Descubren posible alianza de uniformados con el Clan del Golfo en Chocó

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un supuesto pacto criminal entre el Clan del Golfo y algunos integrantes de la fuerza pública en el departamento del Chocó. La misión de los herederos de alias Otoniel es arrebatarle el poder a la guerrilla del ELN y la población civil es la más afectada.

La hipótesis principal es que esta organización delincuencial habría incluido en su nómina mensual a dos infantes de la Armada y a un uniformado retirado de la misma institución, distinguido en el expediente con el alias de RR. Ellos habrían actuado como informantes y facilitadores de armamento.

Los dos primeros habrían recibido transferencias de hasta tres millones de pesos por datos que les permitiera a los cabecillas evadir las operaciones militares en la región o adquirirles pistolas, municiones y materiales de guerra. En ese punto del Pacífico, los golpes frecuentes son contra la minería ilegal y el narcotráfico.

Alias RR sería el más favorecido con la plata. Al parecer, cada mes, el grupo armado le desembolsaba diez millones de pesos por la credibilidad con la que ejercía sus tareas, pues en distintas oportunidades habrían recibido datos y detalles precisos de su parte que les permitieron huir de la persecución de la fuerza pública.

Los protagonistas de este entramado serían alias Luis, cabecilla financiero de la subestructura Jairo de Jesús Durando Restrepo; alias Chamber, supuesto cabecilla del ala de narcotráfico; alias Pájaro y Conejo, posibles articuladores de la subestructura Pacífico o Playas; además de los tres miembros de la Armada.

Ellos fueron capturados en allanamientos realizados en los municipios chocoanos de Juradó, Bahía Solano y Nuquí por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En medio de esas inspecciones judiciales realizadas por personal de la Armada y la Policía Nacional, los uniformados incautaron siete teléfonos celulares, 24 millones de pesos en efectivo, 64 dólares estadounidenses, un morral de campaña, dos cintelas militares, un proveedor calibre nueve milímetros, y un teléfono satelital.

Mientras avanzan las investigaciones en contra de los siete implicados, un juez avaló la petición de la Fiscalía General de la Nación para que los procesados estén privados de la libertad en un centro carcelario.