El país de los muertos que nunca fueron encontrados

A William lo borraron del mapa durante 22 años. Una llamada suya fue el último contacto que tuvo su familia antes de volver a saber de él. Aunque de Arauca partió rumbo a los Llanos Orientales a trabajar en los cultivos de palma de aceite, desapareció sin dejar rastro alguno.

Cerca de 60.630 desapariciones forzadas se cometieron en el país de 1970 al 2015, y William es uno de ellos. Después de sostener por largos cinco años ininterrumpidas comunicaciones, un día el teléfono de la familia Maldonado Sandoval  dejó de sonar.

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"No supimos más nada de él hasta el 2014, que colocamos una denuncia que se extendió a Villavicencio. Por eso fue que tiempo después, los peritos de la Fiscalía tomaron un muestreo a mis padres para verificar el ADN de un cuerpo exhumado", recuerda su hermano Hugo.

El daño incalculable que este flagelo le provocó a las familias y las comunidades se tradujo en la dificultad de encontrar un consuelo. La lista es larga y los horrores que se vivieron en la guerra, desdibujan la posibilidad de encontrar una pronta respuesta.

El flagelo de la desaparición forzada se ha vivido con más intensidad en Colombia, que en cualquier otra parte del hemisferio occidental. La cifra está por encima de la de la guerra de los Balcanes en los años noventa y de los penosos números quedaron de las dictaduras en América del Sur en las décadas de los setenta y ochenta.

A lo largo de 45 años, cada día tres personas desaparecieron forzosamente en Colombia. Esa fue una de las conclusiones que llegó el Centro Nacional de Memoria Histórica, después de conocer la investigación más completa y jamás hecha sobre este drama en el país.

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Aunque organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda y Equitas, han facilitado la entrega de cuerpos a 80 familias de los Llanos Orientales, en el último año y medio, se trata de una de las grandes deudas históricas que tiene el país con la víctimas del conflicto. ¿La razón?, "de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos, la presunta autoría estaría concentrada en la Fuerza Pública y los paramilitares".

Con esa sensación se quedó la familia de William Maldonado. "Las autoridades argumentaron que mi hermano no se encontraba trabajando sino que era un combatiente de grupo armado. Por eso, fue dado de baja en combate", describe Hugo sobre un proceso en el que no cree.

Hay piezas que no encajan. "Él fue dado de baja en un campo y fue trasladado a otro. A eso se le agrega que fue inhumado en un cementerio muy lejano", son algunos de los interrogantes que quedaron en su memoria. "Es un proceso demorado", dice. Por eso, es que "faltan decenas de miles de personas por ser localizadas, y miles de cuerpos por ser identificados plenamente y restituidos de forma digna".

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Para las víctimas todo está por hacer. Aunque en los acuerdos de La Habana se suscribió un capítulo enteró para hacerle cara al flagelo, a través de la creación de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que tendrá una vigencia de 20 años, el compromiso no despega.

"Se encuentra solo en el papel (...)". De hecho, "la Corte Constitucional aún tiene en el tintero la ratificación del decreto 589 de abril de 2017 el cual pondría en funcionamiento este importante instrumento y el tiempo sigue corriendo en contra de los desaparecidos y desaparecidas del país", advierte la organización Equitas.

Quizá por eso, este martes, horas antes de que se conmemore el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, Rodrigo Rivera, alto comisionado de paz, dijo: "iniciamos el proceso especial para recolectar información de personas dadas por desaparecidas".

El anuncio se suma a la labor que viene adelantando el comité de escogencia para elegir al director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “La labor incansable de las víctimas y de las organizaciones sociales acompañantes ha sido indispensable para el diseño de este y otros mecanismos que tienen como objetivo garantizar sus derechos”, dijo Todd Howland.

Para la ONU, la UBPD debe funcionar en coordinación con los demás mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese sentido, se debe garantizar la participación efectiva de las víctimas en los territorios, la aplicación de enfoques diferenciales y el diseño e implementación de planes de búsqueda nacional, regional e individual.

Y es que en la mayoría de los casos, el dolor de las familias les ha hecho suspender su cotidianidad y sus proyectos de vida en lo que los expertos denominan “una forma de tortura”: un crimen “pluriofensivo”, de ejecución continua, que causa daños morales, emocionales, psíquicos, físicos y materiales. 

Dimensionar la magnitud de esta tragedia humanitaria es una tarea pendiente. A pesar del subregistro por la falta de datos exactos, sin duda el fenómeno de la desaparición tiene características dramáticas en Colombia. “Colombia vive momentos decisivos en los que las víctimas de décadas de conflicto armado merecen respuestas. Esto hace necesario impulsar, con una firme voluntad política, avances concretos en la búsqueda de personas desaparecidas. Los pasos que se han dado en esta dirección no son suficientes”, explicó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, sobre el reto que vive el país para evitar que el flagelo siga creciendo.

A la familia Maldonado Sandoval "el plan cementerio" que socializó el director de la entidad, Carlos Valdés, en La Habana les devolvió el consuelo. El proyecto que le da vuelta al método convencional de búsqueda, se centra en el interés de escarbar en todos los cementerios del territorio nacional en busca de los cuerpos -que habrían sido enterrados por los actores del conflicto-, lograr su plena identificación y entregárselos a sus familiares. Es como si los muertos estuvieran comenzado a romper su silencio. 

A la fecha, el país ha reaccionado de manera insuficiente a las dimensiones de este horror y las víctimas quieren resultados tangibles. Por eso este miércoles familiares, organizaciones se concentran en Villavicencio (Meta) para exigir celeridad en la implementación a propósito de la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada.