Desalojos en Usaquén: Alcaldía de Bogotá se pronuncia tras los desmanes presentados este martes

Este martes se presentaron disturbios en el sector de Santa Cecilia II parte baja, en la localidad de Usaquén, cuando en un operativo de la Secretaría de Hábitat de Bogotá se recuperaba el espacio público por una malla que obstruía la vía y se realizaba el cerramiento de los predios de las casas que fueron demolidas por alto riesgo de colapso.

En medio del trámite hubo enfrentamientos entre la Policía y los habitantes del sector, quienes se han resistido en gran medida a abandonar las viviendas que se construyeron allí y que tienen alto riesgo no mitigable declarado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Idiger, mediante concepto técnico desde el año 2006.

“En la localidad de Usaquén venimos varias entidades del Distrito trabajando con la comunidad para poder hacer la evacuación por concepto de riesgo no mitigable y que se reafirmó en la orden de evacuación de hace dos meses, derivada del riesgo a colapso que tienen las viviendas en este territorio”, explicó la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel.

Pese a que las autoridades precisaron que los operativos de este martes no correspondían a desalojo, sino a recuperación del espacio público, una parte de la comunidad de este barrio respondió con violencia y contundentemente contra las autoridades, enfrentamiento que dejó como resultado una patrullera herida.

“Desafortunadamente en el marco del operativo, donde no se pueden asentar otras familias porque ponen en riesgo su vida, se presentó una reacción violenta de algunos miembros de la comunidad, atentando contra una patrullera herida en la cabeza con una piedra”, dijo Rangel.

Tras la orden de demolición de hace dos meses, diez casas debieron ser evacuadas de forma inmediata y seis de estas demolidas por presentar daños irreparables en su estructura y por ser un riesgo inminente para la vida de quienes habitan el sector. Este proceso se inició con el apoyo institucional para la mudanza de los ocupantes de los predios afectados, y luego con los trabajos que se extendieron hasta el 27 de julio cuando finalizó la demolición controlada, informó la entidad.

Sin embargo, desde la comunidad se argumentó que hace falta divulgación y comunicación adecuada por parte del Distrito para entender los operativos y acciones que se realizan en el territorio.

“Acá se puede evidenciar cómo fueron atacados los funcionarios. Todo esto por la falta de claridad y diálogo entre autoridades y comunidad”, fueron las palabras del veedor de la ciudadanía en Usaquén, Gerardo Sarmiento.

Ante esto, la Secretaría de Hábitat explicó que para el momento de inicio de las demoliciones en junio de este año se activó la oferta institucional iniciando por el proceso de caracterización de las familias, para posteriormente definir la hoja de ruta establecida donde se ofertó arrendamiento solidario y alojamientos temporales para las diez familias afectadas.

Las autoridades señalaron que una de estas familias está actualmente en proceso de reasentamiento a través de la Caja de Vivienda Popular y una más está caracterizada y en espera del reconocimiento para iniciar el proceso de reubicación.

“Por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, a seis hogares se les hizo cruce de información con otras entidades, de los cuales tres están habilitados para realizar el proceso de orientación para acceso a vivienda y tres inhabilitados por aparecer con una propiedad en el territorio nacional”, señaló Rangel.

En junio de este año, también, la Personería de Bogotá había alertado sobre el riesgo que existe en todo este polígono habitacional que en gran parte se trata de pliegos ilegales. En el informe, el organismo señaló que son 194 predios en el sector de Santa Cecilia Alta y Baja que están en peligro.

“La Personería de Bogotá, después de realizar varias visitas al sector de Santa Cecilia Alta y Baja, polígonos 069 y 069A ubicados en los cerros orientales de la localidad de Usaquén, solicita a la Administración Distrital adoptar medidas de desalojo inmediato y control de la zona con el fin de salvaguardar las vidas de los habitantes de 194 ocupaciones entre construidas, en proceso o provisionales, y evitar una tragedia por la inestabilidad del terreno que es zona de alto riesgo no mitigable según un concepto técnico del Idiger”, señaló la entidad en su momento.