Farc entrega información de 276 personas dadas por desaparecidas

Comienzan a cicatrizar los traumas que dejó medio siglo de conflicto armado. 276 formatos, que contienen información para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, fueron entregados este martes por el Comité Nacional de Búsqueda de la Farc al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

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Meta (25%), Tolima (18%),  Antioquia (13%), Cauca (7%) y Huila (6%) son los departamentos con más casos identificados por los excombatientes que hacen la investigación  desde hace cuatro años. Las personas reportadas, de acuerdo con la información que recibió la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), corresponden a miembros de grupos armados al margen de la ley (64%), civiles (28%) e integrantes de Fuerza Pública (1%).

"La UBPD avanza en el proceso de gestión de la información recibida, a través de la digitalización, clasificación y codificación de los formatos, así como en el almacenamiento seguro para garantizar su confidencialidad", aseguró la entidad a través de un comunicado después del encuentro que se llevó a cabo con familiares de víctimas en el norte de Bogotá. 

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Las identidades recopiladas se suman a las centenas de casos más en los que trabaja la unidad en cabeza de Luz Marina Monzón. A pesar que las cifras consolidadas apuntan a más de 60.630 personas desaparecieron forzosamente en el país entre 1970 y 2015, la entidad continúa en fase de consolidación que le permita tener todas las herramientas para hallar 120.000. 

La desaparición forzada ha sido más fuerte en Colombia que en cualquier otra parte del hemisferio occidental. De hecho, la cifra está por encima de la guerra de los Balcanes en los años noventa y de las dictaduras en América del Sur. La comparación ayuda a entender cuán desconocida es la desaparición forzada en Colombia. En Argentina se habla de 30.000 casos durante la dictadura, pero apenas se han documentado 10.000 y en Chile, el registro oficial abarca 3.500 desaparecidos durante el régimen de Pinochet. 

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Cuatro años después de que un grupo de excombatientes acordó poner a andar medidas de construcción de confianza, entre las que se incluye la entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, se ven los primeros resultados. Aunque todo parece indicar que los miembros del Partido Farc no se involucrarán en la etapa final del proceso, ya están entregando las bitácoras que les permitirán a las autoridades hacer los hallazgos.

Alrededor de 71 personas documentadoras de la Farc (38 hombres y 33 mujeres) son las encargadas de hacer la recolección de datos desde el 2017. A través de formatos diseñados con el apoyo y fortalecimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las organizaciones sociales y de víctimas, entregaron el primer informe y trabajan en 78 más. 

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La desaparición forzada como la conoce el mundo nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen de Adolf Hitler en Alemania, en un decreto de 1941 conocido hoy como ‘Noche y niebla’, incluyó dentro del repertorio de acciones legales del Estado “la desaparición del enemigo y la negación del conocimiento de su paradero”. La práctica pronto se regó por el planeta y encontró durante la Guerra Fría un caldo de cultivo perfecto en la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que exportó a América Latina la lucha del Estado contra el comunismo. 

De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición forzada llegó a Colombia en los años setenta por cuenta de los estados de sitio instaurados en esa época para enfrentar las turbaciones al orden público. Poco después, según el informe, el Estatuto de Seguridad Nacional del presidente Julio César Turbay “consolidó la autonomía de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el ‘enemigo interno’ y la represión de expresiones políticas disidentes”. En ese contexto, “se abrió la modalidad de violencia de la desaparición forzada en el país”.

El CNMH fija a 1970 como el año en el que el fenómeno se inició en Colombia, pues en esa década se convirtió en una realidad, especialmente para los campesinos de Meta y Caquetá. Pero solo el 9 de septiembre de 1977 se presentó el primer caso denunciado oficialmente. Ese día, agentes del Estado detuvieron en Barranquilla a una militante de izquierda llamada Omaira Montoya, de quien nadie volvió a tener rastro. El caso resultó emblemático porque produjo la primera sanción contra funcionarios por desaparición forzada, pero también porque desató una ola que hasta hoy no se detiene. En cuatro décadas, el conflicto desapareció gente en 1.010 de los 1.115 municipios de Colombia.

Con el acto de este martes, la "UBPD confía en que esta entrega sea el primer paso de muchos por parte de Farc para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los desaparecidos en el marco del conflicto". Si bien, en principio se acordó que está información haría parte de los actos que ayudarían e n 2015 a desescalar el conflicto, lo cierto de fondo es que a pesar que la entidad tiene un carácter extrajudicial, los aportes que hagan los excombatientes serán determinantes para resolver si pueden o no acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.