Desaparecidos: el Estado el gran responsable

Es un delito sin cadáver, sin pruebas y sin duelo. La familia sospecha que su ser querido ha sido asesinado, pero solo puede hacer el duelo en los escasos casos en los que las autoridades encuentran los restos, los identifican y los entregan. Como muestra el informe con un análisis de casos tipo, “incertidumbre, impotencia, tristeza, angustia” marcan la vida de los sobrevivientes.

Además de la rabia que produce la indolente respuesta de la que ha hecho gala el Estado durante décadas. Uno de los cuatro libros del informe se dedica a los impactos psicosociales de este crimen: la sola lista de cómo son afectados individuos, familias y comunidades ocupa casi tres páginas. Hay casos de madres y abuelas que murieron con la mesa puesta esperando un comensal que nunca regresó.

Es un delito cuya magnitud nadie conoce a ciencia cierta. La Fiscalía registra 21.900 casos entre 2005 y 2012, pero el Sirdec (cuyos datos se supone que incorporan los de la Fiscalía), tiene menos, 19.254, para un periodo mucho más largo, de 1970 a 2012.  El Centro de Memoria Histórica hizo un ejercicio (aún sin terminar) con las organizaciones de víctimas y consolidó 5.016 casos desde 1970.

La Unidad de Víctimas registra 14.000 víctimas directas. Repasando las cifras, el informe muestra que las fuentes no son comparables; que los registros estatales enfatizan casos a partir de 2000, cuando se incluyó la desaparición forzada como tipo penal, en tanto que los de las organizaciones de familiares son sobre hechos ocurrido antes; que es difícil establecer cosas básicas como el sexo, la ocupación o la edad de las víctimas.

Es un delito que, pese a que se ha cometido de manera sistemática en Colombia desde hace cerca de 40 años, solo figura en el Código Penal hace 14. Solo 30 años después de la primera desaparición, la de Omaira Montoya en 1977, comenzó a operar un registro único centralizado, el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal). Apenas en 2010 la Fiscalía creó una unidad especializada. Y recién en 2012 se promulgó una ley que permite declarar a alguien desaparecido sin tener que esperar dos años a que no se confirme su muerte.

Lo más grave, como muestra el informe, es que se trata de un delito cometido principalmente por el Estado y sus agentes, en alianzas con paramilitares o narcotraficantes. Desde las desapariciones, torturas y ejecuciones al amparo del Estatuto de Seguridad en los años ochenta hasta los falsos positivos de fines de los años 2000, el papel del Estado y sus agentes en este crimen de lesa humanidad es notable. El informe analiza la evolución del delito en cuatro periodos y en cada uno de ellos es evidente la participación del Estado como perpetrador.

El Estado ha respondido a las víctimas con inmensa indolencia. La desaparición no es sino el comienzo. El informe sostiene que el circuito violento “continúa con la puesta en marcha de la búsqueda del ser querido y la denuncia, proceso en el que los familiares encuentran obstáculos mayúsculos por parte del aparato estatal para encontrar al familiar, obtener justicia y recibir atención especializada”. Por casi tres décadas, los familiares de los desaparecidos fueron los únicos que tocaron puertas ante una burocracia casi siempre sorda e indiferente.  

La impunidad que rodea este delito es escandalosa, aun para la medida colombiana. A ella, ha contribuido, según el informe, la “deficiente, irregular e inadecuada respuesta del Estado”, que también es responsable de que hoy sea imposible disponer de cifras ciertas de desaparición forzosa.

De los cerca de 28.000 procesos que lleva la Fiscalía por desaparición forzosa solo hay, en el mejor de los casos, 35 sentencias ejecutoriadas, según cifras remitidas a los investigadores. En Justicia y Paz se confesaron casi 3.500 casos de desaparición forzosa, y esto ha llevado a exhumar 4.000 fosas, con más de 5.000 cadáveres, y a entregar más de 2.000 restos a los familiares. Un avance que contrasta con que solo cinco de los casi 4.000 paramilitares postulados a Justicia y Paz han sido condenados por ese delito.

El informe concluye que no solo se hizo poco o nada entre 1970 y 2000 para enfrentar la desaparición forzosa, sino que la legislación y la institucionalidad que se han venido poniendo en pie desde ese último año “no garantizan de manera efectiva y oportuna” los derechos de las víctimas y que algunas medidas no han logrado el suficiente desarrollo por debilidad institucional, falta de recursos o de personal o porque “persiste una actitud que niega que la desaparición forzada ha sido y es una realidad en Colombia”.

Que este nuevo informe provenga de un organismo que forma parte de la institucionalidad de la Ley de Víctimas, interpela, de hecho, a las Farc en La Habana. Estas allá exigen a diario que se esclarezcan las causas del conflicto armado y no han hecho casi ningún gesto para contribuir ellas mismas a ese fin mientras,  pese a todo, el Estado con informes como este, no solo contribuye a fondo en esa dirección, sino que da pasos notables hacia reconocer la inmensa responsabilidad que le cabe en la victimización y la degradación de esta guerra interna de medio siglo. La salud del proceso de paz mejoraría notablemente si las Farc se decidieran a hacer lo propio.