Descubren “casa del terror” en Villeta, Cundinamarca

Una mujer de 27 años, un joven de 29, una de 20 y una niña de 14 compartieron las historias de terror vividas mientras estuvieron encerrados en centros de reentrenamiento a donde llegaron con la ilusión de encontrar la cura para sus adicciones. Todos recibieron la invitación para “cambiar su vida” con los buenos oficios de la Fundación de Jesús. Con una mano les imponían la Biblia, y con la otra, los castigos.

Detrás de esta promesa hay comportamientos violentos que se repiten como un patrón. En la madrugada de un día de septiembre, mientras una de las denunciantes dormía, entraron a su habitación cuatro hombres, la tomaron del cuello, le sujetaron las manos y le advirtieron: “Venimos a cambiar tu vida”. Seis meses antes, a otro joven le hicieron una oferta laboral. Debía asistir a una entrevista en una bodega del centro de Bogotá. Mientras esperaba a sus futuros jefes, cuatro hombres lo botaron al suelo, le amarraron las manos y le cubrieron la boca con cinta. Lanzaron la misma sentencia: “Vamos a cambiar tu vida”.

Un año antes, a medianoche, los mismos hombres le decían a una madre, quien también denunció, que saliera de su casa mientras ellos sacaban por la fuerza a su hija. La niña de 14 años fue sorprendida en su computador haciendo tareas. La tomaron por el cuello, le torcieron el brazo y la amarraron. Un mes después, otra joven de 20 años fue amordazada y llevada por la fuerza. También recibió el mensaje divino: “Vamos a cambiar tu vida”.

El desenlace de todas las historias es el mismo. Las víctimas, amordazadas, eran escondidas en un carro y trasladadas en la noche y la madrugada hasta las sedes de la Fundación de Jesús en Choachí y Villeta, Cundinamarca. Se trata de la “Operación Rescate”, un protocolo que, según los denunciantes, usa la Fundación para asegurar el desplazamiento de los pacientes que recibirán los tratamientos destinados a superar adicciones a la droga o el alcohol. Ese trayecto era aterrador. A las víctimas las tiraban en el piso del carro, sin decirles para dónde iban, y, si gritaban, les tapaban la boca y presionaban la cabeza.

Una vez allá, pasaban una temporada de encierro, incomunicadas en diminutos cuartos; a sus familias les aseguraban que estaban en una habitación privada, con baño y asesoría psicológica personal. Todos llegaban a este calvario por la preocupación de algún ser querido, ante la impotencia o el desespero de tener un familiar sumergido en las drogas.

La sede principal de la Fundación de Jesús queda en el centro de Bogotá. Un portón alto y blanco, aledaño a la iglesia León de Judá, es la primera barrera que se cruza. SEMANA conoció cómo se ofrecían los servicios para descifrar en qué consiste la terapia teocéntrica. Advierten que “la Fundación no es una IPS, no tenemos médicos. No manejamos el tema de psicólogos, nada de psiquiatría y tampoco suministramos medicamentos”. Todo es reemplazado por tres etapas conocidas como camino, verdad y vida.

Les ofrecen alimentación y condiciones dignas para vivir. El valor es de 1.800.000 pesos por mes, pero, si va referenciado, solo pagará entre 500.000 y 700.000 pesos. Una vez se firma el contrato no hay marcha atrás. Más que un tratamiento milagroso, lo que sigue es una pesadilla.

La Fundación de Jesús está ubicada a 3 kilómetros del centro de Villeta, en la vía a Guaduas. Es un predio que durante años funcionó como complejo ecoturístico. Se llega por un puente colgante desgastado que facilita el cruce de la quebrada Cune. El ingreso es por una reja roja, vieja y oxidada, de la que cuelgan, desde el pasado 21 de enero, dos letreros en hojas tamaño carta con sello de la Policía: advierten que el lugar está sellado por irregularidades.

La gente del pueblo no se atreve a decir con certeza lo que allí pasaba. Esa finca no era la única que había arrendado la Fundación. Uno de los vecinos de la zona le contó a SEMANA que le alquiló su finca, a través de una inmobiliaria, al pastor Carlos y a sus colaboradores: “Muy buenas pagas, sí, pero me tocó pedirles, porque el espacio era muy pequeño para 50 personas que metieron a vivir. Eso mantenía sucio, las piscinas en pésimas condiciones. No veía que tuviera profesionales para atender a las personas, por eso preferí pedirles a los seis meses. Para evitar problemas”.

La realidad descubierta por la Defensoría del Pueblo en la sede de Villeta era muy distinta a la ofrecida por los empleados cuando presentaban las bondades de inscribir a los niños y jóvenes en su particular proceso de rehabilitación.

En el interior de la sede convivían en el mismo espacio niños, jóvenes y adultos mayores con problemas mentales y de consumo de sustancias psicoactivas. Las instalaciones y sus encargados no cumplían los requisitos mínimos y legales para ofrecer ese tipo de servicios.

Esto quedó claro cuando en noviembre de 2020 a las oficinas de la Personería, de la Inspección de Policía y de otras entidades de Villeta llegó la denuncia de una persona que aseguraba haber sido internada en la Fundación, donde recibió duros castigos y violaciones a sus derechos.

En las visitas de inspección, la primera el 20 de noviembre, identificaron que no había buenas condiciones de salubridad ni personal idóneo para la atención. No contaban con tratamientos médicos para personas con enfermedades mentales. Según le contó a SEMANA la personera municipal, Yudy Murillo Mello, era evidente la angustia y temor de quienes estaban siendo tratados.

¿La razón? La terapia era amparada por rígidos planteamientos religiosos. Así lo registra el amplio objeto social contenido en el registro de Cámara y Comercio de la Fundación. En medio de una serie de etcéteras, plantea entrenar a los usuarios en fundamentos bíblicos para que adquieran principios establecidos en la palabra de Dios, mantener en el hogar un ambiente cristiano a través de la “disciplina” y alimentar con la palabra de Dios la vida de los beneficiarios. Esta es la fórmula de la Fundación de Jesús.

“No cuentan con trabajadoras sociales, ni con psicólogos que acompañen el proceso de rehabilitación y de inclusión social y familiar. Sin atención oportuna, calidad de vida, seguridad, acceso a servicios educativos. Por el contrario, humillaciones y violencia física o psicológica, justificada bajo intervención espiritual. Engañados porque no tienen atención de su salud física y mental que es la razón por la cual los reclutan en dicho establecimiento”, se lee en el contundente informe de la Defensoría del Pueblo luego de adelantar una visita junto con otras autoridades y pedir que se ordenara el cierre de esta sede.

Los métodos en la Fundación de Jesús al parecer se aplican con una mano en la Biblia y con la otra en la represión. “Una niña desesperada por su situación, llevaba más de un año ahí metida, peleaba con todo el mundo; una noche a ella se la llevaron para otra habitación, le taparon la boca con cinta, y amarraron las manos y las piernas con una sábana y la golpearon”, dijo una de las denunciantes.

Los denunciantes que hablaron con SEMANA coinciden con las víctimas que la Defensoría confirmó y registró en el informe, ya en poder de la Fiscalía; consideran que lo ocurrido allí son delitos como secuestro y no simples contravenciones en materia de salubridad.

“Se puede evidenciar que los hechos denunciados corresponden a los hallazgos de la visita interinstitucional a la Fundación de Jesús, con evidentes casos de tortura, maltrato, violencia y humillaciones a los niños, niñas, jóvenes y adultos, sobre todo a los menores de edad”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo.

Las entrevistas realizadas por SEMANA expresan el nivel de angustia de quienes pasaron por esta Fundación. Hablan de castigos que incluyen caminar descalzos sobre piedras calientes, atacar a sus propios compañeros en un ejercicio que bautizaron como ‘cara a cara’, raparlos de forma violenta y meterlos a una piscina plagada de hongos.

Una mujer de 40 años con problemas mentales denunció que “la golpearon, la metieron desnuda en la piscina cochina y le lanzaron baldes de agua fría”. Además, advirtió que por órdenes de los llamados “líderes”, encargados de cuidarlos, las otras pacientes tenían la orden de golpearla, amarrarla y encerrarla en una habitación, con apenas un colchón en el suelo.

Los denunciantes, ahora testigos en un proceso de la Fiscalía, cuentan cómo algunos intentaron escapar y, por medio de la “Operación Rescate”, no solo los volvían a reducir, sino que los dejaban en espacios de confinamiento “carcelario”, amarrados, sometidos, en ayuno y forzados a trabajar bajo el sol.

La rutina, que debería estar acompañada de trabajo psicosocial, incluye confinamientos desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente, en cuartos que comparten hasta 15 personas con un balde como baño. Quienes preferían aguantar y así evitar usar el balde debían esperar más de diez horas para entrar a un baño, con un cronómetro que les dejaba apenas 60 segundos para hacer sus necesidades y ducharse.

Los relatos resultan inverosímiles. “A las niñas que les dolían las muelas las llevaban al pueblo, al hospital, y se las mandaban a sacar. De una vez se las sacaban, así pasó con una señora y una niña, para no brindarles tratamiento”, dijo una víctima.

No hay cocineros ni aseadores, todo lo deben hacer quienes están para recibir, supuestamente, los tratamientos de rehabilitación y por los que sus familiares pagan entre 500.000 y 1.000.000 de pesos mensuales. La Fundación solo cuenta con los “líderes”, algunos exhabitantes del Bronx en Bogotá, según las víctimas.

Las llamadas y las visitas eran cada 15 días, vigiladas por los “líderes”, y, cuando alguien trataba de informar lo que estaba viviendo, de inmediato terminaba la visita o cortaban la llamada. El frustrado delator era recluido en los cuartos de castigo, cerrados con cadena y candado. A las familias les decían que todo, incluso el encierro, era parte del proceso. En la Fundación estaba prohibido “regresionar”.

Una de las víctimas, que aprovechó el descuido de la “líder”, arrancó un pedazo de hoja de un cuaderno para escribir una nota de rescate y se la entregó a una amiga que por obligación tuvo que ir a verla para firmar unos documentos. La nota escrita en ese trozo de papel era un mensaje para rogarles a sus padres que la sacaran de ese lugar.

Una madre confió su hija de 14 de años de edad a la Fundación y firmó una carpeta llena de autorizaciones en una reunión, en la que le mostraron un video y fotos de un espacio maravilloso. Ella aseguró que en la Fundación “trabajan tanto la mente de las personas” hasta convencerlos de que las agresiones y los malos tratos forman parte de un proceso de rehabilitación, sin asistencia médica, pero con mucha oración.

La denunciante dice que su hija, con problemas menores de consumo de marihuana, llegó a la Fundación con el propósito de “restaurar” su condición, pero, cuando salió, le contó la pesadilla que vivió. Una “líder” robusta y fuerte la obligaba a dormir en su habitación, la tocaba, y ella lo soportaba bajo la convicción de que era una revelación divina, pues, si la “líder” lo hacía, tenía la bendición de Dios.

Al rescatarla, inició un tratamiento psicológico con profesionales, pero las secuelas del abuso fueron tan grandes que escapó de su hogar culpando a su mamá por permitir el encierro: “Ahora deambula entre la calle o la casa de algunas amigas”.

En la sede de Villeta, según los denunciantes, la mayoría son mujeres, los hombres son llevados a Choachí. El denunciante recuerda que fue testigo de golpizas, lo drogaron con medicamentos psiquiátricos para trasladarlo de una sede a otra, le cortaron el pelo, le dieron comida en descomposición y presenció intentos de suicidio de sus compañeros.

Asegura que quienes lideraban el proceso de rehabilitación eran, a la vez, consumidores de bazuco en las instalaciones. Su problema de adicción a la marihuana pasó a segundo plano con las secuelas de los medicamentos psiquiátricos que le dieron para mantenerlo en un letargo indefinido.

SEMANA buscó al pastor Carlos Restrepo, representante legal de la Fundación de Jesús. Aunque el compromiso era una entrevista formal, finalmente entregó un comunicado. Según este, las acusaciones son falsas, ni la Defensoría ni las autoridades tienen pruebas. Asegura que las instalaciones no fueron cerradas por maltrato o violación de derechos.

Sin embargo, el alcalde de Villeta, Freddy Hernández, aclaró que el pasado 21 de enero, de manera interinstitucional, pudieron advertir incumplimientos y presuntos delitos cometidos en el interior de la Fundación.

No todas las personas que estuvieron recluidas contaron malas experiencias. Algunos de los padres consultados por SEMANA, la gran mayoría de creencias cristianas, aseguran que sus hijos, gracias a la Fundación, se alejaron de los malos pasos. Dicen que no los enviaron a un hotel cinco estrellas. Son conscientes de que no todos los días comían proteína, que dejarlos incomunicados era parte de los castigos y reconocen que en las visitas la orden era no entrar teléfonos, ni grabar nada de lo que pasaba.

En los casos denunciados, salir de la Fundación fue un proceso dramático para las familias. Enterados de los abusos, exigían en las puertas de las sedes la entrega de sus hijos. Los “líderes” se negaban y era necesario advertir que llamarían a la Policía para lograr el rescate de los pacientes.

Las familias y quienes ahora cuentan su pesadilla temen por su seguridad. Aseguran que los “líderes” les advirtieron sobre los peligros de denunciar, les recordaron, antes de salir, que saben dónde viven, dónde trabajan y quiénes son sus seres queridos. Cuando las víctimas trataron de advertirles a las autoridades, no les prestaron atención, solo hasta ahora, con la intervención de la Defensoría del Pueblo.

El defensor Carlos Camargo cuenta que acompañó a las víctimas para denunciar penalmente la situación y, después de las visitas y de oír sus testimonios, la Policía procedió a cerrar este establecimiento. “La Fiscalía ya asignó fiscal para el caso, han tomado ya siete declaraciones y tiene noticia criminal. La Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Villeta, el ICBF, la Policía departamental, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería, la Comisaría de Familia siguen de cerca la evolución de este caso de grave vulneración de derechos humanos”, agregó.

El proceso en el búnker podría abrir un capítulo tan escabroso como la más cruel película de Hollywood.