Siempre tuvo cartel como uno de los abogados más reconocidos del país.

A pesar de estas credenciales, la opinión pública poco lo identificaba. Su llegada al búnker no estuvo del todo tranquila. Tras haber llegado a uno de los cargos con mayor poder del Estado, se le cuestionó su pasado como asesor de Saludcoop, la primera EPS liquidada por temas de corrupción.

Se habló de una asesoría por más de 5.000 millones de pesos, e incluso, la contralora Sandra Morelli lo denunció tras señalarlo de seguir recibiendo emolumentos de los directivos de esa empresa. Esa primera gran controversia la resolvió con una investigación contra Morelli, pero sin dar respuestas a la opinión pública.

En estos cuatro años la Fiscalía será recordada más que por grandes investigaciones, por los muchos titulares de prensa. Casi que a diario, Montealegre dio de qué hablar en los medios. Y las decisiones más sonoras fueron, precisamente, las que vincularon a copartidarios y familiares del expresidente Álvaro Uribe.

Entre las indagaciones que más le han valido críticas por parte de la oposición al gobierno Santos se cuentan las que se adelantan contra el excandidato Óscar Iván Zuluaga, su hijo David, Luis Alfonso Hoyos y los dos hijos del expresidente Uribe. En lugar de pronunciarse mediante providencias, Montealegre tuvo el estilo de notificar a sus procesados en la radio o en la televisión.

A Zuluaga, que había ganado la primera vuelta en las elecciones presidenciales, lo vinculó con el caso del hacker Andrés Sepúlveda, quien aceptó haber infiltrado comunicaciones de los negociadores del Gobierno en La Habana. El caso fue determinante para la segunda vuelta, en la que Santos obtuvo la reelección, y desde entonces el uribismo señaló a Montealegre de ser un fiscal del bolsillo del presidente.

Esa tesis ha sido controvertida por el propio Gobierno. Pero en la reciente encuesta de Ipsos Napoléon el 59 % de los colombianos consideró que la orden de captura contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, había tenido motivos políticos. Sólo es la lectura que tuvo la opinión pública de la que fue la decisión que más arreció el rechazo de la oposición hacia la gestión del jefe del ente investigador.

Pero si en algo Montealegre quiso ser un aliado de Santos fue en el proceso de paz. No llevaba dos meses en su cargo cuando dejó de una sola pieza al país. Cuando parecía que las palabras indulto o amnistía parecían desterradas del ordenamiento jurídico, el fiscal pareció revivirlas.

En mayo del 2012, en momentos en los que aún no se oficializaba la existencia de un proceso de paz, pero el Congreso discutía el marco jurídico para aplicarlo, planteó métodos de castigo alternativos a los de la prisión para responsables de graves delitos de lesa humanidad.

Desde entonces defendió esa tesis, quizá con el propósito de ayudarle al presidente Santos. Pero sin duda Montealegre se había pasado más allá del límite y su postura, en lugar de echarle una mano al Gobierno, terminó por ponerlo en aprietos en la mesa de La Habana (Cuba), y les generó más de un dolor de cabeza a los negociadores del Ejecutivo y, a la postre, favoreció las pretensiones de las FARC.

Por la paz desafió al procurador general en una marcha por la paz y se posó frente a la sede de la Procuraduría y le exigió a Alejandro Ordóñez que bajara a sumarse al propósito del Gobierno y demás sectores de finalizar el conflicto. Con Ordóñez protagonizó varios debates universitarios bastante aplaudidos por el fondo de la discusión, porque, eso sí, a Montealegre nadie le discutió su capacidad argumentativa.

Lo que sí se discutieron fueron sus decisiones. La primera con que sorprendió al país fue la orden de captura contra Sigifredo López, a quien vinculó a un proceso que contenía una macabra tesis. Lo señaló de haber participado en el secuestro de sus compañeros diputados del Valle.

Sigifredo pasó varios meses tras las rejas a la espera de una prueba. Esta nunca llegó y Montealegre tuvo que ordenar su libertad y pedir perdón por el error.

Otro craso error que se sumó fue la indagatoria que ordenó a la actriz Carolina Sabino, por un caso de aborto. Meses después quiso enmendar su error anunciando un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo.

Y si de movilizaciones se trata, hace un año salió a la calle a llamar a la rama judicial a la desobediencia y a movilizarse contra la reforma al equilibrio de poderes, un proyecto que entre otras contemplaba que la eliminación de la Comisión de Acusaciones, que investigaba a al fiscal.

Mientras Montealegre repartía noticias a diario y opinaba de todos los temas nacionales, así no tuvieran directa injerencia en sus funciones, se escondía la forma como administraba la Fiscalía.

Si la entidad es una de las de mayor planta de personal, Montealegre decidió ampliarla, incluso contratando asesores externos para asuntos que deberían ser de los propios fiscales. Con el argumento de adecuar la Fiscalía para el posconflicto, impulsó la reestructuración de la entidad y hasta creó una universidad con la que parecía adoctrinar a sus subalternos. Más de 31.000 millones en una academia que fracasó.

Pero de todos los contratos que firmaba a diario, el de Natalia Springer generó indignación. La benefició con multimillonarios contratos para adelantar una matriz de investigación de delitos del conflicto armado, cuyas conclusiones fueron bastante cuestionadas dentro de la propia entidad.

Por esta feria de contratos, el Congreso le exigió respuestas a Montealegre, pero el fiscal se rehusó a dar la cara con el argumento de que el un funcionario como él no puede ser citado por el parlamento, pero quizás sin entender que el país reclamaba sus explicaciones. No llegaron y no llegarán, como tampoco llegaron las de Saludcoop.

Pero en dos semanas, cuando la era Montealegre llegue a su fin, el país también deberá recordar importantes cambios que hizo a los métodos de investigación. Al establecer un sistema de priorización de casos, se privilegiaron los casos de mayor trascendencia sobre aquellos que requieren menos esfuerzos investigativos.

También creó una Unidad de Análisis y Contexto, que, aunque haya dado origen a la contratación de Springer, les permite a los investigadores de la Fiscalía fijar unos objetivos claros dentro de las investigaciones. Los expertos reconocen esa herramienta como esencial para develar el funcionamientos grupos del crimen organizado como las bacrimes.