Desaparecidos del Palacio | General (r) Ramírez Quintero fue admitido por la JEP

Desde el 2012 el recurso de apelación en contra del fallo que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero se encuentra en estudio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) del Ejército Nacional fue absuelto por duda probatoria en el proceso que se le adelantó por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

En ese fallo se determinó que existieron muchas pruebas contradictorias que no permitían evidenciar la participación o responsabilidad de Ramírez Quintero en el caso de las personas que salieron con vida del Palacio entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, de cuyo paradero no se volvió a saber.

Después de diez años, el proceso pasará a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto después de que la Sala de Definición avalara el acta de sometimiento allegada por el oficial en retiro.

Ramírez Quintero, quien siempre se ha declarado inocente por el caso de los desaparecidos, tendrá que presentar la hoja de ruta de su colaboración ante la JEP y revelar detalles inéditos para aportar así a la construcción de la verdad.

Desde la Brigada XX del Ejército, el general tuvo conocimiento sobre la forma en cómo se planteó la operación de recuperación del Palacio tras la toma liderada por el M-19.

Igualmente, tendrá que explicar si tuvo o no conocimiento de extralimitaciones de los generales que comandaron la operación en cuanto a los interrogatorios a los que fueron sometidos en la Casa del Museo del Florero un grupo de liberados, a quienes consideraban sospechosos de participar en la toma y tener nexos con el M-19.

Así como las acciones que habrían adelantado sus subalternos y compañeros, extralimitándose en sus funciones o ejercer presiones indebidas y censuradas en los reglamentos internos.

Junto al general (r) Ramírez Quintero también fueron admitidos el mayor (r) Óscar William Vásquez —quien ya fue condenado a 40 años de prisión por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández (trabajadores de la cafetería) e Irma Franco Pineda (guerrillera del M-19)—.

Igualmente, fueron admitidos los sargentos Gustavo Arévalo y Bernardo Alonso Garzón Garzón, quienes adelantaron labores de contrainteligencia durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, señalando a un grupo de personas que salieron con vida de la edificación de tener información sobre los guerrilleros y los planes de toma.

La investigación adelantada en el 2008 por la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que estas personas fueron sometidas a fuertes interrogatorios dentro de la Casa Museo del Florero —que funcionaba como un improvisado mando militar— con el fin de obtener información.

Un grupo de estas personas fueron trasladados a diferentes batallones, entre ellos la Escuela de Caballería —ubicada en el norte de Bogotá— y el batallón Charry Solano —ubicado en el sur—. En esos lugares fueron sometidos a torturas y algunos de ellos murieron.

Exterminio de la UP

En la JEP, el nombre del general (r) Ramírez Quintero apareció dentro del expediente por el exterminio de la Unión Patriótica. El oficial habría entregado información sobre los militantes de esa colectividad que nació tras un proceso de paz entre las Farc y el Gobierno.

Pese a su sometimiento, el general se ha negado a presentar su declaración. Para esto incluso llegó a radicar una acción de tutela manifestando que se le estaban vulnerando sus derechos procesales, puesto que se le estaba presionando a autoincriminarse.